El G7 es un grupo informal de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Japón. Sus respectivos ministros de finanzas recién acordaron establecer un "impuesto mínimo global" (?) de 15% sobre las utilidades de las empresas multinacionales. Uno de ellos, fascinado con una palabra ambigua, dijo al respecto que es crucial "asegurarse que sea justo (right), de manera que las compañías correctas (right) paguen el impuesto justo (right) en los lugares correctos (right)".
El impuesto en cuestión es idea de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, urgida de recursos tributarios para financiar el desproporcionado proyecto de gasto público de la administración Biden.
Los blancos potenciales de la propuesta son las grandes compañías como Amazon, Microsoft, Google, etc., las cuales han reducido su carga impositiva localizando operaciones en economías como la irlandesa, donde el gravamen sobre las utilidades es 12.5%.
Lo señalado es un ejemplo de lo que los preocupados ministros llaman una "carrera hacia el fondo", esto es, una migración de contribuyentes hacia sedes de tasas impositivas relativamente bajas, induciendo que otros países sigan su ejemplo. El fenómeno abarca también al marco regulatorio. Y se observa no sólo entre naciones. Se trata de una decisión perfectamente legal, que los recaudadores "afectados", califican con una palabra de sesgo negativo: "elusión" (y los ignorantes, de "evasión").
Janet Yellen celebró el acuerdo, diciendo que los beneficiarios serán las clases medias y los trabajadores de Estados Unidos. Tal sería el caso si la reforma fuera acompañada de reducciones efectivas de impuestos para dichos segmentos de la población. El problema con ello es que el gravamen sobre las utilidades tiende a trasladarse en parte hacia los consumidores y en parte hacia los trabajadores. Así pues, el resultado final (la incidencia) no está claro.
No sobra notar que el sistema impositivo de Estados Unidos descansa más en impuestos directos sobre los ingresos de las empresas y de las personas físicas que sobre las ventas en general, si se compara con el promedio de los miembros de la OECD. El "gran ausente" en su estructura tributaria es el impuesto al valor agregado.
Dicho sea de paso, la iniciativa avala la proverbial caracterización política del Partido Demócrata, según la cual, su programa fiscal se resume en una frase: tax and spend.
Cuando la administración encabezada por el presidente Biden presentó su propuesta de presupuesto para 2022, incluyó como parte del documento un cuadro que especifica la trayectoria reciente del PIB real (2019 y 2020), y una estimación de su curso futuro que abarca la siguiente década.
Lo más relevante de los números en cuestión es lo siguiente: 1) se calcula que el PIB real aumentará un poco más de 5% este año, y algo más de 4% en 2022; ello, en concordancia con el "rebote" posterior a la pandemia y con el efecto impulsor del mega gasto público ya aprobado; y, 2) una desaceleración subsecuente y duradera, caracterizada por una tasa de crecimiento inferior, en general, al 2% anual. Esto último, viniendo de la propia Casa Blanca, es de particular importancia, porque implica el reconocimiento de que el plan de Biden servirá como instrumento contra-cíclico, pero nada más.
Implica también que la influencia positiva de la economía estadounidense sobre la economía mexicana será corta y moderada. La aceleración del desarrollo será de origen interno. O no será.
Publicado originalmente en Reforma.