Al Presidente de Colombia, Iván Duque, se le ocurrió proponer un aumento de impuestos con el propósito de "reparar el déficit fiscal". Frente a una población diezmada por la pandemia y empobrecida por sus consecuencias, la propuesta generó una protesta popular masiva, que obligó a Duque a retirarla. En el curso del conflicto, que se tornó violento, murió al menos una veintena de personas.
El lamentable episodio colombiano debería servir de advertencia a todos los analistas que, desde ciertas posiciones de influencia, han venido planteando la "necesidad" de una reforma impositiva en América Latina, México incluido, por supuesto.
Uno de los argumentos más frecuentados al respecto no resiste examen. Consiste en comparar la llamada "carga tributaria" promedio de los países de la OCDE con la correspondiente a los países de América Latina. ¿Qué resulta de ese cotejo, según se dice?: 1) que la región exhibe un "rezago" impositivo relativo; y, 2) que, por tanto, existe una "ventana de oportunidad" para reducirlo.
De paso, es importante notar que, según la OCDE, en México el cociente entre ingresos tributarios y PIB es sólo 16.5%, pero el que corresponde al concepto más amplio de percepciones, que denomina Ingresos del Gobierno General, representa 23%. Usar únicamente la primera cifra para argumentar la "necesidad" de una reforma impositiva es inadecuado, para decirlo con cortesía.
La comparación aludida no es relevante, por una sencilla razón: con tres excepciones (todas latinoamericanas), la OCDE es un club de economías (gobiernos) de ingreso alto y muy alto, de manera tal que es desacertado usar sus números fiscales como si fueran puntos de referencia ejemplares para economías subdesarrolladas -como la mexicana-.
Aparte de lo dicho, la circunstancia actual es totalmente inapropiada para un alza de impuestos. El PIB real de Colombia cayó cerca de 7% en 2020. El titubeante "rebote" en curso sería malogrado por el efecto depresivo inevitable que significaría un aumento imprudente de la carga tributaria. Lo mismo podría decirse, con variantes según el caso específico, de los demás países de América Latina.
En mi opinión, los problemas fiscales de las economías latinoamericanas deben enfrentarse en primer lugar por el lado del gasto. La propia OCDE lo ha señalado muchas veces: la ineficiencia de las erogaciones es evidente. Para sustentar el punto, basta con echar una ojeada a la muy cuestionable estructura de los gastos públicos en México.
Finalmente, en lo que toca a México, conviene precisar en forma cuantitativa un par de aspectos clave.
Los números oficiales muestran que el Gasto Neto del Sector Público Presupuestario, ajustando su monto por la inflación, se ha situado durante los dos años más recientes en el mismo nivel que tenía en 2018. La austeridad se ha mostrado quizá en algunos renglones del gasto (i.e. salud, ciencia y tecnología, etc.), pero no en su cuantía absoluta.
En lo que corresponde a los Ingresos Presupuestarios del Sector Público, la trayectoria es distinta: subió en 2019 con respecto a 2018, pero se redujo al año siguiente: cuestión del Covid-19 y de sus efectos. Aun así, fue 2% más alto que en 2015. (Por cierto, el rubro en cuestión significó 23% del PIB en 2020).
Artículo publicado originalmente en Reforma.