No creo distorsionar los hechos si digo que, entre los estudiosos de la economía mexicana, hay un consenso que incluye al menos dos ideas centrales: 1.- Durante décadas, el crecimiento económico ha sido "mediocre" y, recientemente, se ha transformado en estancamiento (en términos del PIB real por habitante); 2.- Para elevar y sostener su ritmo, para mejorar la distribución del ingreso, es imprescindible aumentar la inversión y elevar la tecnología aplicable a la producción. El incremento de la inversión debe abarcar no sólo el capital físico, sino también el humano, tanto en el sector privado como en el público. He escrito al respecto muchas veces, pero no sobra la reiteración.
En el caso de la inversión privada, la condición sine qua non de su crecimiento es la existencia de un "ambiente propicio" la innovación, al ahorro y a la asunción de riesgos. Por supuesto, esto es crucial para la inversión nacional, cuyo monto es mucho más importante que la extranjera (incluida la imaginaria atribuida al nearshoring).
Al respecto, hay quienes opinan que la poco estudiada pero muy apresurada reforma del sistema judicial fortalecerá la administración de la justicia, erradicará la corrupción y reducirá la incertidumbre. Esos son, por lo común, políticos. En contraste, hay quienes afirman exactamente lo opuesto. Dado que estos últimos son, en su mayoría, parte del sector productivo, es dable pensar que la medida, lejos de contribuir a la vigorización de la inversión de los particulares, la desalentará.
Como apunté la semana pasada, la formación de capital en el sector público ha sido un componente de la inversión total que ha perdido importancia relativa a lo largo del tiempo. Además, su estructura ha sido claramente inapropiada, para decirlo con suavidad. Creo que nadie cuestiona que es indispensable invertir, con eficiencia en infraestructura, en educación y en salud. Sin duda, hace falta en el ámbito de la provisión de servicios básicos -como el abasto de agua potable-, pero, también sin duda, sobra en obras de cuestionable productividad -como el Tren Maya-.
El bajo nivel relativo de la inversión pública ha servido de base para proponer un aumento de la carga impositiva. Me permito diferir: si la composición del gasto es ineficiente, como se acepta en general, se sigue lógicamente que es necesario, primero que todo, erradicar la incompetencia en su ejercicio (por no hablar de la sempiterna corrupción). Luego, se podría discutir el gravar más a la población.
Un ejemplo: entre 2012 y 2016, los ingresos tributarios no petroleros crecieron en cinco puntos porcentuales de PIB (de 8% a 13%); en el mismo lapso, el gasto público destinado a la inversión física cayó (de 4.1%a 3.5%), siguió descendiendo años más tarde (hasta llegar 2.2% en 2019). Las cifras son de la SHCP.
Para fundamentar el argumento de la insuficiencia de la inversión pública en MéxiCO, algunos comentaristas utilizan una comparación con los datos de ciertos países avanzados. A mi juicio, ese ejercicio numérico es interesante, pero no tiene de por sí valor normativo. La razón es muy sencilla: México no es Dinamarca.
En términos del tamaño relativo de su gasto, los gobiernos de México y Chile son muy parecidos. Sin embargo, como proporción del PIB, la inversión pública en Chile ha sido superior a la de México a lo largo de la década más reciente. El problema es de estructura.
Hay analistas y periodistas que, durante años, fueron entusiastas aplaudidores de la política económica de la 4T.
Ahora, de súbito, se han tornado en críticos severos, incluso alarmados. Al mismo tiempo, han descubierto a regañadientes, frente a los graves problemas que les preocupan, tres factores clave de fortaleza: 1.- EI T-MEC (antes TLCAN); 2. La autonomía de Banxico; y, 3.- La flotación del peso en el mercado de divisas. Qué bueno que así es. Lo irónico del caso es que los tres elementos mencionados son "las joyas de la corona" de la agenda económica "neoliberal".
El autor es profesor de Economía de EGADE Business School.
Artículo publicado originalmente en Reforma.