La crisis de la inversión

El desarrollo económico mundial de los trescientos años más recientes, ha sido impresionante. Quienes lo han estudiado han postulado como explicación una variedad de factores: el clima; la cultura; la religión; la acumulación de capital; la tecnología; las instituciones; la educación; las ideas; el gobierno; etc.

En los libros de texto, los elementos mencionados entran en juego en mayor o menor medida. No es aventurado decir que el más destacado entre ellos es la inversión, tanto en activos físicos como en seres humanos. Es lógico. Por ejemplo, el común de los avances tecnológicos requiere para su puesta en práctica nuevos equipos y estructuras, y personal capacitado.

Por ello, cuando el propósito es lograr una tasa de crecimiento económico alta y sostenida, se enfatiza la creación de un ambiente propicio para la inversión. Esto incluye, al menos, estabilidad política e Imperio de la Ley (Estado de Derecho).

En México, la inversión total ha representado alrededor de 20% del PIB a lo largo ya de dos décadas (en 2019, 17.4% fue privada y 2.6% pública). En comparación con otras economías en desarrollo, y respecto al dinamismo deseado para la producción, dicha fracción es probadamente baja. Además, en el pasado inmediato la inversión ha venido cayendo. Este es un aspecto alarmante en la situación crítica actual, caracterizada por una recesión en vías de profundización.

Sin embargo, según el Gobierno federal, la inversión pública impulsará una eventual recuperación de la economía mexicana, post-virus. La intención es entendible, pero la efectividad es dudosa. Por varias razones: 1.-su tamaño relativo es reducido (ver gráfica); 2.-ha venido contrayéndose; 3.-la productividad de los proyectos en curso es cuestionable; y, 4.-las finanzas públicas tienen un margen de maniobra muy limitado. Es muy riesgoso imaginar que este último problema se resolverá echando mano de "reservas" no especificadas, y de "ahorros" difusos.

La ilustración sirve además para recordar un aspecto importante de la política fiscal mexicana: en el pasado reciente, frente a una desaceleración de la actividad económica nacional, como consecuencia de un "choque externo", la inversión pública creció en forma significativa. Así sucedió al menos en dos ocasiones: 1.-cuando ocurrió una recesión leve en Estados Unidos (2001-2002); y, 2.-cuando la economía mundial sufrió la llamada Gran Recesión (2008-2009). (Episodios señalados con flechas ascendentes en la gráfica).

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Un verdadero Estado de Derecho (Rule of Law) es uno de los grandes ausentes en nuestro medio. Según The World Justice Project, una organización internacional independiente, los elementos de dicho concepto son cuatro. Vale destacar uno de ellos: leyes claras, estables y aplicadas imparcialmente, que protegen los derechos humanos fundamentales, incluyendo la protección de los derechos de propiedad y la vigencia de los contratos. La relevancia clave de lo enfatizado, para el caso mexicano actual, no necesita elaboración. (Aeropuerto, cervecería).

Por cierto, el citado World Justice Project elabora un índice internacional de Rule of Law, compuesto de ocho subíndices. Para el año de 2020, México ocupa el sitio 104 entre 128 países. En el lugar de deshonor de tal listado se ubica --sin sorpresa, obviamente-- Venezuela. Más todavía: entre 2015 y 2020, el índice en cuestión, para México, ha venido descendiendo. (Lo que tampoco causa asombro).

La conclusión de lo dicho es apenas una repetición de lo consabido, pero no por ello sale sobrando: para salir de la crisis en curso, y, sobre todo, para acelerar con visos de durabilidad el crecimiento económico de México, es indispensable fomentar la creación de capital privado (físico y humano) o, al menos, no entorpecerla.

"El Estado de Derecho es crítico para el desarrollo económico" (F. Fukuyama, Political Order and Political Decay, 2014).