La crisis financiera global puso en evidencia la necesidad de una adecuada identificación y evaluación del riesgo de liquidez implícito en las carteras de inversión. Es indudable que algunos colapsos de entidades financieras– tanto en los mercados desarrollados como emergentes –, así como las consiguientes turbulencias financieras, fueron causadas, hasta cierto punto, por el impacto del riesgo de liquidez en carteras de acciones estructuradas.

El riesgo de liquidez surge debido a la incapacidad de las entidades financieras para liquidar sus participaciones a precios razonables durante el periodo de liquidación.

En el capítulo “Liquidity risk management in emerging and Islamic markets”, que publiqué como parte del Handbook of Empirical Research on Islam and Economic Life (Edward Elgar, 2017), editado por el reputado académico M. Kabir Hassan, de la Universidad de Nueva Orleans, desarrollo y pruebo empíricamente un enfoque de medición y control de la exposición al riesgo de mercado/liquidez de carteras de inversión que incluyan activos de capital ilíquido en circunstancias de crisis, proponiendo a la vez un enfoque para el establecimiento de límites máximos de riesgo.

El riesgo de mercado de una posición financiera es el riesgo de experimentar cambios en el valor de la posición debido a cambios inesperados en variables de mercado o factores que afectan la misma, como el nivel de los índices bursátiles o acciones individuales.

Para evaluar los riesgos involucrados en sus operaciones comerciales, las principales instituciones financieras están adoptando cada vez más las técnicas y modelos de Valor en Riesgo (Value at Risk - VaR). También los adaptan a sus rasgos individuales. No existe una manera correcta o incorrecta de medir y gestionar el riesgo de liquidez. Todo depende de los objetivos de cada entidad, las líneas de negocio, el apetito por el riesgo y la disponibilidad de fondos para la inversión en proyectos de gestión del riesgo.

A pesar de muchas críticas y limitaciones, el método VaR ha demostrado ser muy útil para medir el riesgo de mercado, y es ampliamente utilizado en mercados financieros y no financieros.

A lo largo del capítulo establezco un marco práctico para la medición, gestión y control del riesgo incorporando los efectos de los activos ilíquidos, característicos de los mercados emergentes e islámicos. Estos efectos de falta de liquidez deben ser tratados con la mayor prudencia y deben incorporarse al marco de optimización del riesgo L-VaR.

Los resultados de este estudio sugieren la inevitabilidad de combinar evaluaciones L-VaR con otros métodos, tales como el análisis de escenarios y pruebas de estrés para captar una visión completa de otros riesgos restantes. En contraste con otros modelos de liquidez comúnmente utilizados, el enfoque que se aplica en este trabajo es más apropiado, ya que considera la liquidación diaria de pequeñas fracciones de los activos tanto de venta corta como posiciones de inversión de largo plazo.

En los últimos años se ha producido una notable mejora en la adopción de una cultura de gestión de riesgos y de regulaciones entre las entidades financieras locales y las instituciones reguladoras.

Esta metodología y los algoritmos de optimización de la evaluación de riesgos pueden representar un avance en las prácticas de gestión de riesgos en los mercados emergentes e islámicos y, sobre todo, a raíz de la última crisis crediticia y los subsecuentes shocks financieros.

En la actualidad, los servicios financieros que ofrecen los bancos se benefician de las nuevas tendencias en aplicaciones móviles. Estas aplicaciones impulsan a su vez la aparición de nuevos operadores en la cadena de valor. Desde mecanismos para simplificar el pago de ventas en línea al crowdfunding o la obtención de capital, las apps promueven mayores niveles de adaptación de los servicios financieros, favoreciendo la inclusión financiera con fines sociales o de mercado.

Los avances tecnológicos permiten a las instituciones financieras aumentar su flexibilidad y decidir en qué medida sus servicios bancarios pueden ser realizados por un tercero. De esta forma, pueden centrarse en lo que consideran esencial, imprescindible o estratégico, y confiar actividades como el diseño, la administración o las ventas a empresas que no forman parte del sistema financiero mexicano. Estos cambios se han convertido en un catalizador de los niveles de acceso bancario y no bancario, y han posibilitado la participación de nuevos intermediarios tecnológicos.

Considerar esta nueva realidad será fundamental para la Política Nacional de Inclusión Financiera de México, que busca un sistema financiero integrado basado en seis puntos clave: desarrollo de conocimiento para el uso efectivo y responsable del sistema financiero; uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera; desarrollo de la infraestructura financiera en áreas no cubiertas; mayor acceso y uso de los servicios financieros formales entre la población excluida; mayor confianza en el sistema financiero a través de mecanismos de protección del consumidor; y generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera.

Inclusión financiera, ¿qué tan grande es el desafío?

Si bien de 2012 a 2015 la población que tenía acceso a algún tipo de crédito, ahorro o producto de seguro aumentó de 56% a 68% en México, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2015), 42,6 millones de adultos no tienen cuenta en el sistema financiero nacional, 11 millones decidieron dejar de ser parte del sistema y ​​31,6 millones nunca lo usaron.

De los 11 millones de antiguos usuarios, 50% canceló sus cuentas porque dejaron de trabajar y no las necesitaron para recibir su salario; 10% tenía una mala experiencia con instituciones financieras; 10% no usaba sus cuentas y 5% no pudo alcanzar el saldo mínimo requerido. Los datos son inequívocos: más de 24 millones de adultos no tienen un producto financiero, aunque en 2012, la cifra era de más de 30 millones.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la educación financiera y la inclusión sustentan el desarrollo social del país y ayudan a incluir a las personas con menos recursos en los beneficios de la economía de mercado. Por ello, es necesario consolidar los objetivos de la reforma financiera para lograr un sistema inclusivo con mayor capacidad de penetración, para ofrecer mejores productos y servicios a toda la población.

La tecnología, un factor disruptivo

La simplificación de los servicios bancarios entraña varios desafíos para el sector tecnofinanciero (fintech). Esta industria se basa en la oferta digital de servicios al cliente mientras que las instituciones financieras producen servicios bancarios, lo que representa una innovación sin precedentes. Un tercero trata con el cliente a través de una tarjeta de débito o de crédito, sin obtener, prestar o proteger necesariamente los valores, ya que solo proporciona la tecnología para la interacción entre los clientes y el banco. Los clientes no tienen por qué identificar la compañía, únicamente reconocen la marca que responde a las solicitudes a través de sus dispositivos móviles.

Como beneficio, los usuarios reciben la conveniencia de múltiples productos financieros consolidados a través de un solo operador, que tratará de ser más transparente y menos costoso, ofreciendo una combinación de productos que pueden provenir de diferentes instituciones financieras, bancarias o no bancarias.

Desde un punto de vista regulatorio, para los nuevos jugadores es más fácil operar porque los costos de implementación de una estructura bancaria son absorbidos por las instituciones financieras bancarias. También es más fácil crear estas nuevas empresas porque no tienen que cumplir con los requisitos legales ni tener la solidez de su experiencia, ni siquiera los niveles legales de capitalización obligatoria para abordar la liquidez de las instituciones. Es así como los nuevos proveedores entran en la cadena de valor de los servicios bancarios sin constituirse como banco, y la cooperación entre ambas instituciones es beneficiosa para la experiencia del cliente.

Además de la tecnología y la penetración bancaria, otro factor de cambio es la creciente interconectividad entre las industrias, que permite mejorar la comunicación entre los proveedores de servicios bancarios y los clientes, que no tienen que visitar una sucursal bancaria. Además, pueden generarse enormes cantidades de datos que contribuyen a la comprensión de las actividades de los consumidores, reduciendo los obstáculos de acceso al crédito.

Por ejemplo, la alianza entre líneas aéreas y grupos financieros permite a los clientes de sus compañías solicitar durante un vuelo una tarjeta de crédito o un producto financiero diseñado exclusivamente para ellos. A través de estos productos, promueven paquetes personalizados, combinando beneficios y gratificaciones a través de compras y viajes con el propósito de otorgar membresías. Los asistentes de vuelo entregan la solicitud de crédito a los clientes y los bancos reciben la información sin un costo de adquisición adicional, ya que la aerolínea ofrece acceso directo a sus consumidores mientras viajan. Los consumidores no se comprometen con dos o más instituciones diferentes para tener acceso a sus servicios, solo tienen contacto con uno de ellos.

Es importante destacar que los servicios son todavía lentos y presentan ciertos inconvenientes para los usuarios. Además, la falta de visitas de los clientes a las sucursales bancarias ha obligado a las instituciones a buscar nuevas formas de generar un compromiso. Asimismo, existe una brecha normativa para actividades muy específicas, como llamadas telefónicas a los usuarios para que autoricen productos bancarios sin un acuerdo verbal específico, lo que les causa molestia y provoca confusión que podría desencadenar cargos adicionales.

Mayor uso de tecnología, menores costos operativos

Junto con el desarrollo de aplicaciones móviles, una mayor competencia en el sector está obligando a los bancos a innovar para seguir ofreciendo servicios atractivos para los clientes y a la vez mantener sus niveles de rentabilidad y continuar brindando los mismos valores diferenciadores. Esto es posible gracias a la mayor capacidad de las instituciones que, a través de herramientas tecnológicas, modifican la cadena de valor para responder a las necesidades de innovación de los servicios bancarios, adaptándose al estilo de vida digital de los clientes.

Los procesos y flujos de trabajo que antes realizaban físicamente los empleados de la sucursal bancaria están siendo reemplazados por interfaces digitales que simplifican el posicionamiento de un producto bancario, ya que la operación digital proporciona información sobre el comportamiento de los clientes esencial para mejorar e innovar productos y experiencias de los clientes.

Como resultado, tienden a reducirse las visitas a sucursales bancarias al tiempo que se proporciona a los usuarios herramientas que les permiten ser autosuficientes en sus operaciones personales desde sus dispositivos móviles, con transacciones automatizadas, pagos programados basados en criterios de los clientes, como la facturación directa, sin requerir una acción frecuente por parte de los usuarios.

Más allá del proceso administrativo, la conciencia generada en los consumidores les permite administrar mejor sus activos al comprender sus tendencias de consumo, categorías y ratios, de acuerdo con sus prioridades, y conocer sus propios límites financieros a través de aplicaciones que registran sus gastos y comportamientos de consumo.

En este contexto, la mayoría de las innovaciones son propuestas por nuevos actores, mientras los bancos se centran en sus actividades estratégicas y transfieren la responsabilidad de las nuevas propuestas tecnológicas a las fintechs. Considerando que forman parte de la cadena de valor, los bancos han comenzado a invertir más recursos humanos y económicos en la apertura y ajuste de procesos para mejorar su oferta de valor. Por ejemplo, algunos grupos financieros han optado por tener entornos destinados al testeo de código de bases de datos para que programadores independientes propongan cambios a plataformas digitales sin ser contratados, propiciando un ambiente de cooperación internacional ilimitado.

Dado que los bancos y las nuevas empresas se interrelacionan dentro del ecosistema financiero, ambos asumen los desafíos como promover la penetración bancaria y la inclusión financiera dentro de un marco regulatorio adecuado, reconocido y aceptado por los bancos centrales.

Limitaciones en México

Como país en desarrollo, México presenta un contexto restringido para los bancos desde el punto de vista cultural y social. El estilo de vida mexicano limita la implementación de ciertas actividades bancarias debido a los obstáculos externos como la falta de acceso a internet, las capacidades limitadas de los dispositivos móviles y la informalidad económica, entre otros.

México se ubica en el puesto 82 de 143 países en factores como conectividad y acceso a dispositivos, aumento de contrataciones de internet de banda ancha móvil e importancia de las TIC en la visión gubernamental, según el estudio "Global Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth", del World Economic Forum. Regionalmente, Chile lidera en América Latina, Colombia se sitúa en el puesto 38 y Brasil, en el 69.

Debido a su estrecha relación con la tecnología, el alcance de los servicios bancarios depende del progreso social; Por lo tanto, los ciudadanos mexicanos podrán aprovechar las herramientas que ofrecen las instituciones bancarias y lograr la inclusión financiera a medida que obtengan mejores dispositivos móviles con acceso a Internet.

Un nuevo escenario: factores conectados

Sin duda, la tecnología se ha convertido en el mayor factor disruptor del sector financiero en general, y del sector bancario, en particular. No se puede ignorar a los nuevos operadores, deben ser considerados pronto. Veinte de los bancos más grandes del mundo han perdido un cuarto de su valor de mercado lo que, combinado, suma un total de aproximadamente 465,000 millones de dólares, según datos de FactSet.

¿Cómo afecta este escenario a México? Cinco de los siete bancos más grandes de México son extranjeros y forman parte de algunas de las principales franquicias mundiales, contribuyendo significativamente a sus ganancias.

Todo se relaciona con el análisis de la pérdida de valor de mercado de los bancos, ya que la devaluación de sus acciones preocupa cada vez más a sus empleados, y sus paquetes de compensación, incluyendo opciones de acciones o valores restringidos, se tornan menos atractivos, afectando su estructura y desempeño. En el caso específico de México, la Política Nacional de Inclusión Financiera debe ser llevada buen puerto, ya que su propósito es lograr un sistema financiero inclusivo capaz de ofrecer oportunidades a la gente y de luchar contra la informalidad y la ilegalidad (en 2014, cifras preliminares del INEGI mostraron que la participación de la economía informal representaba 23,7% del PIB).

Esto exige un esfuerzo considerable, ya que el conjunto de factores que actualmente determina la pérdida del valor bancario -como la economía china, los tipos de interés en Estados Unidos, los precios del petróleo y el brexit- continuará aumentando la presión en el mercado, y dada la participación de los bancos extranjeros en México, podrían verse afectados los objetivos nacionales a largo plazo.

La idea principal del TPP era ampliar los acuerdos multinacionales para competir con superpotencias como China, que quedó fuera del acuerdo. Paradójicamente, es ahora China quien podría beneficiarse al reemplazar a EU en el TPP. Asimismo, esta reconfiguración podría polarizar también la geopolítica en algunas regiones.

Para México esta decisión puede generar sentimientos encontrados: por un lado, permitiría a las exportaciones mexicanas ingresar a nuevos mercados, pero por el otro, se necesitaría definir una estrategia clara y objetiva, diferenciando y añadiendo valor real a los mercados que sirve, así como a los nuevos. Esta estrategia debería evitar lo que podría ser visto por algunos como estrecha competencia histórica con países como China (sobre todo después de su ingreso en la OMC) en términos de lo que se percibe como sus principales ventajas comparativas: valor de la divisa bajo y mano de obra barata, y demostrar que los fundamentos y el potencial de ambas economías pueden ir más allá de eso, buscando una diversificación del mercado donde se acomoden y cooperen en la medida de lo posible. No hay que olvidar que los discursos particularmente enfocados en los déficits comerciales protagonizaron parte de la campaña electoral de EU, quien para diciembre de 2016 tenía un déficit con México de 28 millones de dólares (hay que considerar que en esta cifra se incluyen bienes intermedios, dada la naturaleza del comercio entre ambos países).

¿Fin de la alianza comercial con EU?

La región del TLCAN también se enfrenta al reto de las renegociaciones del acuerdo. Es un momento muy importante para Canadá, Estados Unidos y México, ya que los dos primeros han anunciado que van a continuar con sus acuerdos comerciales, pero no será tan fácil para los dos últimos, cuyos puntos de vista sobre los beneficios del acuerdo difieren. Esto pese a que México es el segundo mercado de exportación para EU con 211.8 millones de dólares en 2016, y éste el primero para México con 270.6 millones de dólares en el mismo año, ya que comparten cadenas productivas muy integradas en algunos sectores, como en el caso de la manufactura, sobre todo, de bienes de consumo masivo por poner uno de varios ejemplos.

Un posible aumento de entre 20 y 35% en los aranceles a productos provenientes de México al vecino país del norte, afectaría en diferentes proporciones a ambos mercados en términos de costos, inversión, inflación y empleo, dañando tanto a productores como a consumidores. Más que involucrarse en una guerra comercial o señalar con el dedo los perdedores y ganadores de los intercambios, ¿no deberían ambas economías mirarse a sí mismas como una cadena de producción regional integrada que aprovecha las fortalezas de cada una y se vuelve más competitiva frente a otros bloques comerciales? El modelo de gravedad, que considera el tamaño y la distancia de los mercados para explicar las corrientes comerciales bilaterales, solía ser una buena explicación económica para acuerdos comerciales como el TLCAN, mas no política, como se demuestra ahora.

Lo que es seguro es que una interrupción en cadenas de suministro globales muy integradas como las de EU y México afectará a la interdependencia que tienen ambos países. Los aranceles a los productos mexicanos no serán la mejor respuesta y no beneficiarán a ninguno de los dos países. En el pasado se ha demostrado que este tipo de medidas proteccionistas no son benéficas, en muchos casos, ni para productores ni para consumidores.

La previsión de crecimiento de México por parte del FMI ha ido cayendo en los últimos meses de 2,4 a 2,1%, y recientemente a 1,7%. Es momento de repensar de manera estratégica un plan económico que considere no solo el comercio en mercados antiguos y nuevos, sino también las variables tecnológicas, sociales y políticas en un entorno muy dinámico y ensombrecido por una certeza: la existencia de mucha incertidumbre.

Los tradicionales métodos para evaluar el riesgo de inversión de carteras con múltiples activos no suelen considerar el riesgo de liquidez, asumiendo un mercado perfecto. Sin embargo, no prestar atención al riesgo de liquidez de inversión puede conducir a una considerable subestimación del riesgo total, sobre todo en mercados emergentes, que suelen ser más ilíquidos.

Con un estancamiento en las economías desarrolladas, los fondos de inversión y gestores de fondos vuelven a mirar hacia los mercados emergentes por sus atractivos rendimientos. En este tipo de mercados ilíquidos cobran importancia las herramientas que miden el riesgo de liquidez, permitiendo a los gestores de riesgo y gestores de fondos asignar un horizonte preferido de liquidez y distribuir a largo y corto plazo los activos de inversión de forma racional.

Los modelos para evaluar los riesgos de liquidez (Liquidity-Adjusted Value at Risk – L-VaR) proveen tácticas para asignar activos que pueden usarse en carteras de inversión bajo condiciones de mercado adversas. Para estimar los riesgos de liquidez, en mi investigación he aplicado los modelos RiskMetricsÔ (J.P. Morgan), Al Janabi 1 y Al Janabi 2 (este último más conocido en la literatura especializada como el “modelo Al Janabi”). Comparo los resultados de la aplicación de estos tres modelos sobre distintas carteras de inversión en mi más reciente capítulo, “Value at Risk Prediction under Illiquid Market Conditions: A Comparison of Alternative Modeling Strategies”, publicado en el libro Risk Management in Emerging Markets: Issues, Framework, and Modeling.

Me he centrado en la poco explorada región del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, formada por Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, economías emergentes comparativamente más ilíquidas. Seleccioné un conjunto de datos diarios sobre los rendimientos de las bolsas de estos países. Mediante la aplicación de los distintos modelos de liquidez de activos en un contexto multivariable, y con limitantes financieros y operacionales, hallé que, en ciertas estrategias de inversión, como ventas de acciones en corto, es crítico el modelo L-VaR seleccionado para la asignación de capital, especialmente en contextos de crisis. En estos mercados emergentes, no prestar atención a riesgo de liquidez de inversión puede conducir a una considerable subestimación de los riesgos.

Calcular el riesgo de los activos líquidos puede ser útil para cualquier inversor que posea una cartera de inversión, pero también para las instituciones financieras, ya que las crisis de liquidez han estado detrás de muchas de las quiebras de entidades. Por ello, cada vez más las entidades financieras están usando las técnicas de L-VaR para medir los distintos riesgos de sus operaciones de inversión. Concretamente, éstas recurren a modelos internos de evaluación de riesgos hechas a la medida, para responder a las características propias de cada entidad.

Los Acuerdos de Basilea para el control y la medición del riesgo financiero permiten que cada institución financiera construya su propio modelo interno de riesgo, reservando su colchón de capital para contener las posibles turbulencias de los mercados. De hecho, estos modelos internos de riesgo se pueden usar para determinar el capital que necesitan las instituciones financieras para respaldar sus títulos, y así cumplir con las regulaciones actuales de gestión de riesgos. Si no se tiene en cuenta el riesgo de liquidez, las instituciones financieras podrían usar indebidamente su colchón de capital, requerido para absorber shocks inesperados del mercado.

En general, el riesgo en la inversión de liquidez de activos procede de su dificultad para comerciar con ellos. Esto influye en la capacidad de los agentes financieros de comerciar o liquidar sus posiciones de inversión. Muchas insolvencias se deben a que las entidades financieras no se pueden deshacer de sus participaciones, y por ello el valor líquido de los activos de inversión puede diferir considerablemente de su valor de mercado real.

Sin duda, el crecimiento de la inversión en activos en mercados emergentes demanda una reevaluación de las técnicas y métodos de gestión del riesgo de mercado y liquidez, como la metodología multivariada de L-VaR, tomando diferentes horizontes de liquidación y factores de correlación, volúmenes de inversión, y previsión de volatilidad y rentabilidad esperada. Como sugieren los hallazgos de esta investigación, el riesgo de inversión de liquidez de activos debería estar incluido en cualquier evaluación de desempeño como parte de la rentabilidad ajustada para la compensación de riesgos.

Las monedas de América Latina, como el peso mexicano o el peso colombiano, así como las de otras economías emergentes, han sufrido una fuerte caída frente al dólar estadounidense en los últimos dos años, perdiendo cerca de la mitad de su valor. Esta alza en el tipo de cambio es un riesgo para las economías, ya que puede trasladarse a los precios al consumidor, dañando su capacidad adquisitiva, e impactar negativamente al sector productivo.

Ante esta situación, sin embargo, no todos los bancos centrales han reaccionado de la misma forma, o al menos no con políticas dirigidas directamente a afectar el tipo de cambio. ¿Qué políticas han guiado su acción? ¿Está entre sus prioridades mantener estable el tipo de cambio o pesa más el control sobre los precios en sus decisiones?

En una reciente investigación que realicé en conjunto con el Dr. Francisco G. Carneiro, del Banco Mundial, y el Dr. André Varella, de la University of Texas Río Grande Valley, publicada por el Banco Mundial en su colección de trabajos Policy Research Working Paper Series, examinamos la relación entre las tasas de interés y el tipo de cambio en economías emergentes en el marco de su política de control de la inflación. Con el título “Inflation Targeting and Exchange Rate Volatility in Emerging Markets”, el artículo explora cómo reaccionan los bancos centrales a la volatilidad del tipo de cambio en países que aplican esquemas de control de la inflación y en países cuyos bancos centrales no contemplan esos mecanismos.

Desde los años 90, los bancos centrales han concentrado sus esfuerzos en garantizar la estabilidad de precios a largo plazo empleando el llamado esquema de los objetivos de inflación. Si bien esta política fue iniciada por los bancos centrales de economías desarrolladas como Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Suecia o Australia, en las dos últimas décadas han proliferado variantes de estas estrategias en economías emergentes, entre las cuales destacan Brasil, Chile, Israel, Perú o México. Hasta ahora, se ha demostrado que los países que han adoptado el esquema de objetivos de inflación han conseguido mantener tasas de inflación en un nivel bajo, de acuerdo con sus metas. También se ha demostrado, en algunos casos, que favorecen el crecimiento del PIB. ¿Pero han sido igualmente eficientes para evitar la volatilidad en el tipo de cambio?

Para indagar sobre la cuestión, analizamos la relevancia del tipo de cambio en la función de reacción de los bancos centrales de 24 economías emergentes: 9 de ellas siguen políticas para el control de la inflación (inflation targeters, IT) y 15 de ellas, no (non-inflation targeters, non-IT). La muestra incluye países de América Latina, Asia, África y Europa del Este, y rastrea los datos desde el primer trimestre del 2000 al segundo trimestre de 2015.

Las investigaciones en la materia sugieren que es importante considerar el tipo de cambio como parte del marco de actuación del control de la inflación, ya que interactúa con otros factores. En nuestra investigación tuvimos en cuenta estas implicaciones, así como otros factores endógenos. En un primer análisis, comprobamos que las economías IT muestran niveles inferiores de inflación en promedio (3.97%), comparado con las non-IT (6.27%), así como menos volatilidad en el tipo de cambio (0.28%) que las non-IT (0.73%).

También observamos que mientras que los bancos centrales de las economías IT y las non-IT no suelen reaccionar al crecimiento económico, ciertamente otorgan una importancia distinta a la inflación y al tipo de cambio. Por un lado, detectamos que los bancos centrales de los países non-IT reaccionaron a las fluctuaciones en el tipo de cambio, pero solo en el periodo anterior a la Gran Recesión (2008), lo que sugiere un cambio estructural en la acción de los bancos centrales, que priorizarían cada vez más la inflación y no tanto la volatilidad en el tipo de cambio. Por otro lado, los resultados también ponen en evidencia que los bancos centrales de los países IT solamente reaccionan a movimientos en la inflación y raramente a otros factores, como podría ser el crecimiento económico a corto plazo.

Estos resultados confirman que la política de control de la inflación ha sido útil para que los bancos centrales fijen sus expectativas sobre los precios y se facilite así su gestión macroeconómica. No obstante, la adopción de un esquema IT puede no ser apropiado para todos los países. Para tener éxito con este enfoque los países deben garantizar la independencia de sus bancos centrales, definir metas de inflación de corto y largo plazo, ser transparentes en la información que presentan a los mercados y rendir cuentas acerca de las metas establecidas.