La inflación anual correspondiente a febrero (3.7%) "sorprendió" a los analistas, que previeron una cifra menor. Aritméticamente, lo sucedido se ha atribuido a los cambios de los precios de los productos agropecuarios y de los energéticos, sobre todo de los primeros. (Véase gráfica). Vale preguntarse cuál será la decisión de las autoridades en lo que toca al precio nacional de los combustibles, dada la caída de la cotización mundial del crudo. En Estados Unidos, cuando se reduce el precio del petróleo, se reduce lógicamente también el precio al menudeo de la gasolina. Pero claro, allá el mercado es libre.
El Gobierno mexicano ha tratado de atenuar la percepción del impacto negativo del Conavid-19 en la economía nacional. Su loable fin es tranquilizar a los participantes en los mercados, sobre todo en los financieros. Esta es una reacción estándar por parte de las autoridades, en todas partes.
Desafortunadamente, en los números oficiales "recientes" no hay algo que pueda sustentar una postura optimista. En particular, el dato referente al crecimiento de la inversión sigue siendo negativo; las exportaciones de manufacturas subieron apenas 2% anual el pasado mes de enero; la tasa de desocupación aumentó; la producción industrial continúa cayendo; etc. Así pues, la situación inicial dista de ser favorable.
Es cierto que las finanzas públicas están equilibradas en el corto plazo, y que existe el saldo (disminuido) de un fondo financiero del que se puede echar mano. Sin embargo, es obvio que el desplome abrupto del precio del petróleo ha aumentado la vulnerabilidad de Pemex. Al mismo tiempo, la debilidad persistente de la actividad económica ha incidido, e incidirá, en la recaudación tributaria. Por otra parte, la composición actual del gasto público significa que es bastante inflexible a la baja. La SHCP tiene enfrente un problema muy difícil de resolver, inmediato y por venir.
El salto de la inflación, la depreciación del peso y el "choque" externo a la actividad económica --originado en la pandemia--, se han combinado para integrar un reto formidable para la política monetaria de México. Hasta hace poco, el consenso entre los enterados era que Banxico reducirá en 25 (¿50?) puntos base su tasa de interés objetivo el próximo día 26. Ahora, supongo que el curso volátil de las principales variables motivará, al menos, una seria reconsideración de tal expectativa. No es el momento ideal para ser banquero central.
Joseph Stiglitz sigue insistiendo, en distintos foros, que todos los males del mundo --incluyendo (¿en serio?) el Conavid-19--, son consecuencia del paradigma neoliberal que ha dominado la política económica y social a lo largo de muchas décadas. Una de sus facetas, dice Stiglitz, es que se ha hambreado (starved) a los gobiernos. ¿De veras?
Veamos una estadística referente a Estados Unidos. En 1970, el gasto combinado del gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos locales representaba 34% del PIB. Cuarenta años después, había aumentado a cerca de 43%. En 2019 bajó a "sólo" un poco menos de 37%. (Las cifras son del Bureau of Economic Analysis). Francamente, ni el nivel absoluto ni el tamaño relativo de las erogaciones sugieren una entidad que ha carecido de recursos. Ello, sin considerar el enorme aumento del poder gubernamental en la economía por la vía regulatoria, que desacredita la obsesión de Stiglitz con la supuesta existencia de un mercado sin restricciones.
En lo que toca al promedio de los países de la OCDE, resulta que el "gasto del gobierno general" ha significado recientemente más del 40% del PIB. Así es en el Reino Unido. En Francia, Finlandia y Dinamarca, el cociente es superior al 50%.
La afirmación de Stiglitz parece otro más de sus excesos retóricos.