Una más de las consecuencias de la pandemia ha sido la reaparición en distintos ámbitos de la propuesta de adoptar un Ingreso Básico Universal (IBU). La han voceado no sólo partidos políticos, sino también organizaciones no gubernamentales y algunos académicos distinguidos.
La idea no es reciente. Ha sido parte, durante muchos años, del grupo de medios de política pública cuyo propósito alegado es reducir la pobreza. Ha recibido diversos nombres a lo largo del tiempo, pero su parte central es la misma.
Por ejemplo, allá por los sesenta del siglo pasado, en un curso de finanzas públicas, conocí un mecanismo impositivo ingenioso, llamado un "impuesto negativo sobre el ingreso". Implicaba una transferencia de dinero fiscal a una persona pobre, hasta llegar a un mínimo considerado adecuado.
Aquí van algunas de sus características generales: 1) es una transferencia gubernamental en efectivo (o en un depósito bancario); 2) la reciben todos los adultos residentes legales del país (pero no los encarcelados); 3) no está sujeto a condiciones (estar trabajando o buscando empleo); y, 4) es permanente. Huelga decir que cada uno de esos aspectos necesita (muchas) precisiones. Según algunos autores, la intención sería reemplazar el grueso de las erogaciones "sociales" del Estado Benefactor (pero no el gasto, digamos, en educación elemental).
El tema es actual. Hace unos cuantos días, el Pew Research Center publicó el resultado de una encuesta, según la cual, el 54% de los estadounidenses se opone a un IBU de 1,000 dólares por mes para todos los ciudadanos adultos, aunque no trabajen. Como era de esperarse, los jóvenes, los Demócratas, los negros, los hispanos y los pobres favorecen la propuesta. Otra muestra de la polarización política en Estados Unidos.
Durante dos años (2017-2018), el gobierno de Finlandia realizó un experimento muy limitado, consistente en un IBU de 560 euros mensuales, entregado individualmente a un grupo de jóvenes y de desempleados crónicos. Reportó los hallazgos hace un par de meses, y han sido objeto de interpretaciones muy variadas. No parece haber tenido efectos de consideración sobre el empleo, aunque sí sobre el estado de ánimo de los receptores. El debate sigue.
En México, el PAN ha propuesto su versión de un IBU. Otros grupos políticos (el MC) han hecho propuestas similares, aludiendo a la emergencia económica. Sin embargo, por lo pronto, la actividad política y la atención pública están ocupadas (distraídas) en otros asuntos.
En mi opinión, la historia enseña que el mejor remedio de la pobreza es el crecimiento económico alto y sostenido.
En primera quincena de agosto, la inflación general llegó a una tasa anual de 4%, y la llamada subyacente a 3.9%. Aunque algunos analistas consideraron que ello significó una sorpresa, producto, otra vez, de movimientos inusuales de precios específicos, lo cierto es que el problema no es nuevo. Hace ya un buen rato que otros observadores --menos propensos a los juegos aritméticos de corto plazo-- destacaron la persistencia de la inflación subyacente en un alto nivel, como señal, si no de alarma, sí de una obligada cautela en materia de política monetaria.
Como apunte histórico, a lo largo de los meses de los tres lustros más recientes, la inflación ha estado por abajo del 3% únicamente en el 12% de los casos.
Para apreciar lo anterior, conviene recordar que la meta formal de Banxico para la inflación es un 3% anual, que se acompaña de un "intervalo de variación" de un punto porcentual arriba y debajo de la meta. Esto último --ilustrado en la gráfica con las líneas punteadas-- para reconocer que hay desviaciones que son inevitables. Una manera de interpretar lo descrito es la siguiente: la meta es que la inflación se sitúe alrededor del 3% la mayor parte del tiempo.
Publicado originalmente en Reforma.