El artículo de la semana pasada ("La CEPAL, la IED México: algunos datos y algunas críticas") atrajo varios comentarios de parte de lectores atentos y (casi todos) amables. En total, me sugirieron que aclarara ciertas frases. Estoy de acuerdo con ellos. Lo intentaré a continuación.
En cuanto a la lentitud del crecimiento económico en América Latina, dije: "la combinación de un marco institucional ineficiente, con políticas públicas inapropiadas. constituye la receta estándar infalible para generar un subdesarrollo económico desigual".
¿Qué significa "un marco institucional ineficiente"? En primer lugar y en palabras simples, quiere decir un gobierno incapaz de proteger la integridad fisica patrimonial de los ciudadanos. Tal es la función gubernamental primordial, la que justifica su existencia misma, la irrenunciable. ¿Qué más? Quiere decir también la vigencia de "reglas del juego" (leyes, reglamentos, prácticas) que, en lugar de propiciar, desalientan el esfuerzo productivo, la creatividad, el ahorro, la inversión y la asunción de riesgos. En una frase, la ausencia del Estado de Derecho.
En una situación así, el progreso económico será raquítico, si es que ocurre.
Y sus magros beneficios no llegarán los estratos más bajos de la población.
Hace muchos años (1775), Adam Smith lo dijo muy bien: "Para llevar un estado de la barbarie más baja al más alto nivel de opulencia, el requisito es poco más que paz, impuestos moderados y una administración tolerable de la justicia; todo lo demás vendrá en el curso natural de las cosas". ¿Qué es "el curso natural de las cosas"? La actividad económica ordinaria de las personas, en busca de su bienestar.
Todo lo anterior tiene que ver con el argumento de la CEPAL expuesto en el artículo referido al principio, según el cual, la Inversión Extranjera Directa (IED) "puede constituir.. una fuerza significativa" para acelerar el crecimiento económico. Esta recomendación coincide, irónicamente, con el punto número siete del famoso decálogo llamado Consenso de Washington, planteado por John Williamson allá por 1989. Digo irónicamente porque, si bien al inicio el Consenso fue elogiado y (más o menos) aplicado en varios países, se convirtió después en objeto de toda suerte de críticas denuncias. Entre otras, destacaron las originadas en la izquierda del espectro político. En contraste, y en ello estriba la ironía, la CEPAL siempre ha sido considerada una institución "progresista".
Ahora bien, para atraer la IED, la CEPAL planteó una lista de políticas entre las que incluyó garantizar "un marco regulatorio claro y predecible para los inversionistas". En efecto, vale la reiteración: una regulación confusa y excesiva no sólo es un obstáculo para la inversión, es también un factor que favorece la corrupción.
Y, desde luego, el marco en cuestión debe ser confiable. La razón es muy sencilla: de por sí, toda inversión implica un riesgo. La incertidumbre de posibles cambios arbitrarios en "las reglas del juego", por parte de las autoridades, implica aumentar dicho riesgo y disminuir, por tanto, el atractivo de la operación.
Abundan los ejemplos. Señalo aquí otra coincidencia: esta última sugerencia cepalina se inscribe sin esfuerzo en el concepto más amplio definido por el punto décimo del Consenso (sic): "Garantizar el derecho de propiedad".
Concluyo apuntando que, al parecer, las recomendaciones de Williamson (q.e.p.d.), desacreditadas por muchos durante décadas, siguen teniendo actualidad. Es una lástima que no se apliquen como debiera.
El autor es profesor de Economía de EGADE Business School.