Corrupción, economía e instituciones

Como se sabe, Transparencia Internacional (TI) publica un "índice de percepción de la corrupción" que elabora la propia institución. En su edición más reciente, publicada hace un par de meses, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia ocupan los primeros lugares en "limpieza", en una lista de 180 países. México se ubica en una posición no muy halagüeña: 124. Siria, Sudán del Sur y Somalia se sitúan en lo más hondo del inventario. Venezuela está a cinco lugares del fondo.

Ninguna nación se escapa del problema, pero las diferencias de grado entre ellas son tan amplias que en la realidad son de clase. La corrupción existe en muchos ámbitos, pero recibe especial atención en la esfera de lo económico. Típicamente se trata de un acto ilegal que resulta en el uso de recursos públicos para beneficio privado. Desde luego, la corrupción ocurre también entre particulares, pero es más significativa en el gobierno, por la sencilla razón de que constituye un problema político, por definición.

La corrupción es un tema que recibe una extraordinaria atención en los medios de comunicación, respondiendo al interés (a la exigencia) del público. Los académicos estudian el fenómeno en cuestión desde muchos puntos de vista, con resultados no sólo interesantes, sino también relevantes --como veremos más adelante--.

Los males atribuidos a la corrupción son muy graves: 1) redistribuye el ingreso en forma regresiva; 2) desacredita a las instituciones; 3) constituye un irritante social; 4) entorpece o, de plano, destruye la competencia, en perjuicio de la eficiencia; y, en suma, 5) representa un obstáculo al crecimiento económico alto, sostenido e incluyente.

¿Qué dicen los economistas al respecto? Si no me equivoco fue Anne Krueger, una prestigiada economista estadounidense, quien acuñó el concepto de "búsqueda de rentas" para explicar el comportamiento peculiar de ciertos participantes en la economía. Un ejemplo puede ser útil para ilustrar el significado de dicha frase y su relación con la corrupción.

Una restricción a la importación de un producto, sea por medio de un impuesto (un arancel) o de un permiso oficial, aumenta el precio del bien en el mercado interno, en comparación con el precio vigente en el mercado mundial. Esto crea para un productor nacional la posibilidad de un ingreso más alto que el que obtendría en condiciones de competencia. Ese ingreso anormal se denomina "renta". Así pues, la medida crea un estímulo para que el beneficiado busque la imposición y la permanencia de la restricción, "persuadiendo" de alguna manera al burócrata encargado de su aplicación.

La lección que se deriva de lo anterior es muy simple y muy poderosa: la reducción de la corrupción depende, en buena medida, del establecimiento de "reglas del juego" que minimicen los alicientes para su existencia. Específicamente: 1) entre más amplio, más discrecional y más complejo sea el marco regulatorio, más alta es la probabilidad de que las actividades reguladas se corrompan; 2) entre menos competitivo sea el medio en que se desarrollan las operaciones económicas, más propicio será para la corrupción; el caso extremo de tal situación es un monopolio estatal; y, 3) las exhortaciones moralizantes quizá no sobran, pero son poco efectivas si las instituciones siguen generando incentivos perversos --esto es, que inducen conductas antisociales--.

Por cierto, la evidencia sugiere que, en la realidad, las economías más libres son menos corruptas. (V.H. Storr y G.S. Choi, Do Markets Corrupt our Morals?, pp. 170-72).

Cierto economista agudo dice con razón que el punto clave de la ciencia económica es sencillo: la gente reacciona a los incentivos, y lo demás es comentario.

Publicado originalmente en Reforma.