Reforma judicial

El gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador planea modificar el sistema judicial y desaparecer diversas instituciones autónomas del gobierno federal. La propuesta de ley planea que los magistrados y jueces sean electos por el pueblo lo que generaría incertidumbre sobre su objetividad e integridad profesional.

A raíz de ello, varios bancos de inversión y calificadores internacionales han sugerido reducir la exposición de inversión en México y pronostican una posible reducción de la calificación crediticia de aprobarse dicha ley. Lo anterior sería la gota que derrame el vaso de un sexenio de pésimas acciones en materia económica.

Estas acciones están sucediendo en un contexto donde el país debiese estar aprovechando al máximo la coyuntura del nearshoring, es decir, la relocalización de empresas asiáticas en México ante el conflicto comercial entre EUA y China. Pareciera que el gobierno federal quiere evitar a como dé lugar la atracción de inversión al país.

Primero, por un sector energético que no tiene la inversión suficiente para satisfacer la demanda de electricidad en el futuro. En este sexenio se evidenció una fuerte disminución en la inversión en este sector. El problema se podría resolver fácilmente permitiendo la generación de energía del sector privado, pero tristemente el gobierno federal lo limita.

Asimismo, la falta de agua también está preocupando a las empresas que piensan instalarse en el país. La fuerte sequía este año ya provocó una fuerte alza en los precios de las frutas y verduras ante la falta de agua en su producción.

Aunado a ello, muchas empresas están batallando en conseguir mano de obra calificada para satisfacer las vacantes que sus negocios.

La automatización de los procesos productivos implica que se requiere más mano de obra calificada que anteriormente. Desafortunadamente, la calidad del sector educativo nacional sigue en declive, evidenciado por la prueba PISA, y cada generación se pierden competencias importantes.

Pero no solamente quieren controlar el poder judicial con esta nueva ley sino que planean desaparecer siete organismo autónomos: Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Así, esta jugada de ajedrez sería el jaque mate a la inversión destruyendo cualquier expectativa positiva de los beneficios futuros del nearshoring.
 

El autor es profesor de Economía y Finanzas en EGADE Business School.

Artículo publicado originalmente en El Financiero.