He leído apenas (a penas) las primeras 64 páginas del flamante Plan Nacional de Desarrollo publicado por el Gobierno federal. La página 10 se inicia con el extenso párrafo que copio a continuación (a la letra):
“El mercado no sustituye al Estado. Durante décadas, la élite neoliberal se empeñó en reducir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de las mayorías. Su idea de que las instituciones públicas debían renunciar a su papel como rectoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba "la mano invisible del mercado" para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones, fue una costosa insensatez. El Estado recuperará su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho, como árbitro de los conflictos, como generador de políticas públicas coherentes y como articulador de los propósitos nacionales". (Cursivas en el original).
El texto citado aguanta algunos comentarios críticos:
A partir del sexenio de Miguel de la Madrid, si en algo "se empeñó" el Gobierno, fue en poner un mínimo de orden en el caos económico nacional, empezando por las finanzas públicas. En aquella desgraciada secuela del malogrado auge petrolero, las cifras macroeconómicas más importantes se deterioraron en forma alarmante, culminando con una crisis financiera y económica gravísima.
Específicamente, en 1982: -el déficit del sector público se situó cerca del 18% del PIB;
-en el "mercado libre", el peso de devaluó un 466%;
-la inflación llegó al 99%;
-el PIB se contrajo (-5%), por primera vez desde la Gran Depresión;
-el déficit (de la cuenta corriente) de la balanza de pagos fue algo así como 3.6% del PIB (habiendo sido el doble un año antes);
-la deuda externa resultó impagable, y el Gobierno no tuvo más remedio que declarar una vergonzosa moratoria (en agosto). Una buena parte del desastre delineado se originó en el desempeño de “las instituciones públicas”, que lejos de ser “rectoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar”; eran agujeros financieros sin fondo, núcleos de corrupción y causantes enormes de pérdidas sociales.
En cuanto a la corrección de “distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones”, la “élite neoliberal” se guió, con razón, por la convicción de que las más graves de ellas eran consecuencia de políticas públicas gruesamente erróneas --para decirlo con caridad--. La más elemental revisión de lo hecho entonces, y también después, muestra cualquier cosa, menos una postura radical en favor de la operación irrestricta de “la mano invisible del mercado”. Al contrario, el Estado mexicano siempre ha sido, en mayor o menor grado, dirigista e interventor.
En la retórica política, crear un hombre de paja, para luego derribarlo con un golpe discursivo, es un recurso falaz muy utilizado, por desgracia persuasivo a cierto nivel.
La última parte de lo transcrito no admite muchas objeciones. El Estado debe ser, en efecto, el “garante de la soberanía, ... y el estado de derecho”. De hecho, tales son sus tareas primordiales, lamentablemente pendientes. En cuanto a la “estabilidad”, lo mejor que puede hacer el Gobierno es evitar que sus (frecuentes) políticas incoherentes se traduzcan en desequilibrios insostenibles. Ello alteraría, para bien, su deplorable historia.
En total, sobre el papel del Estado en la economía, comparto la sensata opinión de Jean Tirole, un economista francés ganador del Premio Nobel: “El mercado y el Estado son complementarios y no antagónicos, como pretende con frecuencia el debate público... el Estado no puede lograr que sus ciudadanos vivan bien sin mercado; y el mercado necesita al Estado... el Estado fija hoy las reglas del juego e interviene para paliar los fallos del mercado y no para sustituirlo. De mediocre gestor de empresas pasa a ser regulador”. (La Economía del Bien Común, Taurus, 2017). (En lo que toca a México, el adjetivo ‘mediocre’ es, sin duda, tímido).
Publicado originalmente en Reforma.
