En México, de acuerdo con una nota periodística reciente, un proyecto de decreto presidencial dice que la "Secretaría de Salud podrá de manera inmediata utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes". (Una requisa, pues; el énfasis es mío).
En Estados Unidos, una propuesta también reciente consiste en que el gobierno obligue al sistema económico a producir los equipos y los medicamentos necesarios para enfrentar la enfermedad. Hasta ahora, las empresas, de por sí, han respondido bien a la demanda.
La función primordial del Gobierno es la seguridad física y patrimonial de la gente. (Al respecto, el Gobierno mexicano ha rendido cuentas insatisfactorias, pero eso es otra historia). Las dos medidas referidas se fincan en el enorme costo humano potencial de la infame pandemia. A mi juicio, eso no es el centro de la discusión. Lo controversial de veras consiste en las implicaciones políticas de las propuestas. Específicamente, en darle a la burocracia un poder discrecional muy significativo, como el ejercido en tiempos de un conflicto armado. Esto desasosiega en particular a quienes prefieren un sector público acotado.
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En la teoría de la economía del sector público, el debate de fondo es viejo, pero no obsoleto. Un economista alemán, Adolph Wagner, propuso en 1911 lo que llamó la Ley del Incremento de las Actividades Estatales. De acuerdo con su tesis, conforme crece una economía, el sector público aumenta a una tasa superior que la del sector privado. La experiencia europea validó durante décadas del siglo pasado la "Ley" en cuestión. En varios países, la fracción del gasto público en el PIB creció en unos treinta puntos porcentuales. Y con ello, como era inevitable, creció la carga tributaria. En Estados Unidos, al otro lado del océano, sucedió algo parecido.
Allá por el cierre de los sesentas, un economista estadounidense, Richard Musgrave, atribuyó (Fiscal Systems) el crecimiento del tamaño relativo del sector público a un fenómeno peculiar: el gasto gubernamental aumentaba abruptamente en el caso de una guerra, pero, después de ella, no regresaba del todo a su nivel inicial. Los políticos y los burócratas se encargaban siempre de descubrir nuevas actividades "apropiadas" para el sector público.
Veinte años después, Robert Higgs publicó un libro estupendo, intitulado Crisis and Leviathan. Su tesis central extendió el argumento de Musgrave, y es muy relevante hoy día: en tiempos de crisis, crece la demanda de una mayor intervención gubernamental en la economía (y en otros órdenes de la vida social), sin la necesaria consideración de cuáles serán sus efectos subsecuentes. Y esto último es clave, por supuesto.
Por ejemplo, en Estados Unidos se ha puesto en práctica un enorme y diverso "paquete" de apoyo económico, frente a los daños previsibles del Covid-19. Los que siguen son unos cuantos ejemplos de sus componentes, y de sus consecuencias colaterales.
1.- El Fed se ha encargado de proveer liquidez al sistema financiero, para aminorar el riesgo de un colapso del sistema bancario. ¿Cómo? Comprando masivamente valores públicos y privados, y pagando con creación de dinero.
2.- La intención del grueso del "paquete" es transferir temporalmente recursos a la población, para paliar la caída del consumo. El resultado será, sin remedio, un abultamiento del ya considerable déficit fiscal. ¿Quién lo pagará? El público, con más impuestos, eventualmente.
3.- Para complementar los puntos previos, se plantea apoyar a las empresas que, aunque no estén directamente relacionadas con el sector salud, sean productoras de bienes y servicios "básicos". La cuestión es definir qué quiere decir "básicos" --y quién lo decide--.
Y así por el estilo.
Leviatán seguirá creciendo en Estados Unidos, eso parece inevitable. En nuestro caso, crecerá El Ogro (no tan) Filantrópico de Octavio Paz.