En defensa de Milton Friedman

Esta semana se cumplen 50 años de la publicación en The New York Times del célebre artículo de Milton Friedman, "La responsabilidad social de las empresas consiste en elevar sus beneficios".  Los defensores de la sostenibilidad aborrecen este artículo, sin embargo, nosotros planteamos que justamente puede resultar una guía muy actual para la sostenibilidad corporativa.

1. Basándose en la teoría de que los directivos son los "agentes" de los propietarios de las empresas, Friedman sostiene que la decisión de emprender iniciativas socialmente responsables a expensas de los beneficios es exclusiva de los dueños de la empresa, no de sus directivos.
2. Sostiene que lo que hoy en día llamamos “iniciativas de valor compartido" son competencia plena de los directivos. Sólo si los directivos comercializan iniciativas "socialmente responsables" en detrimento de los beneficios, deben buscar la aprobación de los propietarios.
3. Se pregunta por qué a los ejecutivos de las empresas, seleccionados por su capacidad para escalar en el mundo corporativo, se les debe confiar la interpretación del "bien social". Las decisiones sobre el bien social pertenecen a la política, no a los negocios.

Las palabras de Friedman suenan anticuadas hoy en día. Habla de "propósito de beneficencia", más que de inversión de impacto, de “inversiones en la comunidad” más que de valor compartido, de “inflación, controles de precios y salarios e impuestos”, más que de cambio climático y desigualdad. Sin embargo, su lógica subyacente sigue siendo válida:

1. La "responsabilidad social" (o la sostenibilidad) es ante todo una responsabilidad del gobierno corporativo, no una función directiva. Los consejos de administración de las empresas, como representantes de los propietarios, tienen el derecho y la responsabilidad de decidir si desean obtener un valor empresarial y social a largo plazo (como hizo el consejo de administración de Unilever cuando contrató a Paul Polman) o beneficios a corto plazo (como hizo 3G Capital cuando, actuando a través de Kraft Heinz, intentó una adquisición hostil de Unilever para extraer beneficios a corto plazo de las inversiones a largo plazo de Polman). Un excelente caso de estudio de Harvard Business School, Battle for the Soul of Capitalism: Unilever and the Kraft Heinz Takeover Bid, describe cómo Polman fue capaz de resistir la Opción Pública de Adquisición (OPA) hostil de Kraft Heinz porque tenía el respaldo de la junta de Unilever.
   
   Los 181 directores ejecutivos que firmaron la declaración “Business Roundtable Statement on the Purpose of the Corporation” (BRT) lo hicieron en calidad de chief executive officers (CEO). Como ha señalado Joel Makower, presidente de GreenBiz, mientras el desempeño de los CEO esté motivado y se mida en función del valor que generan para los accionistas a corto plazo, sus pronunciamientos en favor de los stakeholders (o grupos de interés) suenan vacíos, en el mejor de los casos. Una declaración similar firmada por los presidentes de los consejos y vinculada a la remuneración de los altos directivos habría tenido mucho más peso.
   
   Pero hay signos alentadores de un cambio fundamental y estructural. En 2012, la profesora Lynn Stout argumentó de manera convincente que los consejos de administración de las empresas pueden (y deben) centrarse en los intereses de los stakeholders. Hoy en día, con la importante excepción de comunidades minoritarias y económicamente desfavorecidas, los stakeholders son shareholders (accionistas). Todos somos “propietarios universales” a través de fondos de inversión gestionados de forma cada vez más pasiva. Nos importa menos saber cómo se desempeña una empresa en concreto que saber si nuestros planes de pensiones cubrirán nuestras jubilaciones en una economía pujante, dinámica y sostenible. Por esta razón, grupos inversores como Blackrock consideran el desempeño en materia de sostenibilidad de las empresas en las que invierten. La tesis de Friedman sigue siendo válida: la sostenibilidad es responsabilidad del gobierno corporativo, el cual representa a los accionistas/grupos de interés a nivel de la junta directiva. Sólo los propietarios son distintos.
   
   Esta situación difiere en cierto grado para las grandes empresas mexicanas, gran parte de las cuales son propiedad de individuos o familias. No obstante, los intereses de las grandes familias propietarias están estrechamente vinculados con el bienestar de la economía mexicana (y la reputación de las familias), así como con la rentabilidad de las empresas que poseen. Al igual que los fondos de “propiedad universal”, también deben centrarse en cuestiones de sostenibilidad.
    
2. El valor compartido y/o la participación de los stakeholders son útiles pero insuficientes. A pesar de los cambios en los mercados de capital, el cortoplacismo sigue vivito y coleando. Las empresas comprometidas ponen en marcha programas ejemplares que involucran a sus cadenas de valor y a sus clientes en la creación de un mundo más sostenible. Pero no son suficientes. Porter y Kramer publicaron su artículo “Creating Shared Value” en 2011. Ese mismo año tres distinguidos profesores de Harvard Business School publicaron Capitalism at Risk. En un artículo complementario en Harvard Business Review, afirmaban que “si el capitalismo continúa operando como lo ha hecho en los últimos 25 años (sin tener en cuenta la sostenibilidad, así como otros “disruptores”) durante los próximos 25 años, nos espera un trayecto violento o, peor aún, una grave ruptura del propio sistema”.
   
   Este año los mismos tres autores publicaron una edición actualizada de Capitalism at Risk, señalando que ha habido poca mejora en los “disruptores” del sistema capitalista que identificaron hace nueve años. Esto es así a pesar de que hoy en día se presta mucha más atención que hace nueve años a la sostenibilidad de las empresas. Un reciente informe de los miembros del Programa de Gobierno Corporativo en la Facultad de Derecho de Harvard afirma que “los líderes corporativos han usado su poder de negociación para obtener ganancias para los accionistas, ejecutivos y directores. Sin embargo, a pesar de los riesgos que las adquisiciones de capital privado planten a los stakeholders, estos líderes hicieron muy poco uso de su poder para protegerlos”.
   
   La raíz del problema es la existencia de “free riders”, empresas que capitalizan los compromisos con la sostenibilidad de sus competidores. En ausencia de reglas de juego bien aplicadas, las empresas que se preocupan por la sostenibilidad se llevarán la peor parte: los “free riders” se beneficiarán de sus acciones para solucionar los problemas de sostenibilidad del mundo y tenderán a explotar sus vulnerabilidades.
    
3. En la actualidad, el gobierno de los Estados Unidos, que antaño fue referente en el diseño de programas regulatorios y voluntarios que establecen las reglas de competencia, ahora se afana en desmantelar regulaciones, a veces con el apoyo de algunas de las compañías que firmaron la declaración de la BRT. Friedman argumenta que la instancia adecuada para decidir los objetivos de la sociedad es el proceso político. Un líder corporativo que es, "presumiblemente un experto en la dirección de su empresa, en la producción de un producto o en su venta o financiación", no tiene el mandato ni la experiencia para definir la política social.
   
   Aquí la realidad choca con la teoría. En el mejor de los mundos (en el que, por supuesto, no vivimos), los gobiernos representativos honestos y eficaces establecerían las políticas sociales. Como señala la nobel de Economía Elinor Ostrom en Governing the Commons, los gobiernos suelen ser corruptos o carecen de conocimientos especializados. Ella aboga, en cambio, por la acción colectiva entre los usuarios de los "recursos comunes".
   
   Todos somos accionistas y grupos de interés, y las empresas comparten recursos comunes. En el mundo real en el que vivimos, corresponderá a los consejos de administración de las empresas, como representantes de los shareholders/stakeholders, asumir un papel más relevante para garantizar la sostenibilidad social y medioambiental. Los consejos deben representar este interés social más amplio. A falta de normas nacionales y mundiales eficaces, los consejos tendrán que llevar a sus empresas más allá de los llamados voluntarios para adoptar medidas colectivas que puedan incluir la autorregulación. Como señalan los autores de Capitalism at Risk, está en juego nada menos que el futuro capitalismo de mercado.

Una versión ligeramente diferente de este artículo ha sido publicada en GreenBiz.