Recientemente el tipo de cambio ha sufrido una depreciación aguda desde el anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Este es sólo el primero de varios riesgos que se avecinan, los cuales incluyen la construcción de dos refinerías, la presentación del presupuesto de 2019 y la reciente caída en los precios del petróleo. Todo esto aunado a la propuesta de la nueva administración de elaborar consultas ciudadanas para tomar decisiones de inversión en el país.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto generó incertidumbre entre los inversionistas que han retirado capitales del país. Economías como la brasileña y la chilena se presentan como alternativas interesantes de mayores rendimientos. Aunado a esto, la posible desaceleración económica global, derivada principalmente por las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China, están provocando una caída en los precios del petróleo, y con ello las expectativas de mayor recaudación del gobierno federal el próximo año.
Asimismo, la construcción de dos refinerías ya ha causado incertidumbre en las calificadoras que han expresado su preocupación sobre limitar las exportaciones de crudo (y con ello dejar de recibir dólares) para satisfacer la deuda en dólares que actualmente tiene este organismo, y por ende el país. Dicho anuncio podría repercutir aún más en la desvalorización de la moneda y provocar fuertes salidas de capitales.
Finalmente, está latente el tema del presupuesto federal. El incremento del gasto público es importante, tanto en obras de infraestructura como en apoyos sociales. Esto genera dudas sobre de dónde provendrán estos recursos. No solo eso, sino que, con la reciente depreciación cambiaria y la reducción en las expectativas de crecimiento, se tendrán que hacer ajustes a los ingresos el próximo año. La reciente subida de tasa de Banxico, necesaria para mitigar los crecientes riesgos inflacionarios, provocará una reducción en las expectativas de crecimiento económico en 2019.
Todos los problemas mencionados anteriormente se podrían resolver si se blindan las finanzas públicas del país. Existen dos opciones, una aumentar los impuestos (ya de por sí, altos) o dos, aumentar la base de contribuyentes. En el país solo el 43 por ciento de los trabajadores son formales, es decir, más de la mitad no contribuye con impuestos al erario público. Si se homologa el IVA a TODOS los bienes y servicios, se podrá incorporar inmediatamente a toda la población e inmediatamente aumentar los ingresos federales de manera sustancial. Dicho efecto resultaría en mayores recursos necesarios para solventar las obligaciones de gasto público para el próximo año. El gobierno inclusive podría dar a cambio el comienzo de un estado de bienestar social. Es decir, cubrir las necesidades básicas de la población (educación, salud y un apoyo o transferencia básica a los sectores más necesitados).
La falta de un presupuesto creíble este 15 de diciembre puede generar aún más incertidumbre y volatilidad. La solución es muy simple, aumentar la recaudación, en un entorno donde México es de los países con los menores niveles de recaudación tributaria de la OECD.
Artículo originalmente publicado en El Financiero.