La violencia generada por el narcotráfico es fuente de desestabilización en muchos ámbitos, desde el estado de derecho y los derechos humanos hasta la confianza en las instituciones y la reputación del país. Pero, ¿qué efectos tiene sobre variables económicas como la productividad?
Para conocer los efectos de la violencia del narco en la productividad laboral de los mexicanos nos propusimos analizar la década enmarcada entre 2003 y 2013, conscientes de que la llamada guerra contra el narco significó un parteaguas en el nivel y alcance de la criminalidad en el país.
Nuestros resultados confirman que la violencia derivada del narcotráfico perjudicó la productividad laboral, pero su incidencia es distinta dependiendo si los crímenes fueron perseguidos por la autoridad local y estatal o por la federal. El socavo de la productividad se explica por el efecto que tiene el crimen en la apertura de nuevos negocios y en la formación del capital dados los altos niveles de incertidumbre que genera.
Las altas tasas de robos y asaltos reducen además la probabilidad de que las empresas expandan sus operaciones, con una repercusión mayor que las sanciones o los sobornos. A su vez, el comercio local se ve afectado negativamente por los homicidios relacionados con la delincuencia de los cárteles.
En nuestro artículo “Violence in Mexico and its effects on labor productivity”, coescrito con el Dr. André Varella Mollick, de la University of Texas Rio Grande Valley, examinamos la evolución de la productividad laboral en las 32 entidades federativas mexicanas. Basándonos en lo que dicta la teoría, se conformó un modelo econométrico en el cual la productividad laboral en los distintos estados depende de los salarios reales y otros factores. En la estimación del modelo usamos el llamado “Sistema y Método de los Momentos Generalizados”, abordando la naturaleza bidireccional de la productividad laboral y los salarios, con datos estatalizados del IMSS.
Por otra parte, las variables sobre criminalidad se obtuvieron del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto a nivel local/estatal como federal. De la jurisdicción federal se consideraron los crímenes relacionados con drogas, armas de fuego y cárteles (64.5% del total), mientras que en los niveles local y estatal se contabilizaron los crímenes a la propiedad, homicidios, robos en casa habitación, asaltos, secuestros y delitos de amenazas (62% del total).
La guerra del narco: un antes y un después
Desde el inicio de la guerra contra el narco, declarada por el gobierno de Felipe Calderón en diciembre de 2006, las pugnas entre cárteles propagaron una ola de violencia que se ensañó especialmente con los estados fronterizos del norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), concentrando 25% de los crímenes relacionados con el narcotráfico. El estado de Tamaulipas encabezó la tasa de este tipo de delitos y fue la zona cero de una ola de violencia extrema que dejó en todo el país más de 100,000 víctimas, entre fallecidos y desparecidos, de 2007 a 2014.
Si comparamos el periodo anterior a 2007, en el que gobernaba Vicente Fox, con los años posteriores, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, todos los crímenes, sin distinción, se elevaron. El robo domiciliario aumentó un promedio de 33%, mientras que los crímenes de los cárteles de la droga y los secuestros se dispararon 174% y 150%, respectivamente.
Para capturar los efectos de esta escalada de la violencia en la productividad laboral, introdujimos en nuestra investigación la variable ficticia guerra contra el narco. Para nuestra sorpresa, la incidencia sobre la productividad laboral era distinta en los crímenes perseguidos por la autoridad local o estatal y los perseguidos por la autoridad federal.
Fuerzas federales vs fuerzas locales y estatales
Hallamos que los efectos de la criminalidad difieren dependiendo de si los crímenes los procesan las autoridades locales y estatales o las federales. Estas últimas parecen ser más efectivas a la hora de combatir el crimen.
Según nuestros resultados, la mayoría de crímenes perseguidos por las autoridades locales o estatales, sobre todo extorsión, homicidio, secuestro y crímenes contra la propiedad, tienen claramente un efecto negativo sobre la productividad laboral y son estadísticamente significativos. Sin embargo, no lo son en aquellos crímenes bajo la jurisdicción de los mandos federales.
Una posible explicación tiene que ver con el papel que juegan unas y otras sobre el ambiente económico cuando azota la violencia.
Presumiblemente, las autoridades federales son menos corruptibles por los cárteles de la droga y pueden haber sido más efectivas en la lucha contra el crimen que las autoridades locales y estatales.
Otro daño colateral para la productividad
Un efecto indirecto del alza de la criminalidad, pero igualmente negativo en cuanto a la productividad laboral, es el aumento de gasto destinado a seguridad pública, que no ha dejado de crecer desde 2008 pese a la crisis financiera.
Ante el aumento de la violencia, es lógico que los estados inviertan más en seguridad. Estos esfuerzos, si bien útiles desde el punto de vista del combate a la criminalidad, no son inmediatos y pueden pasar años hasta que se traduzcan efectivamente en el control de la delincuencia y redunden en una mayor productividad.
Su efecto inmediato, sin embargo, es negativo para la productividad. Otros autores han hallado que la reducción del presupuesto asignado a la lucha antiterrorista se traduce en un mayor crecimiento económico.
