La inclusión de impacto en América Latina

La inclusión puede entenderse como un derecho o como el resultado de iniciativas que impactan positivamente en las poblaciones excluidas. En América Latina y el mundo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han adoptado mayormente un rol político para reclamar el derecho de los grupos excluidos a acceder a ciertos derechos como justicia social, vivir en un medioambiente limpio y otros para incrementar directamente su calidad de vida. Por el contrario, en este artículo se defiende que es la segunda perspectiva, que denominamos inclusión de impacto, la que ha ganado tracción en la práctica debido a que tiene una aproximación más contextualizada al considerar de manera central a mecanismos de mercado para abordar los desafíos de inclusión.

Para explorar esta cuestión en relación con los desafíos de América Latina, publicamos el capítulo “Latin American context: The challenge of managing advocacy and impact inclusion”, incluido en el Routledge Companion to Nonprofit Management, escrito en coautoría con Urs Jäger, de INCAE Business School en Costa Rica y Director Ejecutivo de VIVA Idea, y Roberto Gutiérrez, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia.

En línea con las instituciones de desarrollo, consideramos que la inclusión es un desafío esencial para el funcionamiento de las sociedades. Sin embargo, la inclusión no ha sido abordada ampliamente debido a que la investigación convencional se ha centrado en países del mundo desarrollado, donde el surgimiento del Estado y el mercado a lo largo de los siglos dieron lugar a instituciones democráticas que funcionan e incluyen a los grupos marginados.

Una perspectiva histórica latinoamericana

El surgimiento de la sociedad civil organizada en los países europeos difiere a la historia de América Latina, donde las democracias son débiles o inoperantes y excluyen a gran parte de la población de los beneficios sociales otorgados por el Estado como por ejemplo pensiones dignas, seguros de cesantía, servicios de salud, etc. El desarrollo del mercado y de instituciones democráticas no se dio de manera idónea porque, en la mayor parte de la región, las familias criollas que lideraron los procesos de independencia superpusieron las estructuras institucionales europeas, reproduciendo el orden colonial que no favorecía la emergencia de espacios públicos y culturas democráticas que dieran pie al nacimiento de una inclusión de diversos grupos de la sociedad. Como consecuencia, las leyes constitucionales de los países latinoamericanos no fueron promulgadas en relación con las necesidades sociales autóctonas, sino que se copiaron las normas y leyes europeas y norteamericanas. Así, se crearon sistemas con un apoyo institucional formal débil que no consideró la diversidad de grupos existentes y por ende excluyó a gran parte de los actores del proceso de desarrollo y modernización. En la actualidad, un elevado número de individuos y grupos siguen excluidos de los mecanismos institucionales formales, como por ejemplo las personas residentes en la pobreza e informalidad en contextos urbanos y las comunidades indígenas que residen en la ruralidad.

A principios del siglo XVI, las OSC surgieron para contrarrestar el proceso de acumulación de riqueza y poder de las élites españolas. Iniciaron actividades basadas en la caridad, principalmente a través de misioneros de la Iglesia Católica. Con los movimientos independentistas en el siglo XIX, la provisión de servicios sociales pasó, en parte, de la Iglesia a los gobiernos. La intención de las OSC entonces era empoderar a los pobres a través de la educación y el apoyo económico. Pero la llegada de la Revolución Mexicana (1910-1920) fue el primer punto de inflexión en la politización de las OSC, reivindicando la inclusión como un derecho político que debía ser entregado por el Estado. Diferentes movimientos sociales propusieron estructuras para una mayor participación política de los actores excluidos.

Durante la década de 1960, en muchos países latinoamericanos, las OSC contribuyeron a un discurso político alternativo al modelo de la élite. Posteriormente, experimentaron un auge las cooperativas, a medida que los gobiernos y la Iglesia Católica establecieron programas de promoción del desarrollo para incluir en la fuerza laboral a las personas pobres que estaban fuera del sistema formal. No obstante, en muchos casos los gobiernos y las élites económicas intentaron obstaculizar el surgimiento de las OSC que abogaban por la inclusión política desde zonas urbanas y rurales.

En la década de 1970, durante las dictaduras militares en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, las cooperativas fueron reprimidas, eliminadas o controladas por movimientos populares. Se comenzaron entonces a organizar protestas sociales, obteniendo el apoyo de organizaciones extranjeras para defender los derechos humanos, la participación ciudadana y la construcción de movimientos de oposición. A pesar de la naturaleza heterogénea de las OSC, el objetivo común de luchar por la democracia unió a muchos.

La evolución hacia la inclusión de impacto para incluir a los actores excluidos a través de mecanismos de mercado

Ya en la década de 1990, cuando terminaron la mayoría de los regímenes autoritarios en la región, el contexto político latinoamericano mostró una gran diversidad de tendencias. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague, en 1995, se defendió que las OSC asumieran responsabilidades del Estado para cubrir las necesidades básicas. Muchas OSC latinoamericanas moderaron su carácter revolucionario para adaptarse a un enfoque similar al sector privado, recibiendo apoyo de todos los lados del espectro político. A medida que disminuyó el gasto público, aumentó la subcontratación a las OSC para la implementación de programas sociales. Esta dependencia ha hecho que disminuyan las posiciones críticas de las OSC. De hecho, durante las últimas tres décadas, las OSC han trabajado en inclusión de género, educativa, cultural, sanitaria, productiva, económica y medioambiental.

La ineficiencia de los gobiernos latinoamericanos para ofrecer servicios sociales como pensiones dignas o seguros de cesantía, sin embargo, refuerza el desafío de asumir un rol de inclusión de impacto y dejar atrás una perspectiva activista caracterizada por las décadas anteriores. Las ineficacias de las instituciones formales gubernamentales hicieron que la provisión de asistencia social se convirtiera en una combinación de una estructura de seguridad que otorga beneficios a personas vinculadas a actividades productivas, y una estructura de asistencia dividida entre organizaciones gubernamentales y OSC. Mediante la acción de varios gobiernos en la región, se ha llegado en muchos casos a generar una relación de clientelismo entre el Estado y las OSC con orientaciones de economía social respecto a sus demandas sociales.

El término emprendimiento social trajo por tanto a la discusión de inclusión una visión más contextualizada a un gobierno incapaz de solventar los desafíos de inclusión en la región. Esto es lo que denominamos inclusión de impacto y que se relaciona con la participación del sector privado en las discusiones y acciones sobre bienestar, bienes públicos e impacto social. Esta transformación de las corporaciones hacia empresas con impacto se está dando sin ningún marco legal. Las empresas que promueven la inclusión suelen surgir de la expansión a un nuevo mercado incluyendo en su cadena de valor a actores excluidos como emprendedores residentes en pobreza o comunidades indígenas, o de ofrecer un nuevo producto a mercados de bajos ingresos. Esto va en línea con uno de los grandes desafíos de la región, como la inclusión de actores informales, que pueden ser pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia y microempresas no registradas. Alrededor de 130 millones de latinoamericanos tienen un empleo informal no agrícola (el número sería mucho mayor si se contabilizaran los empleos agrícolas).

La inclusión de impacto podría dejar atrás a la informalidad como un reto sin resolver en la región, ya que la integraría en las estructuras actuales. Por ejemplo, en la minería, muchos actores no están incluidos en las decisiones estratégicas y beneficios de esta industria. A través de colaboraciones de mercado podrían ayudar a pasar de los conflictos a la colaboración entre corporaciones multinacionales y las comunidades que viven donde se establecen las operaciones. En el caso de la industria alimentaria pasa algo similar. Por ejemplo, muchas empresas multinacionales compran fruta y verdura orgánica de comunidades indígenas debido a su alta calidad, que proviene de sus prácticas ancestrales que respetan la naturaleza. Esto hace que sea el mercado el que permite una relación horizontal entre las partes, y que el actor informal y excluido se relacione con las estructuras formales de las sociedades.

¿Qué debemos aprender para seguir el paradigma de inclusión de impacto?

En un contexto como el latinoamericano, donde los gobiernos han sido incapaces de proveer beneficios sociales suficientes para eliminar la pobreza y ser garantes de derechos, la perspectiva activista de la inclusión queda rezagada. De nada sirve pedir derechos si no hay un Estado empoderado en entregarlos. Las constituciones y legislaciones latinoamericanas están llenas de derechos en la formalidad de la palabra escrita, pero que en la práctica no se cumplen. Muchos abogan por procesos de modernización del Estado, el problema es que toman décadas, incluso cuando son exitosos.

Una perspectiva que nos invita a la acción es la de la inclusión de impacto a través de mecanismos de mercado. Para esto necesitamos tanto OSC y empresas que sean capaces de llevar adelante iniciativas de impacto social y ambiental a través de mecanismos de mercado. Hasta el momento, los mercados no han realizado esto y muchos los definen como los culpables de la situación actual de cambio climático e injusticia social.

Una pregunta relevante, en este sentido, sería: ¿Cómo podemos pensar los mercados para que valoren la justicia social y la naturaleza? ¿Cómo podemos lograr pensar el desarrollo sostenible desde los mercados, que finalmente son el mecanismo de valoración más eficiente que el ser humano ha inventado? Muchas empresas y emprendimientos están enfocados en responder esta pregunta desde la acción. Por ejemplo, Iluméxico es una empresa que provee de energía solar a comunidades rurales excluidas. O Altitud, que es una empresa que integra a mujeres que viven en pobreza en la cadena de valor de la industria textil.

En los países en que las organizaciones gubernamentales son débiles, pero tienen la voluntad política para proporcionar servicios sociales, las alianzas público-privadas parecen ser una opción efectiva. Pero para aquellos en que los gobiernos no son capaces siquiera de hacer eso, el uso de los mercados para construir sociedades inclusivas se está convirtiendo en una práctica común que puede mostrar una alternativa para construir un futuro sostenible para la región.