Como era de esperarse, conforme se aproxima el cierre de las campañas presidenciales en México, se ha recrudecido el flujo de promesas -que se ha convertido de hecho en un torrente-. Una parte considerable de ellas consiste en etiquetar beneficios económicos gubernamentales a grupos específicos de ciudadanos. Vale notar que esto no es un fenómeno peculiar de nuestro país: se trata de una práctica política universal.
A primera vista, parece que los recursos en cuestión provendrán del fisco. Pero, por supuesto, en realidad el pago consecuente siempre corre a cargo de la comunidad.
¿Por qué? Porque hay únicamente dos formas de pagar por el gasto público: impuestos hoy o impuestos mañana. El endeudamiento es sólo una manera de posponer lo inevitable: tarde o temprano habrá que pagar "el capital y/o los intereses". Cuando la deuda se financia con emisión de dinero, el efecto es la inflación, que es otra clase de tributación -Una bastante regresiva, por cierto; esto es, que incide más sobre las personas de bajos ingresos-.
En el caso de Estados Unidos, los críticos de la administración Biden dicen que el presidente, ahora en plena campaña, "ha inundado la economía" con transferencias, donativos y subsidios, empleando para ello dinero prestado. De hecho, a lo largo de su gestión, la deuda pública bruta federal ha pasado de 26.9 trillones de dólares en 2020 a 33.0 trillones en 2023, y se calcula oficialmente que alcanzará 35.1 trillones al final de este año. Las cifras citadas son del Economic Report of the President, 2024. (Un trillón, en la nomenclatura estadounidense, equivale a un millón de millones, esto es, a un uno con doce ceros). Según las propias estimaciones gubernamentales, la deuda representará este año 124% del PIB, cuando diez años antes era "sólo" 100%.
Los críticos concluyen que el régimen actual no tiene plan alguno para enfrentar el problema, y calculan que la deuda continuará creciendo a razón de un trillón cada cien días, o algo así.
Difícilmente podría ser de otra manera: en las circunstancias electorales que corren, el asunto tendrá que esperar hasta que, lo que hoy es políticamente inviable, sea económicamente inevitable. (Quién sabe de dónde plagié la frase, pero no importa, porque es muy buena).
Desde luego, en el trasfondo del tema ha estado el aumento del gasto público, que no se ha compensado con un alza de impuestos. En la gráfica se ilustra la trayectoria del cociente entre dicho gasto y el PIB. En ella se notan sin esfuerzo dos "picos" extraordinarios, uno en 2009 y otro en 2020. La explicación de lo ocurrido es muy sencilla: en esos años el gobierno incrementó sus erogaciones en forma abrupta, para tratar de contrarrestar, respectivamente, las consecuencias negativas de la Gran Recesión Mundial y de la pandemia del Covid-19. En el primer caso, la proporción regresó al tamaño que tenía previamente, pero no fue así en el segundo. El ascenso de la magnitud relativa de la deuda ha sido la consecuencia ineludible.
Para atenuar las críticas, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha planteado recientemente la idea de aumentar los impuestos a las ganancias de capital, elevando la tasa y gravando la apreciación de activos aun sin realizar. Eso es una mala idea y no tiene futuro inmediato.
Según se dice, el autor del título de este artículo fue Louis Brandeis, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos hace algo así como un siglo. Se refiere a la intención de obtener ganancias utilizando el dinero de otras personas, y se emplea por lo común para referirse a operaciones financieras especulativas -y no siempre escrupulosa-. En mi opinión, el término se aplica perfectamente al uso de los recursos públicos por parte de algunos políticos. Después de todo, el dinero es de los contribuyentes.
El autor es profesor de Economía de EGADE Business School.
Artículo publicado originalmente en Reforma.