Misiones y visiones en política industrial

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó hace poco un estudio con un título provocativo: "Transformational Change in Latin America and the Caribbean. A Mission-Oriented Report". La autora del estudio es Mariana Mazzucato (MM).

MM es una economista famosa, cuyas tesis e investigaciones sobre la innovación le han valido varios premios. Uno de sus planteamientos es que la acción del Estado ha sido, y puede ser, un factor clave en el desarrollo tecnológico –un proceso increíblemente exitoso que, por lo común, se atribuye a los agentes económicos privados—. Ese argumento ha resultado atractivo para los gobiernos, en una época caracterizada por la crítica del "modelo neoliberal".

Con tal antecedente, resulta que el reporte cepalino aludido consiste en una agenda de políticas públicas para el diseño y la ejecución de una "política industrial". El último párrafo del Resumen Ejecutivo del informe dice: "Este reporte ofrece un vocabulario nuevo y un marco de referencia para los policymakers en América Latina, así como las políticas, los instrumentos y las instituciones para apoyarlos. Trae un sentido de urgencia y de propósito a los gobiernos de la región, que ha estado ausente y que se necesita ahora".

Lenguaje y substancia

Ciertamente, el vocabulario ofrecido incluye algunas novedades (cuando menos para mí). Por ejemplo, "un enfoque orientado por la misión"; "laboratorios públicos de innovación"; etc.

Sin embargo, en lo referente a los objetivos y a los instrumentos, no encuentro muchas diferencias con lo conocido y probado. En lo que toca a los propósitos, se trata de aumentar la inversión y la productividad para acelerar el crecimiento económico sostenible, elevar los salarios y ampliar el acceso a los servicios de salud, mientras se combate el cambio climático, etc. Nada nuevo. ¿Quién puede estar en desacuerdo?

Los instrumentos mencionados por MM son estándar: compras gubernamentales; inversiones mixtas; condicionalidad de apoyos; rediseño de empresas públicas y de bancos de fomento; etc. En lo que atañe a la condicionalidad, MM aclara que no se pretende llegar al "micromanejo" de los negocios particulares, sino de asegurarse que los convenios de apoyo combinen la misión pública con el propósito privado, trabajando juntos de forma simbiótica, proveyendo una oportunidad para repensar "el contrato social". (Las negritas son mías). Los conceptos generales contenidos en la parrafada anterior –que copié casi a letra— son muy elocuentes, pero retan a cualquiera que pretenda darles significado específico.

Digresión contractual

Sin profundizar en la cuestión, ¿qué es exactamente un contrato social?; ¿quiénes son las partes contratantes?; ¿quiénes definen el objeto del contrato?; ¿quién asume la responsabilidad de llevarlo a la práctica?; ¿a quién se rinde cuenta de los resultados?; etc. Los mejores pensadores sociales (Hobbes, Locke, Rosseau, Rawls) han tratado el tema a lo largo de la historia, sin que se haya construido un consenso. En lo formal, una constitución es el contrato social por excelencia; en lo cotidiano, es el conjunto de normas de conducta que son de aceptación general.

El núcleo: más Estado

Para llevar a cabo lo que propone, dice MM, "críticamente, el Estado necesitará más espacio fiscal" (más gasto y más impuestos), pero acotado por "una mayor participación ciudadana y una evaluación dinámica (de manera tal) que los gobiernos rindan cuentas". En resumen: un Estado más grande, con pretensiones dirigistas en lo económico. Esto último supone, con valentía, que la visión económica del gobierno es lúcida y acertada.

Tema añoso

El tema de la "política industrial" no es nuevo. Al discutirlo en el pasado, según recuerdo, la conclusión crítica era como sigue: tratar de identificar y promover sectores amplios de la economía, ya no digamos ramas específicas, era muy complicado como problema práctico, y tendía a una rigidez burocrática politizada. En lugar de ello, para propulsar el crecimiento, las medidas adecuadas incluían un gasto público masivo en la educación elemental y secundaria; la construcción de una eficiente infraestructura física; una actitud favorable a la transferencia internacional y a la adaptación nacional de la tecnología; y, sobre todo, la creación de un clima propicio para la inversión ("reglas del juego" conocidas y respetadas). Esos eran –y todavía son— los ingredientes básicos de una verdadera "política industrial".

El autor es profesor de Economía de EGADE Business School.

Artículo publicado originalmente en Reforma.