Guía económica para extraviados (9)

Persistencia de la inflación

Una medida oficial del alza de los precios se llama "inflación subyacente", porque en el cálculo no considera los precios más volátiles. Se supone que es un mejor indicador de la tendencia del problema. Incluyendo lo sucedido en noviembre, la subyacente tiene unos dos años de estar creciendo mes a mes. (Gráfica 1)

Uno pensaría que dicha trayectoria habría ya desacreditado por completo la noción de una "inflación transitoria". Desafortunadamente, al respecto hay opiniones tan compactas que no admiten ser penetradas por los hechos. Quienes las sostienen refieren distraerse en relatar anécdotas sobre el curso de tales o cuales precios específicos.

Detalles aparte, lo más relevante que se deriva de los datos es lo siguiente: la inflación pertinaz es un impuesto regresivo; esto es, grava más a las familias de bajos ingresos que a las de altos ingresos. Así pues, es contraria a cualquier idea estándar del "bien común". Y es, por tanto, un irritante social entendible.

Decía Oscar Wilde con su habitual ironía sabia: "Los pobres son los únicos que se preocupan por el dinero más que los ricos".

Crisis de la inversión

INEGI acaba de publicar el Índice de Inversión Fija Bruta (IFB) correspondiente a septiembre de este año. Hay varias maneras de interpretar la cifra. Una de ellas es compararla con la registrada un año antes. En ese cotejo limitado al pasado reciente resultó positiva. Sin embargo, si se toma como referencia el "pico" alcanzado por la IFB allá por el verano de 2018, el resultado es un descenso de 10.5%. (Véase Gráfica 2)

Es posible atribuir parte de lo ocurrido a los efectos negativos de la pandemia sobre las expectativas de los inversionistas. Es más importante notar que la reducción empezó mucho antes de la aparición en escena del Covid-19. El asunto es clave: si la inversión (un flujo) disminuye, el capital disponible (un acervo) aumenta lentamente. Eso se traduce en un estancamiento, si no es que en un deterioro de la productividad y, en consecuencia, del ingreso de los trabajadores y, por ende, de su bienestar.

Se han escrito innumerables páginas sobre las políticas públicas convenientes para incentivar la formación de capital privado en México. No creo exagerar si digo que en la mayoría de ellas se destaca como parte central la necesaria existencia de un verdadero Estado de Derecho. En términos económicos, eso significa una definición estricta y una vigencia rigurosa de los derechos de propiedad. Esto último implica, entre otras cosas, el respeto de los contratos - -como costumbre social y como norma jurídica- -.

¿Por qué el énfasis en lo anterior? Porque la inversión privada constituye el 86% de la inversión total en México.

Relevancia del mínimo

El salario mínimo se incrementará 20% en 2023. De acuerdo con algunos observadores, se trata de la continuación de "una nueva política laboral", que quiere repartir "de manera más equilibrada las ganancias de los empresarios". Independientemente de la intención, me atrevo a pensar que, en las apretadas condiciones actuales del mercado de trabajo, que se manifiestan en los datos, el incremento aludido tendrá dos efectos predecibles: presionará al alza los costos de producción (y por ende los precios); y, tenderá a obstaculizar el empleo de los nuevos entrantes (los jóvenes).

En apariencia, incrementar el salario mínimo legal es una forma simple de redistribuir el ingreso. Sin embargo, lo más probable es que no resulte efectiva porque: a) se aplicará, en el mejor de los casos, a la mitad de la población ocupada (la formal); y, b) porque no cambiará los factores determinantes del salario en el mercado, en particular, la productividad del trabajo.

El autor es profesor de Economía de EGADE, Business School.

Artículo publicado originalmente en Reforma.