La semana pasada comenté que la llamada Declaración de Berlín (DB) listo nueve cosas que (sic) "necesitamos hacer" para (nada menos) que reformar el sistema económico mundial. Me ocupé entonces de dos de ellas; como anticipé, aquí van mis apuntes sobre otras dos.
1.- Como era de esperarse, DB planteó gravar "apropiadamente" los altos ingresos y la riqueza para reducir las desigualdades. Digo "como era de esperarse"
porque entre sus firmantes está Thomas Piketty, famoso autor de El Capital en el Siglo XXI y obstinado proponente de más impuestos. Muchos países han establecido impuestos muy "progresivos" sobre el ingreso y la riqueza, con resultados diversos. Un reporte de la OCDE que data de 2018 concluyó, con tersura, que un tributo sobre la riqueza neta es cuestionable porque se impone sin relación con el rendimiento efectivo que tienen los activos del contribuyente. Además, en un marco de movilidad de recursos entre fronteras, tasas de tributación consideradas excesivas inducen la fuga de capitales y la relocalización de empresas y de personas. Un estudio más reciente (2021), también de la OCDE, dice lo siguiente: "Los impuestos sobre la riqueza no son nuevos... y una de las objeciones más comunes a su introducción es que parecen haber fallado en los países que los han probado, y que la mayoría de ellos los ha abandonado en las décadas recientes". En la práctica, donde todavía se aplican, su recaudación es baja y, entonces, presumiblemente, su impacto sobre la distribución del ingreso no es significativo.
De paso, en México, están de moda dos preocupaciones sobre las finanzas públicas. Una enfatiza la necesidad de una "consolidación fiscal", lo
que en español quiere decir un aumento de impuestos. El razonamiento que al parecer sustenta esta idea no luce robusto: se reconoce que el gobierno gastó en exceso.. y ahí se finca la noción de que ahora precisa de más recursos. Sin embargo, a mi entender, lo lógico, lo correcto, sería proponer primero una reducción del exceso en cuestión, no un aumento de la carga tributaria.
La otra preocupación consiste en aspirar alcanzar lo que se llama "la justicia fiscal" Otra vez, de hecho, esa pretensión se traduce por lo común en una recomendación para elevar la carga impositiva, pero sólo a "los de arriba".
Yo creo que "la justicia social" significa, en lo fundamental, usar con probidad y con eficiencia los recursos que toma del bolsillo de los contribuyentes. Después de todo, los impuestos reducen el consumo y la inversión de los particulares, lo justo entonces es que el Estado compense dicha pérdida con una provisión eficaz de bienes y servicios públicos. No exagero si digo que se trata de un imperativo moral. Además, está claro que el gobierno "vive" más allá de sus medios y que es necesaria una reevaluación estructural de qué hace y cómo lo hace.
2.-La recomendación final del DB consiste en "reducir el poder de mercado" en los sectores donde exista alta concentración. Esto es muy razonable y lo firmaría cualquier economista "neoliberal" -dependiendo, por supuesto, de la forma en que se decidiera acotar el poder en cuestión-. Si dicho poder se sustituyera por el poder del Estado, el problema se politizaría en lugar de solucionarse. Esto último es palpable, por así decirlo, en los casos de las empresas estatales monopólicas.
En suma, reitero mi opinión: DB es un ejemplo más de un apresurado blueprint de reformas económicas, elaborado por académicos seguramente bien intencionados, pero con pretensiones de ingenieros sociales.
El autor es profesor de Economía en EGADE Business School.
Artículo publicado originalmente en Reforma.