La estrategia del sector eléctrico

En su conferencia del 26 de octubre de 2020, el presidente de México comentó que uno de sus mandatos es proteger a las empresas del estado, a lo que yo agregaría: siempre que no atente contra el bienestar de la sociedad, desde una perspectiva económica, social y medioambiental. Creo, más bien, que uno de los mandatos del presidente es propiciar -sino es que garantizar- el bienestar del pueblo de México, aunque esto implique que no deba proteger a las empresas del estado.

En la actualidad, Pemex tiene una deuda de más de 105 mil millones de dólares. Por lo anterior, y ante la falta de un plan de negocios que vuelva eficiente la operación de esta empresa del estado, Fitch Ratings recortó, en abril de este año, la calificación de Pemex de BB a BB- debido a su flexibilidad limitada para manejar la recesión en la industria del petróleo y el gas, dada su elevada carga impositiva, el alto apalancamiento, el aumento de los costos de producción por barril y las altas necesidades de inversión para mantener la producción y reponer las reservas, de acuerdo con las razones expuestas por la calificadora.

Esto podría ocasionar que inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, afores y aseguradoras, nacionales e internacionales, se vean obligados a vender los bonos de Pemex, lo que ejercería una mayor presión sobre el tipo de cambio y, eventualmente, detonar problemas inflacionarios. En otra columna daré mis comentarios en relación con la política energética del sector de hidrocarburos. En ésta me enfocaré en el sector eléctrico.

El presidente afirma que uno de sus mandatos es proteger a las empresas del estado, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a pesar de su ineficiencia operativa. Recordemos que en mayo del año en curso la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación la política de confiabilidad, seguridad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional en la que se privilegia la generación de electricidad a partir de las tecnologías preponderantes en la CFE, dejando de lado la generación a partir de fuentes renovables, principalmente detonada por empresas privadas, con lo que se evidencia uno de los mecanismos de protección del presidente a una de las empresas del estado, en este caso a la CFE. 

El argumento de la Sener para excluir a las energías renovables de la matriz de generación hace alusión a la intermitencia, así como a la falta de confiabilidad y calidad de la energía generada a partir de estas fuentes. Ante esta intención, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) interpuso el recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la política de la Sener, en virtud de que atenta contra los principios fundamentales de la competencia y libre concurrencia establecidos en la constitución mexicana. 

La SCJN falló en contra de la política energética de la Sener ante lo que el presidente ha manifestado su intención de reformar la constitución para dar cabida a su política energética en la que, entre otras cosas, privilegiaría la generación de electricidad a partir del carbón. 

Cabe mencionar que, a finales de marzo de este año, la calificadora Standard & Poor's degradó la calificación crediticia de CFE, de BBB+ a BBB, como consecuencia del riesgo del cambio en la política energética del país que, desde entonces, se encaminaba a reducir la participación privada en el sector, y de otros eventos que disminuyeron la confianza de los inversionistas en esta empresa del estado.

Lo razonable es que exista una matriz de generación eléctrica, óptimamente diseñada de acuerdo con una estrategia, en la que todas las fuentes de generación tengan cabida, siempre que se consideren algunas premisas fundamentales, entre las que se encuentran los costos de generación, la disminución de emisión de contaminantes, la potencia que se proveería, así como la eficiencia energética.

Recordemos que en la última subasta el precio por MWh fue de 19.9 USD, de acuerdo con CENACE, uno de los precios más competitivos a nivel mundial, y 70% más barato que el costo de generación de CFE. Además de lo competitivo de este precio, es importante hacer alusión a la inversión que esto representó en proyectos de generación, además de que la mayor parte de la energía eléctrica será generada a partir de fuentes renovables. Esto es relevante ya que muestra un camino para disminuir los costos de los energéticos y contribuir con el desarrollo económico, social y medio ambiental que México requiere. 

En relación con el desarrollo y crecimiento económico tengo evidencia estadística que respalda el hecho de que, al incrementar el porcentaje de generación a partir de fuentes renovables, se incrementa el crecimiento económico, medido a través del PIB. Al incrementar la generación a partir de fuentes renovables se crea un camino para proporcionar a los habitantes del país energía más barata, lo que detona bienestar social. 

Por otro lado, si las empresas mexicanas acceden a energía eléctrica más barata se detonaría mayor competitividad que se podría traducir en el desarrollo de más proyectos productivos que generarían más empleos y, como consecuencia, mayor bienestar social.

Por otro lado, es claro que la generación de electricidad a partir de fuentes renovables contribuye con la disminución de emisión de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2. Sobre este punto, cabe mencionar que en México más del 60% de la emisión de CO2 proviene de la generación de energía eléctrica y del transporte público y privado. Esto es relevante dado que la emisión excesiva de bióxido de carbono es una de las principales causas del cambio climático. 

Sobre este último punto, es importante recordar que en el Acuerdo de París nuestro país se comprometió a que el 35% de la generación de energía eléctrica provendrá de fuentes limpias, en el año 2024, y el 43% en el año 2030, como una formar de contribuir con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir así en la mitigación del cambio climático.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar las implicaciones que tendrá el hecho de cancelar contratos relacionados con proyectos de generación a partir de fuentes renovables. Entre las consecuencias inminentes veo las siguientes: 1) litigios muy costos en cortes internacionales; 2) eliminación de fuentes, directas e indirectas, de empleo; y 3) la pérdida de credibilidad en nuestro país como destino de inversión, una vez más.

Entonces, antes de eliminar de la matriz de generación de electricidad a las energías renovables, es necesario diseñar una estrategia energética que permita a este gobierno, o a cualquier otro, cumplir con sus compromisos medioambientales, de desarrollo económico y de bienestar social.

Artículo originalmente publicado en El Financiero.