Arrogancia

En la semana pasada el titular del Ejecutivo, cual es su costumbre, señaló como responsables de la caída en el empleo en diciembre pasado a empresas del sector privado. Según él, las empresas siguen utilizando la práctica de despedir a sus empleados para no pagar las prestaciones correspondientes y recontratarlos en enero.

Ahora la institución señalada por el presidente como culpable de tal práctica fue el Tecnológico de Monterrey, la cual respondió a través de un comunicado oficial que deja en claro que sus empleados recibimos prestaciones superiores a las definidas por la ley.

Y, además, como bien señalaron Macario Schettino y Carlos Urzúa, el fenómeno de la caída en el número de afiliaciones al IMSS de diciembre obedece a un efecto estacional motivado porque los procesos de contratación se suspenden al ser un mes corto. En el caso de las universidades, además, marca el fin del semestre.

Es ya habitual que cada mañana surjan ataques y señalamientos para todos los “adversarios” del titular del Ejecutivo. Pero ya no deben ser considerados ocurrencias inocuas, sino una estrategia arrogante y sistemática ante los paupérrimos resultados económicos de la actual administración.

Los acólitos de la 4T, como si de un axioma se tratara, argumentan que no es posible cambiar el rumbo de un país que por décadas ha sido “víctima del neoliberalismo”. Lo cierto es que “la propuesta alternativa” no está dando resultados.

El primer año no hubo crecimiento. En el segundo observamos una estrepitosa caída por la pandemia. En 2021, la administración presumió un logro económico que en realidad estuvo relacionado a la abrupta caída del año anterior y no a su política económica. Eso arrojan los datos desestacionalizados de crecimiento económico del INEGI; desde el último trimestre de 2020, la tasa de crecimiento promedio trimestral del país ha sido del 1.1 por ciento.

Nuevamente, los simpatizantes de la administración actual podrían intentar defender estos resultados por los embates ocasionados por la tercera ola de COVID-19, mismos que afectaron principalmente al sector servicios. Pero omitirán mencionar los efectos que tuvo la reforma a la Ley Federal del Trabajo para limitar prácticas de subcontratación. Esto segundo es más factible que explique por qué los servicios de soporte a negocios presentaron una caída promedio mensual del 16.6 por ciento de junio a septiembre de 2021.

En 2022, el panorama económico es complejo. La cuarta ola de COVID-19 mantiene tensiones en las cadenas globales de suministro. Y si bien los precios de los 'commodities' podrían estabilizarse, la presión inflacionaria amenaza con persistir durante al menos la primera mitad del año. Si Banxico mantiene la política monetaria, esto debería representar altas tasa de interés, lo cual será desfavorable para la inversión.

Y, por último, el ambiente para hacer negocios en el país no está en su mejor momento. Es complicado que las fichas se acomoden para que la propuesta de reforma constitucional en materia energética del Ejecutivo sea aprobada. Pero en el mejor de los casos, el impasse actual del sector energético no garantiza condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos, impone presión al alza de los precios de energéticos y promueve el dispendio del gasto público en actividades que no son rentables, primordialmente la refinación de crudo y la generación de electricidad en plantas de la Comisión Federal de Electricidad.

Son varios los riesgos que no están bajo el control del gobierno mexicano. No es momento para añadir leña al fuego con decisiones en contrasentido. Si no existen más de ellas, el daño estaría contenido y el producto interno bruto del país podría recuperar su nivel pre-pandemia hacia 2024. Pero si la practicidad cede el paso a la arrogancia, como hasta ahora, debemos estar preparados para otro año muy difícil.

El autor es profesor de cátedra de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Artículo publicado en Arena Pública.