La pandemia (y sus derivaciones) motivó a muchos gobiernos a gastar en forma extraordinaria, endeudándose masivamente para financiar las erogaciones. En varios países desarrollados, el total de la deuda excede ahora al PIB, y se aproxima a los máximos registrados en la posguerra.
Aun así, hay economistas que sugieren la conveniencia de aumentar más la deuda pública, aprovechando las bajas tasas de interés. Esta es una noción sospechosa, considerando que las tasas en cuestión han sido reducidas artificialmente por la intervención de los bancos centrales, que son parte del Estado. En otras palabras, el banco central le pone un precio tope oficial al crédito, en beneficio del principal deudor en la economía. De paso, hay que señalar que las tasas de interés anormales han causado enormes distorsiones en los mercados financieros, y han significado la expropiación masiva del ahorro.
En el caso de Estados Unidos, el gobierno se endeuda en su propia moneda, y sus pasivos tienen un mercado mundial creciente y profundo. Esto le da un margen de maniobra muy amplio. La situación de un país en desarrollo es radicalmente distinta: parte de su deuda se denomina por lo común en moneda extranjera, y sus acreedores vigilan con celo su capacidad para cumplir las obligaciones financieras.
Fuere como haya sido en otras latitudes, lo cierto es que el gobierno mexicano no cambió su postura fiscal "austera" frente a los efectos del Covid-19. Ello ha provocado la dura crítica de algunos analistas, pero ha recibido, en contraste, el beneplácito de las agencias calificadoras. Los participantes en los mercados financieros han visto en ello un signo de cautela presupuestal, que se ha reflejado en parte en el tipo de cambio.
Como quiera, a lo largo de los pasados tres lustros --contra lo que creen algunos distraídos-- el gobierno no ha sido tímido en cuanto a su endeudamiento, como se puede constatar en la Gráfica 1. En dicho lapso, el cociente deuda pública/PIB aumentó 20 puntos porcentuales.
El problema más grave de la economía mexicana es la existencia de un grupo importante de la población que vive en condiciones persistentes de pobreza. Es cierto que su incidencia ha disminuido en forma significativa a lo largo de las décadas más recientes (Banco Mundial). Pero es verdad también que la pobreza aumentó seguramente como consecuencia de los efectos de la pandemia (CEPAL).
Dicho lo anterior, conviene precisar que ningún analista serio, que yo sepa, ha planteado que la inflación constituya "el" problema económico principal de México. Otra cosa, muy distinta, es argumentar que la inflación es "un" problema que merece atención. Las razones al respecto son conocidas de sobra: la inflación reduce la eficiencia de la actividad económica, y es una forma de impuesto regresivo. En una economía plagada de suyo por la ineficiencia, y caracterizada por la desigualdad en la distribución del ingreso, el alza generalizada y recurrente de los precios es un factor que empeora una combinación deplorable.
En este punto, un poco de cifras puede ser ilustrativo. Partiendo de 2002, y suponiendo que la inflación será 6% en 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se multiplicará por un factor de 2.17 en el periodo considerado (véase la línea roja en la Gráfica 2). Esto es, el peso habrá perdido 54 centavos de su poder adquisitivo. La línea negra muestra el curso hipotético del INPC, calculado con la meta oficial de Banxico (3% anual). Así pues, aunque en comparación con lo ocurrido en épocas lamentables la inflación reciente ha sido moderada, el fenómeno no está controlado del todo.
La estabilidad, dijo alguna vez el desdorado Alan Greenspan, es una situación donde la inflación no influye en las decisiones económicas. Me parece una de las pocas frases recordables del defenestrado Maestro.
El autor es profesor de Economía en EGADE, Business School.
Artículo publicado originalmente en Reforma.