El COVID-19 y la libertad

En varios países está en curso un debate muy caldeado. El tema es un alegado conflicto entre la libertad personal y las restricciones impuestas por los gobiernos para controlar la epidemia de Covid-19. Un punto focal de la controversia ha sido la aplicación de vacunas contra el virus.

Un opositor prominente de todas las medidas es el senador Rand Paul (Republicano, Kentucky). Paul dice, en lo sustantivo, que el cuidado de la salud es un asunto que compete a la elección y a la responsabilidad del individuo. En Estados Unidos, la vacunación general no es obligatoria, pero es requerida entre ciertos grupos de la población.

En otras naciones se ha cuestionado la constitucionalidad de una eventual obligatoriedad. En Francia y en España, el asunto ha dado lugar a protestas multitudinarias. En Indonesia, la vacunación se determinó como obligatoria a partir de febrero de este año, pero el gobierno no cuenta con suficientes dosis. Un moralista destacado dice al respecto que ello ha sido consecuencia de la falta de generosidad de las naciones productoras que, en su egoísmo, prefieren vacunar primero ¡a sus ciudadanos! Aparentemente, el aludido ignora que la producción de vacunas implica gastos muy grandes en investigación y desarrollo, y también inversiones cuantiosas en equipos. Desconoce, asimismo, que requiere conocimientos científicos y tecnológicos que son una forma de acumulación de capital humano. Finalmente, desestima lo elemental: la realidad política. (Con pensadores así, todo mundo necesita un buen economista. Pero eso es otra historia).

En términos de cualquier libro de texto de microeconomía, la cuestión se analiza como sigue: hay actividades cuyos beneficios (o cuyos costos) son mayores que los que recibe quien las lleva a cabo. Los ejemplos abundan. Aquí va uno muy simple: un jardín bien cuidado, al frente de una casa, es placentero para el propietario, pero también para los vecinos y peatones. (En economía, eso se conoce con un nombre formidable: "externalidad positiva").

La noción anterior se aplica al caso de las vacunas. Una persona que recibe las dos dosis requeridas de la vacuna, digamos Pfizer, se supone que no sólo se inmuniza (espero) frente al Covid-19 (un beneficio individual), sino que con ello evita sobrecargar las instalaciones hospitalarias (un beneficio para terceros).

Dicho lo anterior, es oportuno volver al problema de la obligatoriedad. Para el caso, vale citar a un clásico inglés: John Stuart Mill (1806-1873): "El único propósito del uso justo del poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es prevenir un daño a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es razón suficiente". (On Liberty, publicado originalmente en 1859).

El cuidado de la salud es, en efecto, y primero que todo, un asunto que compete a la decisión individual, debidamente informada. Así es, excepto cuando se trata, como plantea Mill, de "prevenir un daño a otros". Pero entonces, en buena parte, la controversia sobre la posible obligatoriedad de la vacunación gira alrededor de la respuesta a cuestiones empíricas: ¿de qué tamaño es el daño supuesto, para justificar la coerción gubernamental?; en su caso, ¿quién lo resiente?

NOTA SOBRE MILL

J.S. Mill fue un autor muy influyente en su tiempo. (Y muy prolífico. Entiendo que sus obras completas abarcan 29 volúmenes). Sin embargo, un eminente erudito de la historia del pensamiento económico, J. Schumpeter, lo criticó duramente: "...muchas piezas individuales de su estructura (teórica) estaban sueltas..."; "...carecía de muchos de los requisitos no sólo del teórico, sino del filósofo de la vida social..." (History of Economic Analysis, 1954). En años más recientes, sus contribuciones han querido ser revaloradas.

El autor es profesor de Economía en la EGADE Business School.

Artículo publicado originalmente en Reforma.