En 2025, México se encuentra en un momento crucial para su desarrollo económico y ambiental. Con Claudia Sheinbaum como presidenta y Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, el país enfrenta un contexto complejo, en una etapa en la que el mundo busca un equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y justicia social. Este equilibrio es más necesario que nunca, pero su implementación está llena de retos y oportunidades.
En el corto plazo, la administración de Sheinbaum ha comenzado a impulsar políticas para acelerar la transición energética y cumplir con compromisos internacionales como el Acuerdo de París. Sin embargo, Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, podría retomar su enfoque en energías fósiles, relajando regulaciones ambientales y priorizando intereses económicos tradicionales por encima de la sostenibilidad. Esta divergencia política generaría tensiones en el marco del T-MEC, donde las diferencias en estándares ambientales complicarían la competitividad del comercio exterior mexicano.
En este mismo contexto, Trump podría implementar medidas proteccionistas que limiten el acceso de productos y servicios verdes mexicanos al mercado estadounidense. Esto afectaría sectores clave, como el industrial, y generaría incertidumbre para inversionistas que demandan regulaciones transfronterizas claras y consistentes.
A pesar de estos desafíos, esta coyuntura ofrece oportunidades significativas para México. La presidenta Sheinbaum, con su experiencia en proyectos de movilidad sustentable y energías limpias, está posicionada para liderar iniciativas que impulsen la transición hacia una economía verde. Bajo su mandato, podrían priorizarse proyectos de energía solar y eólica en el norte del país, una región con un enorme potencial para convertirse en un eje de producción energética renovable.
El nearshoring, acelerado por las tensiones comerciales internacionales, coloca a México en una posición privilegiada. Empresas internacionales ven al país como una plataforma estratégica para la producción sostenible, siempre y cuando existan incentivos claros y políticas laborales que lo promuevan. Esta tendencia representa una oportunidad para integrar criterios verdes en las cadenas de suministro que abastecen tanto a Norteamérica como a otros mercados globales.
Además, México tiene la posibilidad de fortalecer sus relaciones con socios internacionales, particularmente en Europa y Asia, donde la economía verde es una prioridad. Este enfoque de diversificación reduciría la dependencia de mercados únicos y abriría nuevas oportunidades para que empresas mexicanas y gobiernos subnacionales adopten modelos sostenibles.
A largo plazo, el principal reto será consolidar en México una política económica y energética sostenible que trascienda sexenios y coyunturas políticas. La sostenibilidad no podrá depender únicamente de liderazgos individuales o de la voluntad de gobiernos externos; requerirá marcos legales sólidos y consensos sociales que garanticen su continuidad.
La educación es y será un pilar fundamental para lograrlo. El gobierno de Sheinbaum podría invertir aún más en programas de capacitación para una fuerza laboral verde, formando técnicos e ingenieros especializados en energías renovables, reciclaje y manejo sostenible de recursos. Estas acciones buscarían preparar aún más a México para responder a las demandas de un mercado global que exige innovación y sostenibilidad. También es crucial desarrollar infraestructura verde. Proyectos enfocados en la mitigación y adaptación al cambio climático ya están en marcha, pero necesitan mayores inversiones y colaboración entre los sectores público y privado para garantizar su éxito.
Otro desafío fundamental en la transición hacia una economía verde es concientizar a las empresas para que asuman un rol activo y responsable en esta transición. Sin embargo, esta tarea no puede limitarse a campañas de sensibilización o discursos bien intencionados. Es imprescindible implementar mecanismos que hagan evidente el costo real de no adoptar prácticas sostenibles, como sanciones severas por contaminación, impuestos al carbono o restricciones al acceso a financiamiento si no cumplen con estándares ambientales.
Paralelamente, los gobiernos deben ofrecer incentivos claros y medibles para aquellas empresas que lideren con innovación la sostenibilidad, mediante herramientas como reducciones fiscales, acceso preferencial a fondos de inversión sostenibles o certificaciones con impacto tangible en sus mercados. Las empresas deben entender que no se trata solo de “hacer lo correcto”, sino de garantizar su viabilidad a largo plazo en un mercado global que penaliza cada vez más a quienes ignoran las demandas de sostenibilidad. La clave está en combinar presión regulatoria con beneficios económicos que conviertan el compromiso ambiental en una decisión estratégica, no solo moral.
En un mundo cada vez más afectado por la crisis climática, México tiene la oportunidad de posicionarse como líder regional en sostenibilidad. La administración de Sheinbaum tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que es viable combinar el crecimiento económico con el cuidado ambiental, estableciendo un modelo replicable para otras naciones en desarrollo. Y, las empresas tienen también la oportunidad de realmente contribuir y colaborar para la misma causa.
El liderazgo de Claudia Sheinbaum en México y el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos crean un escenario con retos, pero también con muchas oportunidades que abrirán la puerta para que México fortalezca su autonomía, diversifique mercados y consolide su posición como un referente global en sostenibilidad. La clave estará en la capacidad del país para adoptar una visión de largo plazo que priorice la sostenibilidad como eje central del bienestar económico, social y ambiental. El momento de actuar es ahora.
El autor es Director Regional de EGADE Business School en Ciudad de México y Centro Sur del Tecnológico de Monterrey.