La creciente rivalidad comercial entre Estados Unidos y China ha acelerado el llamado nearshoring, término que describe la transferencia de inversión y operaciones hacia países vecinos. México está bien posicionado para beneficiarse de este fenómeno, dada su proximidad al mercado estadounidense, el entorno de negocios generado por el T-MEC y la histórica integración de sus cadenas productivas. De hecho, nuestro país puede jugar un papel muy relevante en la estrategia de Washington de incentivar un renacimiento manufacturero en América del Norte, sobre todo porque no todas las empresas pueden reubicarse fácilmente en los Estados Unidos y mantener su competitividad.
Si bien el nearshoring abre una ventana de oportunidad para la relocalización de las cadenas de suministro en México, la limitada capacidad del sector eléctrico del país podría poner en peligro estas inversiones. El informe The Power Problem: Nearshoring and Mexico’s Energy Sector, elaborado por el Center for the U. S. and Mexico y el Tecnológico de Monterrey, plantea un breve diagnóstico del estado del sector eléctrico en México y las nuevas políticas que puede implementar el gobierno entrante para hacer realidad la promesa del nearshoring.
Las empresas relocalizadas necesitan acceso a energía suficiente y confiable, proveniente idealmente de recursos renovables. Muchas empresas exigen estas condiciones para operar de forma eficaz, pero también para alinearse con sus propios compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
Desafortunadamente, el sector energético de México –particularmente, el sector eléctrico— se ha enfrentado a una notable falta de inversión en los últimos años. La inversión ha sido insuficiente para satisfacer la demanda necesaria para la reubicación de las cadenas de suministro. Asimismo, las políticas energéticas pueden haber provocado un aumento de los costos de la electricidad, la degradación ambiental y una menor confiabilidad, lo que socava el atractivo de México para potenciales inversionistas. Estas políticas, en gran medida restrictivas de los actores privados, han provocado retrasos en nuevas inversiones en generación de energía.
La preocupación por el suministro afecta tanto a las empresas que se establecen –y eventualmente amplían operaciones— como a las que ya operan en México. De hecho, se han presentado desafíos como retrasos frecuentes en el suministro debido a una demanda adicional derivada de la expansión económica. Para muchos empresarios, este es un factor crítico en su decisión de reubicar las plantas industriales.
Los analistas coinciden en que a México le resultará cada vez más difícil satisfacer la demanda de energía en los próximos años, lo que puede desincentivar hacer negocios en el país, ya que las empresas deberán competir por fuentes de energía limitadas. La razón principal de esta limitada capacidad es un modelo de infraestructura que depende principalmente de la financiación gubernamental, la cual sigue siendo insuficiente para proporcionar la energía necesaria para el nearshoring en la próxima década.
Además, algunas empresas que han establecido metas para reducir su huella de carbono y cumplir con sus obligaciones ESG también han expresado su preocupación por la aparente falta de compromiso de México con las fuentes renovables. Atraer empresas se vuelve aún más difícil sin el acceso a energías limpias.
México necesita acometer importantes cambios si quiere aprovechar plenamente la deslocalización de las cadenas de suministro internacionales, entre los cuales destacan:
Es probable que la política industrial de EE. UU. continúe buscando el renacimiento manufacturero de América del Norte. Por lo tanto, abordar los retos asociados con las políticas de energía, el proteccionismo y la incertidumbre geopolítica es imperativo para maximizar los beneficios del nearshoring y promover el desarrollo económico sostenible en la región. México es un socio clave en estos esfuerzos.
El aumento de las actividades de nearshoring se debe a varios factores, incluida la inversión pública estadounidense para incentivar la reubicación, así como los aranceles impuestos a los productos chinos. Para impulsar la fabricación nacional y reducir la dependencia de la producción extranjera, la política industrial de EE. UU. incentiva a las empresas a reubicar sus operaciones de fabricación en el país o cerca. Por su lado, los aranceles sobre las importaciones chinas han llevado a las empresas estadounidenses a buscar opciones de abastecimiento alternativas.
Con base en esta política, el gobierno mexicano ha visto una nueva oportunidad para impulsar un mayor desarrollo industrial en el país, canalizando una parte a los estados del sur. Sin embargo, se requieren políticas públicas efectivas para incentivar la reubicación de la industria en el sur de México, incluida la provisión de un suministro de energía suficiente, confiable y limpia. Durante décadas, las empresas estadounidenses han priorizado sus operaciones en los estados fronterizos del norte y, más recientemente, en el Bajío. Los proyectos de infraestructura ferroviaria como el del Istmo de Tehuantepec y el de la Península de Yucatán son, en el mejor de los casos, pasos iniciales. La infraestructura por sí sola no podrá desencadenar un proceso de desarrollo sostenible sin un aumento significativo de la disponibilidad de energía eléctrica fiable y limpia para incentivar la decisión de las empresas de trasladarse al sur.
Por otro lado, México se beneficia no sólo de la reubicación de empresas estadounidenses, sino también de las chinas. Pero las preocupaciones sobre los aranceles y las disputas comerciales entre Estados Unidos y China podrían afectar las decisiones de nearshoring y requerir una cuidadosa consideración de los riesgos potenciales, particularmente en la industria de vehículos eléctricos y baterías. Así, las inversiones chinas en México se pueden ver afectadas.
El mayor obstáculo en el sector eléctrico mexicano no reside en la capacidad de generación, sino en la infraestructura de transmisión: llevar la energía donde se necesita. La necesidad de invertir en una infraestructura de transmisión robusta se acentúa con el nearshoring. Si bien los recursos solares y eólicos son abundantes, a menudo están concentrados regionalmente, por lo que precisan el desarrollo de extensas redes de transmisión para distribuir la electricidad por todo el país de manera eficiente, especialmente a las áreas que están atrayendo la mayor parte de la inversión.
Aunque la Constitución Mexicana permite contratos entre entidades privadas y la CFE –facilitando así la participación del sector privado no solo en generación, sino también en infraestructura de transmisión—, en la práctica, la actividad regulatoria y los obstáculos administrativos dificultan la participación privada. Aun así, existen proyectos prometedores, como la asociación público-privada para construir una línea de transmisión en Querétaro. Son importantes este tipo de esfuerzos colaborativos que involucran a múltiples stakeholders, incluidos los gobiernos federales y estatales, las empresas de servicios públicos, los actores de la industria y las instituciones financieras.
La infraestructura de transmisión es un aspecto decisivo. A medida que la demanda sigue aumentando, abordar esta área de oportunidad es imperativo para asegurar no sólo nuevas inversiones, sino también la seguridad energética, facilitar el crecimiento económico y mitigar los riesgos asociados con la dependencia del gas natural.
La presión sobre el sistema eléctrico es evidente, ya que los apagones interrumpen las operaciones industriales e incurren en costos sustanciales para los consumidores y los usuarios industriales. La escala de inversión requerida es considerable, con estimaciones que sugieren decenas de miles de millones de dólares para expandir la capacidad en un 75% en los próximos 10 a 15 años.
Sin embargo, abordar la cantidad de energía disponible es solo una parte del desafío: la calidad y la confiabilidad del suministro eléctrico es asimismo crucial, especialmente para las grandes empresas que se han comprometido a reducir su huella de carbono en el planeta. En este contexto, las innovaciones tecnológicas ofrecen una vía para agilizar soluciones que de otro modo tardarían demasiado en materializarse.
Por ejemplo, los arreglos de generación distribuida (GD), como los paneles solares en los techos, presentan una oportunidad para aliviar la presión sobre la red y mejorar la resiliencia. Hay ventajas significativas en la GD, incluyendo los costos mínimos de transmisión.
Sin embargo, este enfoque no es la panacea, ya que no resuelve los problemas estructurales creados por las políticas restrictivas del sector eléctrico. Se requiere la voluntad política para adoptar un cambio de paradigma en la política energética junto con los cambios regulatorios necesarios para asegurar recursos energéticos confiables y sostenibles para una demanda aumentada por el nearshoring.
De cara al futuro, si nuestro país quiere aprovechar las oportunidades de nearshoring, las nuevas directivas políticas deberían centrarse en:
Estas recomendaciones de política demandan enmiendas regulatorias y normativas al sector eléctrico en todo el país. No se requiere una reforma constitucional, ya que la versión actual permite acomodar estos cambios. Reconociendo y abordando estos desafíos dentro del marco legal actual, México puede posicionarse como líder en prácticas sostenibles de nearshoring al atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico al tiempo que se prioriza la gestión ambiental y la seguridad energética.
El autor es profesor investigador de Economía y Finanzas de EGADE Business School.