En la época reciente, los últimos 35 años, recuerdo solamente tres transformaciones económicas importantes:
Así, llegó la década de los 90 con una primera transformación económica. Se estableció la autonomía del Banco Central en 1993, dando inicio a un periodo de estabilidad macroeconómica. Lo anterior fue precedido por el famoso pacto de solidaridad por el cual los empresarios acordaron no subir precios y los sindicatos, no exigir aumentos salariales. Así, de una inflación de dos dígitos durante la década de los 80 pasamos a inflaciones moderadas y en estos últimos seis años tendremos la menor inflación promedio de la historia.
En esos años se establecieron los seguros de pensiones individualizados, otra reforma destinada a aliviar la carga financiera del estado. Le siguieron periodos de saneamiento de la banca de desarrollo y otras medidas de menor impacto. Un problema de raíz desde inicios de los 90 fue no liberalizar por completo a la economía. Es decir, se vendieron paraestatales a grupos monopólicos y oligopólicos que van en contra de la teoría del liberalismo económico. Gran parte de la falta de crecimiento económico del país se debe a este factor. Sin embargo, el común denominador a partir de esa década fue la estabilidad macroeconómica y la economía de mercado. Si bien no se llevó a cabo como se esperaba, México comenzó a destacar como un país receptor de inversión extranjera, sobre todo la directa (IED).
Las reformas educativa, laboral, financiera, de telecomunicaciones (que ha reducido los precios de la telefonía en cerca de 40% en 6 años) fueron propuestas para elevar la productividad del país. La más relevante, la energética, tardará varios años en tener un impacto significativo (como sucedió con el TCLAN).
Ahora nos toca una cuarta transformación económica. De las reformas anteriormente señaladas resalta una que no me fue de mi agrado: la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque hoy en día solamente 43% de la población está en la economía formal, es decir, menos de la mitad de la población paga impuestos. La reforma fiscal de EPN no atacó este problema, si bien incrementó la recaudación de 9% del PIB al 13% actual (el promedio de la OECD es del 35%).
La cuarta transformación económica del país debiera ser una reforma fiscal integral y proveer de un estado de bienestar social a la población mexicana. La nueva administración ha propuesto un aumento considerable del gasto público, destacando los apoyos económicos para los ninis, duplicar las pensiones, aumentar el salario mínimo, construir un tren en el sureste del país y, al menos, una refinería. El problema recae en que la dependencia de los ingresos vía impuestos resultará insuficiente para cubrir este gasto público.
La nueva administración tiene la opción, por primera vez, de incorporar a toda la población al erario público. Tiene el control del Congreso y Senado, y puede ofrecer a cambio un estado de bienestar completo: educación, salud, seguro de desempleo, etc. Con el aumento de la base de contribuyentes se podrá cumplir con todo el gasto social comprometido y más. Sin embargo, como el TCLAN y la autonomía del Banco de México, el impacto positivo será observado en el largo plazo. Esperemos que los intereses del país estén por encima de los intereses políticos.