Lo público no siempre es público...y nunca es gratuito

Varios analistas que por lo común deploran la ineficiencia del gobierno mexicano, plantean como quiera la conveniencia de asignarle toda suerte de tareas. Esto es, más allá de lo crítico, como es cuidar la seguridad física y patrimonial de los habitantes - -lo que incluye los servicios de la policía, del ejército y de los administradores de la justicia- -.Algunos de ellos se apoyan en una noción popular de lo que son los "Bienes Públicos". Otros, en la conveniencia de establecer un "Estado del Bienestar". En cualquiera de esos dos enfoques, la implicación inescapable es un aumento del tamaño del sector público en la economía, tanto en términos de su gasto como de su contraparte obligada: la tributación.

Los bienes no tan públicos

Estrictamente hablando, lo que los economistas definen como un "bien público" tiene dos características: 1.-una vez producido, nadie puede ser excluido de su disfrute; y, 2.-su disponibilidad no se reduce cuando se usa. Muy pocos bienes o servicios presentan cabalmente esos rasgos. El ejemplo clásico es la defensa nacional.

Sin embargo, en términos coloquiales, se denominan bienes o servicios públicos cosas como la educación, el cuidado de la salud y la infraestructura física. En rigor, no lo son. Si en verdad lo fueran, no podrían existir las escuelas privadas (cuyo acceso depende del pago de una colegiatura); tampoco los hospitales privados; ni las autopistas de cuota.

Hace muchos años, un notable profesor de finanzas públicas (R. Musgrave) postuló la noción de lo que calificó como "bienes meritorios": bienes que, aunque pueden ser privados, la comunidad juzga que deben ser proveídos por el gobierno - -al menos en parte- - sin que su uso esté sujeto a un precio. Ese es el caso, estándar, de la educación primaria.

Desde luego, el hecho de que tales bienes se ofrezcan al consumidor gratuitamente no significa que no tengan un costo. Cuando el gobierno asume la tarea de proporcionarlos, el consecuente gasto de recursos se financia con impuestos o con deuda. En otras palabras, lo pagan obviamente, de una manera u otra, los ciudadanos. Lo dice muy bien la sentencia contundente de Milton Friedman: "No hay lonche gratis". (Versión norteña).

Agrandar infundadamente la lista de "bienes públicos" puede conducir a la hipertrofia gubernamental y a la sobrecarga presupuestal.

Aquí, vale una aclaración clave: que el gobierno provea los "bienes públicos" no implica por necesidad que el gobierno los produzca. Si la provisión pública pretende la equidad, la producción privada propicia la eficiencia. Va un ejemplo actual: Paxlovid es un medicamento (dual) contra el Covid-19. Se produce en la India y en China, y lo distribuye Pfizer en Estados Unidos a través de farmacias como CVS, Walgreen, etc. Llega al enfermo sin costo para él, porque lo paga el gobierno.

El fisco del bienestar

La definición del "Estado del Bienestar" admite varias acepciones. Como quiera, en la realidad, es posible que se acepte sin mucha discusión calificar como tales a los países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca...). Según los datos de la OCDE, en esas economías desarrolladas el gasto público, como porcentaje del PIB, se sitúa por arriba del 45%. En México, a juzgar por las estadísticas oficiales, a lo largo de los diez años más recientes, el tamaño relativo del gasto público no ha cambiado en forma muy significativa. Es cierto que ha subido durante la administración actual, pero no ha rebasado el casi 27% que tuvo allá por 2016.

Así pues, la noción de un (soleado) "Estado del Bienestar" mexicano es irreal: 1.-tendría que acompañarse de una (impensable) propuesta de reforma impositiva que permitiera casi duplicar (!) la magnitud actual del gasto público; y, 2.-supondría un nivel escandinavo de eficacia e integridad muy ajenos a nuestra realidad.
 

El autor es profesor de Economía de EGADE Business School.

Artículo publicado originalmente en Reforma.