Estado de derecho e inversión

No hay técnica ni software que valga cuando no hay certeza jurídica

Una de las maneras para decidir si se lleva a cabo un proyecto o no, es obtener su valor presente neto. En escancia, es convertir los pesos o dólares nominales en el futuro para hacerlos equivalentes al momento inicial del proyecto y restar la inversión.

Si el resultado es positivo, se acepta la inversión; si es negativo -el monto de la inversión es mayor al beneficio, en términos de pesos del mismo momento en el tiempo-, en principio no se aceptaría. Sin embargo, hay técnicas más avanzadas, como el uso de opciones reales, para decidir en estos casos.

Hay otras técnicas como la tasa interna de retorno que sí es aceptable, ya que considera el valor del dinero en el tiempo. Además, salvo en casos muy rebuscados, ambos métodos (VPN y TIR) coinciden en el mismo sentido de aceptar o no un proyecto.

Otro criterio es el período de recuperación, pero no es aceptable porque, por una parte, no considera el valor del dinero en el tiempo, pero además el período de recuperación es fijado arbitrariamente: “quiero recuperar la inversión en 2 años” (u otro período). Si se quiere recuperar la inversión en dos años (o el tiempo que sea), entonces ¿por qué considerar proyectos que duran varios años? Es absurdo.

Los riesgos inherentes al proyecto (se conocen como riesgos no-sistémicos), es aconsejable modelarlos en los mismos flujos de efectivo que generarán los proyectos. Por ejemplo, se pueden llevar a cabo simulaciones utilizando software especializado como Crystal Ball que puede correr miles de simulaciones considerando el posible comportamiento de los flujos futuros. Incluso se estresan los flujos al suponer escenarios catastróficos.

El riesgo sistémico es el riesgo que afecta a toda la economía. Una manera de modelarlo es incorporarlo en las tasas de descuento que se utilizan para descontar los flujos futuros. Por ejemplo, las proyecciones de TIIE, tasa libre de riesgo, etc. Todo un tema por sí mismo.

No hay técnica ni software que valga cuando no hay certeza jurídica, es una condición sine-que-non: sin la cual no. De no haber certeza jurídica, ni para que perder el tiempo en buscar, modelar, decidir y mucho menos invertir. Sin embargo, no porque haya certeza jurídica se asegura que la inversión será redituable: es el riesgo que se corre por arriesgar el dinero de los inversionistas.

Esto cae por su propio peso: hoy se invierte y quizá se reciban unos cuantos flujos, pero no servirán para compensar la inversión llevada a cabo porque el cálculo del valor presente neto incluye todos los flujos futuros del proyecto, no solo unos cuantos.

La reforma al poder judicial puede traer jueces que puedan ser muy populares pero que no tengan la más remota idea de nada o peor, por una ideología que, si bien arrasó en las urnas, considera a los empresarios -quienes arriesgan su dinero- como enemigos públicos número uno a diferencia de los que antes se consideraban criminales: la nueva realidad de México.

La inversión genera empleo; las empresas y sus empleados, pagan impuestos. con más ingreso disponible, se genera consumo de productos y servicios de otras ramas de la economía … que a su vez generan empleo … más consumo, pagando más impuestos y con menos gente necesitada por lo que realmente se les atiende (no migajas): círculo virtuoso. La no inversión no crea fuentes de trabajo, se pagan menos impuestos y se generan más necesidades de apoyo: círculo vicioso.

Hay otra votación para evitar ese riesgo sistémico (lo hacen millones de migrantes): votar con los pies e irse al extranjero.
 

El autor es profesor de Finanzas en EGADE Business School.

Artículo publicado originalmente en El Financiero.

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