Como es su costumbre, el CEMLA ha publicado una excelente nota sobre la evolución de las remesas. (Gracias a Jesús Cervantes). Al respecto, hay dos datos sobresalientes: en el primer trimestre de este año, las remesas aumentaron 18.4%, en comparación con el mismo periodo de 2019; en marzo, específicamente, el alza fue un espectacular 35.8%. ¿Por qué? Por dos razones, dice la institución: el incentivo implícito en la depreciación del peso; y, el envío adelantado de recursos por parte de mexicanos en vías de retorno al País, temerosos del Covid-19. Las remesas provenientes de Texas, California y Arizona aumentaron; las de Nueva York y Nueva Jersey se estancaron; las de Illinois y Washington cayeron.
¿Qué sigue? Una caída pronunciada a partir de abril, dice CEMLA, conforme se acentúe la recesión en Estados Unidos, que superará con mucho, como ya lo sabemos, la ocurrida en 2008-2009. Este año, la reducción de las remesas será entre 16 y 19%. Cuando la reactivación se inicie, concluye la nota, los reabiertos puestos de trabajo los ocuparán primero los millones de desempleados nativos, no los migrantes.
En mi muy personal y ortodoxa opinión, la principal política "anticíclica" que necesita la economía de México, en el aciago episodio en curso, es la pronta liberación de la producción. Con el debido y posible cuidado de la salud de los involucrados, por supuesto. (De hecho, el calificativo "anticíclica" es inapropiado: las pandemias no tienen ciclo, que yo sepa). Creo que ya lo dije aquí alguna vez: una política fiscal y monetaria expansiva no es la solución.
La razón de lo anterior es obvia: el desplome del PIB y del empleo no ha sido el resultado del Covid-19, sino de la reacción extrema de los gobiernos ante la enfermedad. La pandemia es un problema de salud pública, y así debe tratarse. Sin embargo, la diversidad y la volatilidad de los números de los expertos --epidemiólogos y matemáticos-- ha resultado una base muy endeble para fincar en ella políticas públicas draconianas. Mientras tanto, el costo económico ha sido enorme. Si el cierre se prolonga, el daño consecuente necesitará de muchos años para repararse. Veamos un ejemplo hipotético.
Supongamos que, en México, durante este año, el PIB real se reduce un 8%, y que, de ahí en adelante, hasta el final del sexenio, crece a una tasa media anual del 2.5%. En 2024, el PIB estaría apenas 1% arriba de su nivel en 2018. (Para no ennegrecer los "cálculos", y el ánimo, omití los números correspondientes a la posible trayectoria del PIB por persona).
Un galardonado con el Premio Nobel de Economía (F.A. Hayek) escribió, hace muchos años, que el destino de los economistas es estudiar un campo donde, quizá más que en cualquier otro, escasea la sensatez. La frase es chocante, pero se aplica muy bien, por desgracia, a lo que está sucediendo en México. Veamos un caso menor --escogido así para no alarmar mucho al lector con asuntos mayores, como el hecho de extraer y refinar más petróleo... para perder (aún más) dinero--.
La Profeco, siempre atenta, ha anunciado, otra vez, que impondrá multas y todo tipo de penas a los comercios que eleven los precios de ciertos artículos, porque no están justificados por un aumento de sus costos. Es más, ha sugerido que los consumidores denuncien los "sobreprecios". Al parecer, la dependencia aludida ignora que los tres niveles de gobiernos han cerrado, por fuerza, la producción de numerosos bienes, equívocamente llamados "no esenciales". En el lenguaje "neoliberal" de los (buenos) economistas, lo hecho se conoce como una reducción de la oferta. En los mercados afectados por la medida, los resultados lógicos han sido bienes faltantes y... aumentos de precios. Así pues, la Profeco, un ente del Gobierno Federal, pretende castigar conductas "antisociales", inducidas precisamente por las propias autoridades.
Artículo publicado originalmente en Reforma.