Tanto los analistas privados (nacionales y extranjeros), como las autoridades financieras, han estado revisando a la baja los "pronósticos" del crecimiento del PIB de México para este año. Tienen razón. Aun así, algunos de tales augurios parecen más bien buenos deseos que estimaciones de expertos.
De hecho, hay razones atendibles que sugieren la creciente probabilidad de un debilitamiento de la actividad económica en general. Esto incluye un entorno internacional muy complejo. Más aún, hay bases para creer que la tasa potencial de crecimiento, de por sí históricamente baja, ha disminuido. Una de ellas consiste en el rezago persistente de la inversión. A este respecto, el dato más reciente (enero 2022) se ubica en un nivel similar al registrado hace algo así como una década.
En lo que toca al futuro de la economía, parece que el sentimiento de los consumidores es similar al pensamiento de los especialistas.
EL INEGI publicó la semana pasada su Indicador de la Confianza del Consumidor. Uno de sus componentes resultó relevante para lo señalado en los apartados previos. En la gráfica, la línea roja, que desciende en su tramo más reciente, "dice" que se ha deteriorado la expectativa de los encuestados sobre la situación del país para los próximos doce meses.
La lista de los daños atribuibles a la inflación es larga, y se conoce desde hace siglos (literalmente). Quizá el más importante es que constituye un impuesto regresivo no legislado.
Pero hay otro perjuicio, también muy significativo, del que acabamos de ver en México, con pena, un caso potencial. Me refiero a la amenaza de establecer "precios-tope" a un grupo de bienes, en particular a los alimentos. Tal medida, ya se sabe de sobra, no combate de veras la inflación, pero provoca graves distorsiones del consumo y de la producción. Específicamente, reduce la oferta de los artículos sujetos al control.
El episodio demuestra, una vez más: 1.- que la historia no enseña nada si uno no quiere aprender; y, 2.- que el tiempo, diría Borges, tiende a ser circular.
A mi juicio, lo anterior sugiere con claridad la conveniencia de reenfocar las políticas públicas en el fortalecimiento de la oferta agregada. ¿Cómo?
Hay muchas maneras, pero tres de ellas merecen reiterarse hasta el cansancio:
1.-Establecer y preservar un verdadero Estado de Derecho. Por ejemplo, reduciendo la inseguridad personal y patrimonial. La creación de capital, humano y físico se desalienta si sus frutos están expuestos a la acción impune de los depredadores.
2.-Robustecer la lamentable infraestructura material. Por ejemplo, disminuyendo las enormes fugas de agua potable en las redes urbanas. No es "parejo", ni razonable, pedirle ahorros al consumidor mientras prevalece el desperdicio en la distribución.
3.-Simplificar el oneroso marco regulatorio. Por ejemplo, exigiendo la aplicación rigurosa de una prueba de beneficio/costo económico-social, no sólo de las normas propuestas, sino también de las existentes.
La SCJN se tardó mucho en declarar inconstitucional la cuestionada prohibición de los diez años. La dilación resultó curiosa, para decir lo menos: el Art. 5 de la Constitución dice, a la letra: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
La incongruencia legal era obvia de principio, pero, claro, mi opinión es de un lego, no de un jurista. Como economista, la prohibición implicaba una destrucción de capital humano.
El autor es profesor de Economía de EGADE Business School.
Artículo publicado originalmente en Reforma.