La OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) publicó la semana pasada los resultados de su evaluación internacional de estudiantes, llamada PISA (Programme for International Student Assessment). Como siempre, los mexicanos se ubicaron cerca de los últimos lugares en la clasificación del total de 77-78 países, que se basa en su competencia relativa en matemáticas (61/77), lectura (53/77) y ciencias (57/78). Si el cotejo se limita a las naciones pertenecientes a la OECD, México se situó en el último escalón en las tres materias.
Al respecto, como era de esperarse, la SEP atribuyó el resultado a la corrupción. Tiene razón, al menos en parte. La situación es consecuencia del virtual monopolio histórico del Estado en la prestación del servicio, y de la inevitable simbiosis que ha existido con un monstruoso sindicato de su propia creación. La corrupción era, y es, un aspecto connatural a un arreglo institucional de ese tipo. A simple vista, la contrarreforma educativa decidida por la 4T no cambiará para bien las reglas del juego.
La SEP pretendió desestimar la relevancia de los datos, argumentando que la comparación con los integrantes de la OECD no es pareja, considerando que se trata de un club de países ricos. Esto es cierto, pero no altera el hecho de que la posición rezagada de México no ha cambiado a lo largo de los años.
En todo caso, hablando de comparaciones, no deja de ser curioso que, cuando se refiere a la carga tributaria en México, una y otra vez a lo largo del tiempo, el Gobierno federal ha usado los números correspondientes a los miembros de la OECD, para sostener que en México se pagan pocos impuestos. Al parecer, el cotejo "vale" para ciertas variables, pero no para otras. Entiendo que en sicología eso se llama "sesgo confirmatorio": uno encuentra lo que busca, siempre que valide la tesis que propone, o el prejuicio en el que cree.
La semana pasada, conocimos también el monto de las remesas que los trabajadores mexicanos en el extranjero enviaron a sus familiares, correspondientes a octubre 2019. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) publicó sobre el tema una nota particularmente ilustrativa. No es la primera vez. De octubre 2018 al mismo mes de este año, dijo CEMLA, el monto acumulado de los envíos en cuestión superó los 36,000 millones de dólares. Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Edo. de México y Oaxaca fueron las entidades federativas que recibieron los montos absolutos más grandes. Las siguieron Puebla y Guerrero. Entre las mencionadas, como se sabe, están algunas de las más pobres del País. Por ello, afirma CEMLA justificadamente, lo ocurrido "ha tenido un impacto muy positivo en los niveles de vida de (...) millones de hogares...
La nota destaca dos aspectos adicionales: el empleo de las mujeres migrantes ha venido creciendo, mientras que el de los hombres todavía está muy por debajo (más de 300 mil) del alcanzado en 2007, es decir, antes de la Gran Recesión Mundial.
El reporte contiene, además, cálculos del incremento en el poder de compra de las remesas, ajustando su valor nominal en dólares por la depreciación del peso y por la inflación en México. Como sea que se le mida, el aumento ha sido muy significativo.
De acuerdo con las cifras de la Oficina de Censos de Estados Unidos, citadas por CEMLA, en 2018 la población migrante de origen mexicano se redujo por cuarto año consecutivo. Sin embargo, del año 2000 a 2018, la población total de origen mexicano pasó de cerca de 22 millones de personas a casi 37 millones. Esto quiere decir que representa ahora un poco más del 11% de toda la población del vecino país del norte.
Como he apuntado en otras ocasiones: el Gobierno federal adopta respecto al fenómeno migratorio una postura peculiar: por un lado, lamenta el flujo hacia afuera de personas, pero, por el otro, celebra el flujo de divisas hacia adentro. Son dos caras de la misma moneda: una exportación de servicios.
Publicado originalmente en Reforma.