Hace algunas semanas se difundió que entre 2017 y 2018 México perdió 3 posiciones en el ranking mundial de competitividad de IMD, al ocupar la posición 51 en un conjunto de 63 países. Sin embargo, la noticia no enfatizó que, de acuerdo con este indicador, nuestro país en realidad ha perdido 19 posiciones en competitividad en los últimos 5 años, cuando ocupaba el lugar 32.

La competitividad es un concepto amplio, que según Arturo Bris –director del IMD World Competitiveness Center– expresa “la manera en la que los países, regiones y empresas manejan sus competencias para conseguir crecimiento de largo plazo, generar empleos y aumentar el bienestar”. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, “una economía competitiva es una economía productiva, y la productividad conduce al crecimiento que a su vez nos lleva a (mayores) niveles de ingreso y a un mayor bienestar.”

El índice de IMD considera más de 250 indicadores correlacionados con la competitividad ya que operan de una de estas 3 formas: como factores creadores de condiciones para la competitividad, como indicadores del nivel de competitividad, o como variables que reciben los efectos directos del nivel de competitividad alcanzado. De los 4 grandes factores, este es el ranking de los que más posiciones han perdido:

• Mayor pérdida en eficiencia de gobierno (lugar 54º): Empeoramiento en los esquemas institucional y social, que son determinados por el grado de efectividad de la acción gubernamental. En particular, algunos de los elementos de deterioro en este rubro son: el crecimiento de la economía informal, alta corrupción y sobornos, falta de transparencia, riesgos a la seguridad personal y a los derechos de propiedad, limitaciones del sistema de justicia, alta tasa de homicidios, elevada desigualdad en el ingreso y en las oportunidades, evasión fiscal y dificultades para la creación de nuevas empresas.
• Deterioro del desempeño económico (lugar 35º): Bajo dinamismo de la inversión pública y privada, de la producción nacional total y per capita, y del empleo formal; repunte de la inflación y del costo de los alimentos, y depreciación de la moneda nacional. Además, las limitaciones en el comercio internacional, como su alta concentración en los Estados Unidos y lo limitado de las exportaciones de servicios. Estos dos últimos aspectos suponen un riesgo particular ante las dificultades para la renovación de TLCAN.
• Comportamiento errático de la eficiencia de las empresas (48º lugar): ha tenido un comportamiento errático pero con una tendencia al empeoramiento. Es interesante que el deterioro se observó en todos los subcomponentes de este factor tales como: productividad, eficiencia, competencias de gestión, situación financiera y actitudes y valores.
• Menor detrimento del factor infraestructura (55º lugar): Se han perdido 6 posiciones desde 2013. Esto nos hace ver que nuestra dotación de infraestructura ha sido tradicionalmente limitada y que no ha aumentado al ritmo del resto del mundo. Destacan las pérdidas mayores en aspectos como infraestructura básica, salud y ambiente, y educación.

Situación de México en el Reporte del Índice Global de Competitividad 2018 de IMD.

Por supuesto que existen fortalezas y comportamientos positivos en diversos elementos asociados con la productividad y la competitividad de México, que pueden servir como punto de apoyo para desarrollar una cruzada nacional para la recuperación de la competitividad y la productividad del país.

Pero es importante que el nuevo gobierno federal, que iniciará sus funciones a fines de año, desarrolle y atienda una agenda integral que ataque las trabas institucionales, sociales, económicas y políticas que han afectado la competitividad, la productividad, el crecimiento y el bienestar de México y sus habitantes. Este es un reto que resulta impostergable asumir con inteligencia, valentía y voluntad política.

La violencia generada por el narcotráfico es fuente de desestabilización en muchos ámbitos, desde el estado de derecho y los derechos humanos hasta la confianza en las instituciones y la reputación del país. Pero, ¿qué efectos tiene sobre variables económicas como la productividad?

Para conocer los efectos de la violencia del narco en la productividad laboral de los mexicanos nos propusimos analizar la década enmarcada entre 2003 y 2013, conscientes de que la llamada guerra contra el narco significó un parteaguas en el nivel y alcance de la criminalidad en el país.

Nuestros resultados confirman que la violencia derivada del narcotráfico perjudicó la productividad laboral, pero su incidencia es distinta dependiendo si los crímenes fueron perseguidos por la autoridad local y estatal o por la federal. El socavo de la productividad se explica por el efecto que tiene el crimen en la apertura de nuevos negocios y en la formación del capital dados los altos niveles de incertidumbre que genera.

Las altas tasas de robos y asaltos reducen además la probabilidad de que las empresas expandan sus operaciones, con una repercusión mayor que las sanciones o los sobornos. A su vez, el comercio local se ve afectado negativamente por los homicidios relacionados con la delincuencia de los cárteles.

En nuestro artículo “Violence in Mexico and its effects on labor productivity”, coescrito con el Dr. André Varella Mollick, de la University of Texas Rio Grande Valley, examinamos la evolución de la productividad laboral en las 32 entidades federativas mexicanas. Basándonos en lo que dicta la teoría, se conformó un modelo econométrico en el cual la productividad laboral en los distintos estados depende de los salarios reales y otros factores. En la estimación del modelo usamos el llamado “Sistema y Método de los Momentos Generalizados”, abordando la naturaleza bidireccional de la productividad laboral y los salarios, con datos estatalizados del IMSS.

Por otra parte, las variables sobre criminalidad se obtuvieron del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto a nivel local/estatal como federal. De la jurisdicción federal se consideraron los crímenes relacionados con drogas, armas de fuego y cárteles (64.5% del total), mientras que en los niveles local y estatal se contabilizaron los crímenes a la propiedad, homicidios, robos en casa habitación, asaltos, secuestros y delitos de amenazas (62% del total).  

La guerra del narco: un antes y un después

Desde el inicio de la guerra contra el narco, declarada por el gobierno de Felipe Calderón en diciembre de 2006, las pugnas entre cárteles propagaron una ola de violencia que se ensañó especialmente con los estados fronterizos del norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), concentrando 25% de los crímenes relacionados con el narcotráfico. El estado de Tamaulipas encabezó la tasa de este tipo de delitos y fue la zona cero de una ola de violencia extrema que dejó en todo el país más de 100,000 víctimas, entre fallecidos y desparecidos, de 2007 a 2014.

Si comparamos el periodo anterior a 2007, en el que gobernaba Vicente Fox, con los años posteriores, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, todos los crímenes, sin distinción, se elevaron. El robo domiciliario aumentó un promedio de 33%, mientras que los crímenes de los cárteles de la droga y los secuestros se dispararon 174% y 150%, respectivamente.

Para capturar los efectos de esta escalada de la violencia en la productividad laboral, introdujimos en nuestra investigación la variable ficticia guerra contra el narco. Para nuestra sorpresa, la incidencia sobre la productividad laboral era distinta en los crímenes perseguidos por la autoridad local o estatal y los perseguidos por la autoridad federal.  

Fuerzas federales vs fuerzas locales y estatales

Hallamos que los efectos de la criminalidad difieren dependiendo de si los crímenes los procesan las autoridades locales y estatales o las federales. Estas últimas parecen ser más efectivas a la hora de combatir el crimen.

Según nuestros resultados, la mayoría de crímenes perseguidos por las autoridades locales o estatales, sobre todo extorsión, homicidio, secuestro y crímenes contra la propiedad, tienen claramente un efecto negativo sobre la productividad laboral y son estadísticamente significativos. Sin embargo, no lo son en aquellos crímenes bajo la jurisdicción de los mandos federales.

Una posible explicación tiene que ver con el papel que juegan unas y otras sobre el ambiente económico cuando azota la violencia.

Presumiblemente, las autoridades federales son menos corruptibles por los cárteles de la droga y pueden haber sido más efectivas en la lucha contra el crimen que las autoridades locales y estatales.  

Otro daño colateral para la productividad

Un efecto indirecto del alza de la criminalidad, pero igualmente negativo en cuanto a la productividad laboral, es el aumento de gasto destinado a seguridad pública, que no ha dejado de crecer desde 2008 pese a la crisis financiera.

Ante el aumento de la violencia, es lógico que los estados inviertan más en seguridad. Estos esfuerzos, si bien útiles desde el punto de vista del combate a la criminalidad, no son inmediatos y pueden pasar años hasta que se traduzcan efectivamente en el control de la delincuencia y redunden en una mayor productividad.

Su efecto inmediato, sin embargo, es negativo para la productividad. Otros autores han hallado que la reducción del presupuesto asignado a la lucha antiterrorista se traduce en un mayor crecimiento económico.

En alguna ocasión, Harold Sirkin comentó que a medida que el entorno global de negocios se ha vuelto más complejo, la competencia ya no es entre empresas sino entre cadenas de suministro. Para prevalecer en el mercado no basta con vender el mejor producto o contar con la marca más atractiva. Hoy en día el éxito de las empresas depende de su habilidad para integrarse de manera eficiente en cadenas productivas globales que logren poner en el mercado sus productos con la mayor calidad, al menor precio y en los plazos requeridos.

El TLCAN ha favorecido precisamente este tipo de integración en nuestra región: al reducir o eliminar los aranceles aduaneros, las cadenas productivas se han reconfigurado buscando la mayor eficiencia posible, localizando cada función de la cadena en el lugar óptimo para ser llevada a cabo.

¿Cuánto nos costaría prescindir del TLCAN?

Un caso paradigmático es la industria automotriz, cuya mano de obra calificada de bajo costo ha favorecido la instalación de plantas armadoras globales en nuestro país para exportación. Aunque el ensamble final ocurre en México, varios componentes del automóvil cruzan la frontera norte más de una vez como insumos de producción. Esto resulta en una cadena global integrada que aprovecha al máximo los diferentes niveles de especialización de cada economía para generar el mayor valor agregado.

En efecto, el diseño y fabricación de un motor puede ocurrir en plantas en EUA, con insumos electrónicos provenientes de Canadá o México, para después ser enviado a una planta en México para su incorporación final en un automóvil que cruzará la frontera nuevamente para su venta en EUA o Canadá. También nuestro país provee autopartes para ensamble final en EUA, con venta en otros mercados como Europa o Asia.

Adicionalmente, la integración regional ofrece grandes beneficios logísticos por la cercanía geográfica que tienen nuestros mercados: un automóvil que sale de la línea de producción en una planta en México puede llegar a Estados Unidos en cuestión de días, comparado con varias semanas que puede demorar la importación de vehículos desde China. Este diferencial genera también menores niveles de inventario requeridos en toda la cadena si se importa desde México. La fotografía completa de esta industria es por supuesto más compleja, ya que varios insumos para plantas armadoras en México se obtienen de otras regiones económicas importantes como Asia o Europa. Sin embargo, el mayor valor agregado ocurre al interior del TLCAN con producción final en México.

Así lo demuestra un estudio reciente del Centro de Investigación Automotriz (CAR, por sus siglas en inglés), de cuyo análisis resulta que es 1,200 dólares más barato producir un automóvil en México que en EUA para su venta en ese país, y 4,300 dólares más barato producirlo en México que en EUA para su venta en Europa (considerando autos con precio promedio de venta de $25,000 dólares). Estos ahorros resultan de cuantificar los diferenciales en costo asociados con la manufactura, la importación de partes, la transportación al mercado final y las ventajas arancelarias asociadas con el TLCAN.

La tendencia seguirá, con o sin TLCAN

El corolario de esta historia es la forma en que las empresas toman ventajas de las diferencias entre países para lograr una configuración eficiente que les asegure el éxito en los mercados globales. Ello explica en parte por qué la actividad manufacturera en Estados Unidos ha ido en declive en los últimos 30 años, ciertamente favorecida por el TLCAN, pero fundamentalmente por la búsqueda de eficiencias en las cadenas productivas. Esto en un principio se consiguió moviendo una parte importante de la planta productiva de ese país hacia China y, recientemente, debido a los cambios económicos, hacia México.

EUA seguramente seguirá siendo una potencia de manufactura, pero mayormente de componentes y productos de alta especialidad, además de continuar su rol como centro de investigación, innovación y diseño de primer nivel. Esta tendencia para nuestro vecino del norte seguirá con o sin TLCAN en los próximos años, pero ciertamente con ventajas mucho mayores para las cadenas productivas de la región de continuar el TLCAN vigente.

La primera ronda para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha arrancado con los ánimos caldeados. En lugar de ver una oportunidad de profundizar en la integración regional para hacer de América del Norte el bloque más competitivo del mundo, la retórica inicial del equipo estadounidense demuestra que las negociaciones pueden subir de tono, principalmente en relación a las reglas de origen, los mecanismos de resolución de controversias y los temas laborales, entre otros aspectos candentes que encenderán la discusión.

• Reglas de origen: Son los requisitos de contenido regional que los productos deben cumplir para ser considerados libres de aranceles para los países que forman parte del acuerdo. Considere, por ejemplo, uno de los sectores más importantes en el comercio de la región, el automotriz. Un automóvil deberá contener por lo menos 62.5% de insumos de la región para gozar de este beneficio. Estados Unidos buscan incrementar ese porcentaje, para que el contenido de insumos elaborados en ese país sea mayor.
• Mecanismo de solución de controversias: Se refiere a los procesos mediante los cuales los países pueden solucionar disputas comerciales en la región. Actualmente se resuelven de manera imparcial a través de un panel binacional, pero Estados Unidos desea incorporar cambios que le permitan tomar decisiones de forma unilateral.
• Temas laborales: Serán otro punto de desencuentro. Mientras que Canadá tiene un sistema que incentiva la migración a través de reglas claras en busca de candidatos calificados en áreas específicas, a México le interesan acuerdos de migración temporal e incluso mayor apertura para permitir un flujo migratorio más flexible. En cambio, la postura de Estados Unidos es más cerrada, principalmente en relación a los migrantes mexicanos.

Es necesario modernizar o adecuar el acuerdo a las circunstancias actuales y futuras en los temas señalados. Canadá y México coinciden en que no deberán eliminarse los mecanismos de solución de controversias, y que cualquier cambio que se introduzca en las reglas de origen no deberá inclinar la balanza en favor de un único miembro. Se deberá trabajar, en cambio, para simplificar procesos y otorgar flexibilidad para que las reglas puedan atender las necesidades que se den en un futuro.

En los próximos meses será crítico que los equipos mexicano y canadiense trabajen conjuntamente para alcanzar objetivos comunes. Tanto México como Canadá buscan un acuerdo inclusivo y responsable que incluya temas medioambientales y de perspectiva de género, además de la homologación de estándares laborales.

Las posturas de México y Estados Unidos se acercan en lo referente a los sectores de telecomunicaciones y financiero, temas muy importantes en los que se podría lograr un acuerdo. Estos sectores, y los de comercio digital y energía, constituyen una oportunidad única de crecimiento e integración para la región.

Se sabe que los siguientes meses de negociación serán difíciles. México y Canadá llegan fortalecidos con objetivos similares, pero México deberá también buscar puntos de acuerdo con Estados Unidos y enfocarse en los temas analizados dentro de las mesas de negociación, más allá de la información de los medios y la probable retórica beligerante del presidente Trump.

El pasado 27 de marzo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para "promover la independencia energética y el crecimiento económico", a fin de revertir las principales políticas climáticas de la era Obama. Concretamente, se anulan los límites de emisiones para las centrales eléctricas (el llamado “Clean Power Plan”) y los límites a las fugas de metano, se establece una moratoria al arrendamiento federal de carbón y se descarta el uso del costo social del carbono como guía de las acciones gubernamentales. Lo que la orden no dice es si Estados Unidos permanecerá o se retirará del acuerdo climático de París, dando a entender que este punto sigue en el aire. Como segundo país más contaminante del planeta, detrás de China, EUA juega un papel primordial en el cumplimiento de la meta acordada en París de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales.

Esta orden, sin embargo, no llega por sorpresa, ya que la derogación de las regulaciones climáticas y la vía libre a los combustibles fósiles fueron promesas de campaña de Trump. Como ocurrió con órdenes ejecutivas previas, esta orden será contestada por un gran número de grupos.

Y bien, ¿por qué debemos preocuparnos? Primero, porque la orden aumenta la incertidumbre. Las inversiones en energías limpias en EUA podrían verse afectadas. Mientras que Europa y China continúan invirtiendo en tecnologías de energías limpias y alternativas para responder a la amenaza del cambio climático, esta orden sin duda reducirá la capacidad de EUA de fomentar la innovación en este tipo de tecnologías e industrias, socavando su competitividad y su capacidad para transitar hacia una economía baja en carbono. Siendo EUA una potencia en innovación, la pérdida para la sociedad en su conjunto será enorme.

En segundo lugar, esta orden puede tentar a México y Canadá a abandonar sus esfuerzos climáticos y medioambientales para seguir siendo "competitivos". En Canadá, por ejemplo, el partido de la oposición ya ha pedido al primer ministro Trudeau que renuncie a su propuesta de fijar un precio a las emisiones de carbono en respuesta a la orden ejecutiva estadounidense. Es cierto que el contexto internacional importa, pero ¿realmente queremos seguir el mismo camino que EUA? Las comunidades científica y académica llevan dos décadas investigando el cambio climático y han demostrado, no solo que es real, sino que va a empeorar y costará tanto vidas humanas como miles de millones de dólares en pérdidas materiales si no se toman medidas.

Los buenos líderes empresariales y gubernamentales toman en cuenta los hechos y hacen proyecciones para el día de mañana. Sus decisiones estratégicas y políticas se basan en cómo creen que será el futuro. El agotamiento de las reservas de carbón, petróleo y gas es un riesgo tan real como el riesgo financiero que muchos inversores consideran cuando deciden dónde poner su dinero1. Los países dependientes de combustibles fósiles deben tomar este riesgo muy en serio, ya que su competitividad a largo plazo dependerá de cómo transiten hacia una economía baja en carbono.

Tanto Canadá como México poseen considerables recursos naturales para desarrollar energías limpias. Canadá tiene un inmenso potencial en renovables como la eólica, solar, mareomotriz, geotérmica e hidroeléctrica2, mientras que México tiene un enorme potencial eólico3 y solar4. Si EUA renuncia al liderazgo climático, Canadá y México deben tomar la batuta y convertirse en los nuevos líderes norteamericanos. Se está construyendo una industria de nuevo cuño alrededor de las renovables (como, por ejemplo, el coche eléctrico) y es primordial que los dos países participemos en su desarrollo para que nuestros ciudadanos y negocios estén mejor preparados para una economía baja en carbono.

El cambio climático es un problema global que hemos de enfrentar como equipo: cuando un jugador (país) flaquea, los demás deben dar un paso adelante para que todos avancen. El cambio climático es una realidad económica de largo plazo que no pueden eludir ni gobiernos ni empresas: todos compartimos un planeta y el planeta debe ser protegido. El cambio climático no solo es un problema de seguridad energética, también es un problema nacional y de seguridad alimentaria. Es necesaria la cooperación a todos los niveles, desde los gobiernos (federal, estatal, local), la industria, las organizaciones no gubernamentales, los pueblos indígenas y la sociedad civil, para pasar de un estado de reacción y defensa a uno de proactividad y adaptabilidad. No dejemos que esta orden detenga nuestro progreso.

Es entre aquellas naciones que dicen ser las más civilizadas, las que afirman que son guiadas por el conocimiento de las leyes de la naturaleza, las que más se vanaglorian
del avance de la ciencia, que encontramos la mayor apatía, la mayor imprudencia, al volver continuamente impura esta necesidad tan importante de la vida...

Alfred Russel Wallace,
Man’s Place in the Universe, 1903

Durante las últimas décadas, la globalización ha impulsado a las empresas a diseñar e implementar estrategias de negocio destinadas a aprovechar la competitividad de cada región, ajustando y adaptando el valor de sus cadenas de suministro a nivel productivo, comercial y de inversión. Las cadenas de valor globales, sin duda, tomaron años en ser lo suficientemente flexibles para responder rápidamente a los cambios tecnológicos y las tendencias de consumo, así como a las regulaciones y los ciclos financieros, entre otros factores económicos globales.

Sin embargo, esta situación parece enfrentar desafíos provenientes del ámbito político y de posturas antiglobalización en varios países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido. La cuestión es cómo van a influir estos movimientos políticos y gobiernos en la competitividad de la cadena de valor global. ¿Qué puede significar en términos de cambios regulatorios, de los beneficios derivados de los acuerdos comerciales y la inversión extranjera directa, de los tratados de doble imposición, de la protección de los derechos de propiedad, de las regulaciones medioambientales o de las normas de calidad, entre otros factores que hoy hacen viable tanto la producción como el consumo?

El futuro de la globalización (o la antiglobalización) depende de factores diversos. Algunos de ellos tienen que ver con la visión política y económica de la nueva generación de líderes y gobiernos sobre la profundidad e intensidad de los cambios comerciales y regulatorios, sobre todo en materias como inversión extranjera directa, nuevos esquemas impositivos, normas de origen en los acuerdos comerciales y reglamentos logísticos; pero también en otras cuestiones que, aunque no estén relacionadas con el comercio, los gobiernos pueden acabar vinculando, como inmigración, seguridad, fronteras y procesos democráticos.

¿Cómo afectará este nuevo status quo a un país dependiente del comercio como México? Depende de la rapidez con que los gobiernos y las empresas lleguen a comprender la situación y los cambios que acarrea, de su capacidad para cambiar sus cadenas de valor globales en pos de la competitividad y de su habilidad para negociar o renegociar las normativas comerciales con sus potenciales socios. No olvidemos que los cambios en la oferta global no surgen de un día para otro: pueden pasar años antes que una empresa haya reconfigurado su cadena de suministros, los procesos de fabricación, la planificación logística, etc.

No hay tiempo que perder. Los líderes empresariales, tanto de empresas multinacionales como nacionales, deben estar preparados para entender y evaluar el entorno empresarial, prever los posibles cambios, valorar los retos y medir el impacto económico. Deben ser capaces de adaptar su gestión y restructurar sus organizaciones, ser negociadores asertivos con gobiernos, proveedores y clientes, y evaluar y diseñar nuevos enfoques para sus procesos, productos y servicios al cliente.

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La idea principal del TPP era ampliar los acuerdos multinacionales para competir con superpotencias como China, que quedó fuera del acuerdo. Paradójicamente, es ahora China quien podría beneficiarse al reemplazar a EU en el TPP. Asimismo, esta reconfiguración podría polarizar también la geopolítica en algunas regiones.

Para México esta decisión puede generar sentimientos encontrados: por un lado, permitiría a las exportaciones mexicanas ingresar a nuevos mercados, pero por el otro, se necesitaría definir una estrategia clara y objetiva, diferenciando y añadiendo valor real a los mercados que sirve, así como a los nuevos. Esta estrategia debería evitar lo que podría ser visto por algunos como estrecha competencia histórica con países como China (sobre todo después de su ingreso en la OMC) en términos de lo que se percibe como sus principales ventajas comparativas: valor de la divisa bajo y mano de obra barata, y demostrar que los fundamentos y el potencial de ambas economías pueden ir más allá de eso, buscando una diversificación del mercado donde se acomoden y cooperen en la medida de lo posible. No hay que olvidar que los discursos particularmente enfocados en los déficits comerciales protagonizaron parte de la campaña electoral de EU, quien para diciembre de 2016 tenía un déficit con México de 28 millones de dólares (hay que considerar que en esta cifra se incluyen bienes intermedios, dada la naturaleza del comercio entre ambos países).

¿Fin de la alianza comercial con EU?

La región del TLCAN también se enfrenta al reto de las renegociaciones del acuerdo. Es un momento muy importante para Canadá, Estados Unidos y México, ya que los dos primeros han anunciado que van a continuar con sus acuerdos comerciales, pero no será tan fácil para los dos últimos, cuyos puntos de vista sobre los beneficios del acuerdo difieren. Esto pese a que México es el segundo mercado de exportación para EU con 211.8 millones de dólares en 2016, y éste el primero para México con 270.6 millones de dólares en el mismo año, ya que comparten cadenas productivas muy integradas en algunos sectores, como en el caso de la manufactura, sobre todo, de bienes de consumo masivo por poner uno de varios ejemplos.

Un posible aumento de entre 20 y 35% en los aranceles a productos provenientes de México al vecino país del norte, afectaría en diferentes proporciones a ambos mercados en términos de costos, inversión, inflación y empleo, dañando tanto a productores como a consumidores. Más que involucrarse en una guerra comercial o señalar con el dedo los perdedores y ganadores de los intercambios, ¿no deberían ambas economías mirarse a sí mismas como una cadena de producción regional integrada que aprovecha las fortalezas de cada una y se vuelve más competitiva frente a otros bloques comerciales? El modelo de gravedad, que considera el tamaño y la distancia de los mercados para explicar las corrientes comerciales bilaterales, solía ser una buena explicación económica para acuerdos comerciales como el TLCAN, mas no política, como se demuestra ahora.

Lo que es seguro es que una interrupción en cadenas de suministro globales muy integradas como las de EU y México afectará a la interdependencia que tienen ambos países. Los aranceles a los productos mexicanos no serán la mejor respuesta y no beneficiarán a ninguno de los dos países. En el pasado se ha demostrado que este tipo de medidas proteccionistas no son benéficas, en muchos casos, ni para productores ni para consumidores.

La previsión de crecimiento de México por parte del FMI ha ido cayendo en los últimos meses de 2,4 a 2,1%, y recientemente a 1,7%. Es momento de repensar de manera estratégica un plan económico que considere no solo el comercio en mercados antiguos y nuevos, sino también las variables tecnológicas, sociales y políticas en un entorno muy dinámico y ensombrecido por una certeza: la existencia de mucha incertidumbre.

Las monedas de América Latina, como el peso mexicano o el peso colombiano, así como las de otras economías emergentes, han sufrido una fuerte caída frente al dólar estadounidense en los últimos dos años, perdiendo cerca de la mitad de su valor. Esta alza en el tipo de cambio es un riesgo para las economías, ya que puede trasladarse a los precios al consumidor, dañando su capacidad adquisitiva, e impactar negativamente al sector productivo.

Ante esta situación, sin embargo, no todos los bancos centrales han reaccionado de la misma forma, o al menos no con políticas dirigidas directamente a afectar el tipo de cambio. ¿Qué políticas han guiado su acción? ¿Está entre sus prioridades mantener estable el tipo de cambio o pesa más el control sobre los precios en sus decisiones?

En una reciente investigación que realicé en conjunto con el Dr. Francisco G. Carneiro, del Banco Mundial, y el Dr. André Varella, de la University of Texas Río Grande Valley, publicada por el Banco Mundial en su colección de trabajos Policy Research Working Paper Series, examinamos la relación entre las tasas de interés y el tipo de cambio en economías emergentes en el marco de su política de control de la inflación. Con el título “Inflation Targeting and Exchange Rate Volatility in Emerging Markets”, el artículo explora cómo reaccionan los bancos centrales a la volatilidad del tipo de cambio en países que aplican esquemas de control de la inflación y en países cuyos bancos centrales no contemplan esos mecanismos.

Desde los años 90, los bancos centrales han concentrado sus esfuerzos en garantizar la estabilidad de precios a largo plazo empleando el llamado esquema de los objetivos de inflación. Si bien esta política fue iniciada por los bancos centrales de economías desarrolladas como Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Suecia o Australia, en las dos últimas décadas han proliferado variantes de estas estrategias en economías emergentes, entre las cuales destacan Brasil, Chile, Israel, Perú o México. Hasta ahora, se ha demostrado que los países que han adoptado el esquema de objetivos de inflación han conseguido mantener tasas de inflación en un nivel bajo, de acuerdo con sus metas. También se ha demostrado, en algunos casos, que favorecen el crecimiento del PIB. ¿Pero han sido igualmente eficientes para evitar la volatilidad en el tipo de cambio?

Para indagar sobre la cuestión, analizamos la relevancia del tipo de cambio en la función de reacción de los bancos centrales de 24 economías emergentes: 9 de ellas siguen políticas para el control de la inflación (inflation targeters, IT) y 15 de ellas, no (non-inflation targeters, non-IT). La muestra incluye países de América Latina, Asia, África y Europa del Este, y rastrea los datos desde el primer trimestre del 2000 al segundo trimestre de 2015.

Las investigaciones en la materia sugieren que es importante considerar el tipo de cambio como parte del marco de actuación del control de la inflación, ya que interactúa con otros factores. En nuestra investigación tuvimos en cuenta estas implicaciones, así como otros factores endógenos. En un primer análisis, comprobamos que las economías IT muestran niveles inferiores de inflación en promedio (3.97%), comparado con las non-IT (6.27%), así como menos volatilidad en el tipo de cambio (0.28%) que las non-IT (0.73%).

También observamos que mientras que los bancos centrales de las economías IT y las non-IT no suelen reaccionar al crecimiento económico, ciertamente otorgan una importancia distinta a la inflación y al tipo de cambio. Por un lado, detectamos que los bancos centrales de los países non-IT reaccionaron a las fluctuaciones en el tipo de cambio, pero solo en el periodo anterior a la Gran Recesión (2008), lo que sugiere un cambio estructural en la acción de los bancos centrales, que priorizarían cada vez más la inflación y no tanto la volatilidad en el tipo de cambio. Por otro lado, los resultados también ponen en evidencia que los bancos centrales de los países IT solamente reaccionan a movimientos en la inflación y raramente a otros factores, como podría ser el crecimiento económico a corto plazo.

Estos resultados confirman que la política de control de la inflación ha sido útil para que los bancos centrales fijen sus expectativas sobre los precios y se facilite así su gestión macroeconómica. No obstante, la adopción de un esquema IT puede no ser apropiado para todos los países. Para tener éxito con este enfoque los países deben garantizar la independencia de sus bancos centrales, definir metas de inflación de corto y largo plazo, ser transparentes en la información que presentan a los mercados y rendir cuentas acerca de las metas establecidas.