Corrupción en la economía

CPI son las siglas en inglés del Consumer Price Index, en Estados Unidos. También son las iniciales del Corruption Perceptions Index elaborado por Transparency International. Según el CPI de TI, correspondiente a 2021, México ocupó el (deplorable) lugar 124 entre 180 países. Y no es un problema nuevo.

La corrupción es un fenómeno económico, social y político de primera importancia en nuestro medio. Es tan frecuente, que prácticamente todos los días la prensa da cuenta de un episodio más - -grande o pequeño- - de esa grave enfermedad del cuerpo colectivo de nuestro país.

La corrupción existe en todas las latitudes y ha existido en todos los tiempos. Pero, a juzgar por los resultados de diversas encuestas internacionales, es más aguda en las naciones en desarrollo y, ciertamente, es alarmantemente común en México.

Según la RAE, la palabra "corromper" tiene varios significados. Uno de ellos se aplica al tema de esta nota: "sobornar o cohechar... a cualquier persona, con dádivas o de otra manera".

Así definida, la cuestión parece una característica potencial de muchos tipos de tratos, incluyendo aquellos que se realizan entre particulares. Sin embargo, la corrupción tiene una importancia especial cuando ocurre en una transacción entre un particular y un empleado público.

Un burócrata incurre en un acto de corrupción cuando "vende" con provecho propio un servicio que es facultad gubernamental. Por ejemplo, recibir una "gratificación" por agilizar un trámite oficial cualquiera. Algo similar ocurre si el funcionario acepta un soborno para autorizar una compra. Y así por el estilo.

¿Por qué puede un burócrata pedir o, de plano, exigir, un soborno, o como quiera que se le llame? Porque controla monopólicamente la oferta de un servicio o de un bien, o porque detenta una autoridad exclusiva. No hay alternativa para la contraparte, excepto desistir de la intención original.

Hace tiempo, algunos analistas llegaron a atribuir a la corrupción cierto aspecto positivo, en dos sentidos: estimula la cooperación del burócrata, decían, y permite sortear las regulaciones gubernamentales entorpecedoras de la actividad productiva.

Hoy se piensa, sin reservas, que la corrupción constituye una dolencia económica, social y política.

En México, los ejemplos abundan:

1) El empresario que consigue un permiso pagando un soborno está en mejor posición que aquel que cumple estrictamente con la ley. La ventaja obtenida no tiene nada que ver con la eficiencia económica, sino con la corrupción. Se trata de una "búsqueda de rentas", dicen los economistas.

2) La venta de plazas en el sector oficial de la educación, entre otros, implica una privatización de un puesto público.

3) Los "puesteros" que ocupan banquetas y calles privatizan espacios, a cambio de un eventual apoyo político y de "mordidas" (a los inspectores o a la mafia). Sus perjuicios son obvios para los transeúntes y para los comerciantes establecidos.

4) Hace no mucho era frecuente la queja sobre la venta de combustibles en "litros cortos" en las gasolineras (franquicias de Pemex). Tales abusos eran la consecuencia inevitable de la existencia de un monopolio gubernamental. La apertura iniciada en 2013 era, y es, la solución lógica. Revertirla sería un error.

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La reacción de las autoridades y de la sociedad frente a la corrupción toma dos formas estándar: la exigencia de una acción policial; y, la condena moral. Ambas son "llamaradas de petate". El problema es que ninguna cambia los incentivos que motivan la conducta de los involucrados. Si existe la oportunidad de una ganancia extraordinaria, creada por un arreglo institucional ineficiente, seguramente alguien la va a aprovechar. El remedio duradero es económico: hay que modificar las circunstancias que propician la corrupción. No es asunto de cambiar personas, como se cree ingenuamente.

Lo anterior puede sonar muy abstracto. Una ilustración realista quizá sirva. La liberalización del comercio exterior redujo, sin duda, la corrupción imperante en la época del proteccionismo, tanto en los grandes volúmenes de transacciones de mercancías como en la "pasada" ocasional de la frontera. El "permiso previo de importación", por ejemplo, dejó de ser una patente de corso. Los viejos de la aldea saben bien a qué me refiero.

El autor es profesor de Economía de EGADE Business School.

Artículo publicado originalmente en Reforma.