Hace una semana, Janet Yellen (JY), la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, reiteró en un discurso importante las líneas principales de la política fiscal de la administración del Presidente Biden. Algunas de sus tesis son contrarias a los hechos. A pesar de ello, varias de sus propuestas resultan razonables.
"Durante décadas -dice JY- el enfoque prevaleciente ha sido la necesidad de disminuir y luego limitar el tamaño del Gobierno como una parte de la economía". En la realidad, no ha sido así. Durante los 50 años más recientes, el gasto anual del gobierno federal como porcentaje del PIB fue 20.6% en promedio, con un "pico" de 24.4% en 2009 y un "valle" de 17.7% en 2000. A lo largo de medio siglo no se encuentra evidencia empírica de la alegada "necesidad de disminuir... el tamaño del gobierno". Históricamente, una cierta estabilidad ha sido la norma. Ahora bien, el cociente en cuestión aumentó a 31.2% el año pasado, dada la reacción gubernamental frente a los estragos económicos y sociales de la pandemia. Tal incremento abrupto no avala la idea de límite alguno en dicho tamaño. La expresión citada de JY es, a mi juicio, una opinión sin apoyo.
Vale reconocer que JY admite que "se han hecho excepciones" en respuesta a "choques... y recesiones", y las califica de "temporales". Esto último pone de manifiesto que prefiere una tendencia al agrandamiento del papel del gobierno. Y eso es precisamente, lo que propone: un Gran Gobierno.
En concreto, dice JY, "es tiempo de que nuestro gobierno juegue un papel más activo y más inteligente en la economía". Y añade: las acciones de la administración no tienen la intención de alcanzar (target) "un tamaño específico del gobierno". Desde luego, es difícil disentir del deseo que las intervenciones gubernamentales en la economía sean más inteligentes, dada la torpeza mental que las caracteriza con harta frecuencia. En cuanto a la magnitud relativa el gobierno, no cabe duda: lo planteado se traducirá en un aumento más que significativo.
Hace un par de semanas comenté en estas páginas los elementos principales del programa de gasto de J. Biden, que JY repite sin agregar algo sustantivo. En este punto, cabe reconocer el rezago existente en materia de infraestructura física, y las deficiencias añejas del sistema educativo, que requieren, en la práctica, mayor gasto público. En ello, JY tiene razón... suponiendo que la burocracia puede administrar dichas erogaciones con eficiencia.
En lo que toca a la parte impositiva, JY enfatiza la intención de gravar más a los ricos y de "reformar fundamentalmente el sistema tributario de las empresas", para que "asuman su parte justa" de la carga impositiva. Esto último (la justicia) lleva el tema al terreno de lo normativo, donde personas razonables han estado discutiendo sin resultado desde hace siglos. En todo caso, en el aspecto técnico es importante señalar que las empresas no pagan impuestos, sólo los recaudan por anticipado. El impuesto sobre las utilidades se traslada hacia atrás, incidiendo sobre los propietarios y los trabajadores, y hacia adelante, incidiendo sobre los consumidores. Lo que proponemos, dice JY, es "regresar (este impuesto) hacia sus normas históricas", pero no nos dice por qué tales normas son deseables.
El último tema del discurso de JY fue la creciente desigualdad del ingreso y de la riqueza. Para atacarla, JY plantea una mayor "inversión" en educación, cuidado infantil y salud. Esta intención es plausible. JY la acompaña con la letanía obligada de "una serie de reformas tributarias que aseguren que los individuos ricos estén pagando su justa parte".
Sobre ese aspecto clave, es relevante notar los resultados de un estudio publicado en diciembre 2019, de la autoría de G. Auten y D. Splinter (Income Inequality in the United States: Using Tax Data to Measure Long-term Trends). (Por cierto, Auten es funcionario del Departamento del Tesoro). A mi juicio, su conclusión principal es la siguiente: "Nuestras estimaciones del ingreso después de impuestos sugieren que la participación del 1% superior de los causantes aumentó 1.3 puntos porcentuales desde 1979 y ¼ de punto porcentual desde 1962". Tales cifras cuestionan los alarmados cálculos (11 p.p.) famosos de E. Saez y G. Zucman.
Publicado originalmente en Reforma.