Necesario sumar actores a un nuevo pacto social
La inyección de competitividad a la economía mexicana no recae solamente en el gobierno y los empresarios. El camino hacia el progreso debe contemplar a la academia y la sociedad civil.
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En las economías más avanzadas existe una relación fluida entre el empresariado y los poderes públicos. Al sumar la visión de mercado (la búsqueda de la eficiencia, la generación de valor permanente, el know-howy la innovación del sector privado) a la capacidad del sector público (de aportar un marco legal, financiero y macroeconómico seguro y estable), queda de manifiesto que los esfuerzos conjuntos público-privados no sólo han demostrado sus buenos resultados, sino que son la única vía para abordar los principales retos que enfrenta México.

Entre los desafíos más apremiantes destacan la corrupción, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático. Abordar estos retos debe formar parte de un nuevo pacto social para transformar la economía mexicana y transitar hacia una sociedad más justa y equitativa.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) promovido por el gobierno federal para este sexenio señala tres ejes generales: justicia y Estado de derecho; bienestar; y desarrollo económico. Y contiene tres ejes transversales: igualdad de género, no discriminación e inclusión; combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; y territorio y desarrollo sostenible.

En el ámbito económico, se definió el objetivo de atraer mayor inversión extranjera (IED) a México (la cual, en el último trimestre de 2018, cayó 15% respecto del año anterior). Para llegar con éxito a la ambiciosa meta expresada por el gobierno, en lo tocante a atraer entre 35,000 y 40,000 millones de dólares (mdd) al año en IED, hemos de transmitir confianza a los inversionistas y continuar tejiendo relaciones comerciales mutuamente beneficiosas con los países que más invierten en México.

Se ha demostrado que un entorno competitivo y fuerte promueve la innovación, la productividad y un crecimiento inclusivo, factores clave para sobrevivir y avanzar como país en el siglo XXI. México puso en marcha importantes reformas estructurales que crean las condiciones idóneas para atraer inversión e incrementar la competitividad y la transparencia en sectores fundamentales. No obstante, las reformas han demostrado ser insuficientes e incompletas.

Hemos ido perdiendo competitividad respecto de otros países. En 2018, México cayó hasta el lugar 51 del Índice de Competitividad del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por sus siglas en inglés), perdiendo un total de 19 posiciones en tan solo cinco años. De los indicadores que mide este ranking, donde mejor se advierte el deterioro de la posición de México, es en la eficiencia de gobierno, la cual tiene que ver con el empeoramiento en los esquemas institucionales y sociales. En particular, algunos de los elementos en detrimento han sido el crecimiento de la economía informal, la alta corrupción y sobornos, la falta de transparencia, las limitaciones del sistema jurídico y la impunidad, entre otros.

Estos malos resultados se agudizan con el descalabro en otros rankings que miden factores esenciales para la competitividad, como lo son la innovación y el talento. El Índice Global de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ubicó a México en una mediocre posición 58, mientras que el Índice Mundial de Talento 2018 del IMD, que mide el desarrollo de las competencias laborales altamente calificadas, sitúa a nuestro país en el lugar 61 de 63 economías en el ranking global, sólo por delante de Mongolia y Venezuela.

El país retrocedió en términos de atracción de talento local y extranjero y de preparación, que califica la calidad de las habilidades y competencias disponibles en cada nación, y se mantuvo en la antepenúltima posición en dicha investigación. Este rezago es compartido también por otros países de la región, que sufren igualmente de una baja inversión en educación, así como de fuga de cerebros.

Sin duda, éstos son retos que conciernen tanto al sector público como al sector privado, obligándolos, de manera urgente, a diseñar un nuevo modelo de desarrollo que fortalezca el Estado de derecho y, además, se coloque a la altura de la solidez de la economía mexicana. El gobierno acierta en situar la lucha contra la corrupción como la base de la transición de México hacia una economía más competitiva que genere igualdad de oportunidades y riqueza compartida para todos; sin embargo, el PND, la hoja de ruta económica para este sexenio, y en cuya discusión participaron los empresarios y los actores sociales, también debe sentar las bases de un nuevo modelo económico sustentado en la expansión del conocimiento y la innovación, comprendidos como factores determinantes del emprendimiento a escala nacional.

Los éxitos son más que evidentes en ciertas economías asiáticas que han transitado hacia este modelo, tales como China, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, países que hace 40 años tenían un menor grado de desarrollo que México, pero que ahora han logrado ubicarse como potencias económicas globales. Pero ¿cómo lo hicieron? Se enfocaron en promover la innovación, la inversión público-privada, la investigación aplicada y el emprendimiento, buscando atraer y formar un mejor talento. Principalmente, se logró divisar su éxito gracias a la aplicación de un enfoque de “cuádruple hélice”, es decir, la interacción estratégica de cuatro ejes: el sector público, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil.

Este modelo se conocía anteriormente como “triple hélice”, en el que faltaba uno de estos actores tan importantes para el desarrollo y la innovación: el factor humano. Los países que apuestan por el desarrollo de talento y que fomentan la innovación, el emprendimiento y la generación de valor compartido, serán las economías que experimentarán un mayor desarrollo en la próxima década.

En este sentido, lo que tienen en común los ecosistemas abiertos de investigación, innovación y emprendimiento que son referentes a escala global (como Silicon Valley o Israel, Singapur o Irlanda), es la estrecha colaboración entre universidades, emprendedores, corporaciones y el sector civil, lo que representa un polo de atracción para el mejor talento global y, por ende, para la inversión extranjera.

Así, uno de los principales factores de competitividad económica global radica en crear ciudades inteligentes y competitivas, en las que la tecnología esté integrada y conecte a emprendedores con mercados y cadenas de valor a escala global, desplegando riqueza cultural y una vibrante comunidad de mentes brillantes. La estrecha colaboración entre gobierno, industria, academia y el sector civil es fundamental para generar una perspectiva flexible, abierta y digital que impulse este ecosistema amigable y sostenible para la innovación y el omniemprendimiento.

La educación es un elemento clave e insustituible en los modelos que han generado crecimiento y prosperidad a tasas muy diferenciales. Las políticas públicas, al igual que los esfuerzos privados, deben volcarse en impulsar una educación de calidad, es decir, incrementar la inversión para universidades, investigación y desarrollo (I+D), ecosistemas de emprendimiento y centros de investigación para generar el mejor talento, que es la principal ventaja competitiva en las economías líderes.

El talento se debe formar bajo los esquemas de nuevas competencias que incitan a generar valor en la industria, además de dar solución a problemas complejos, tomando en cuenta aspectos esenciales como el pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo colaborativo, creatividad, inteligencia emocional, capacidades de negociación, toma de decisiones, orientación al servicio y flexibilidad cognitiva. Sólo de esta forma podremos pasar de una economía basada en la manu-factura a otra que se apoye en una industria creativa, emprendedora y preparada para los retos que puedan presentarse en la Cuarta Revolución Industrial.

Algunas universidades y escuelas de negocios llevan años promoviendo el desarrollo de competencias críticas en los estudiantes, con el fin de prepararlos para los nuevos entornos de trabajo dominados por la Inteligencia Artificial, el Big Data, el aprendizaje automatizado, la biotecnología, la nanotecnología y la genómica. No sólo se necesitan líderes emprendedores que sean innovadores para enfrentar de forma creativa los retos que depara el futuro también deben ejercer un liderazgo ético y consciente que tenga en cuenta el impacto social y busque generar valor compartido y la transformación de la sociedad.

Algunas iniciativas que realiza el gobierno federal van por buena dirección, como el programa de capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que la Secretaría del Trabajo, la iniciativa privada, la academia y las organizaciones sociales colaboran para desarrollar las habilidades de la juventud mexicana y aprovechar, así, su gran talento.

La Agenda 2030, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pretende poner fin a la pobreza, la desigualdad y el hambre, alcanzar la igualdad de género y el acceso para todos a condiciones laborales decentes, facilitar el acceso a servicios de salud y a una educación de calidad, proteger el medioambiente y los recursos naturales, y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. A escala global y, sobre todo en México, reforzar el enfoque multi-stakeholderes la única forma de generar soluciones a los complejos retos planteados.

La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, un esfuerzo liderado por la UNAM y el Tecnológico de Monterrey para movilizar a la academia, el sector privado y la sociedad, en colaboración con el sector público, hacia el cumplimiento de los ODS en México, sigue un modelo concreto enfocado en la generación de soluciones innovadoras y sostenibles a largo plazo.

El trabajo en conjunto entre el gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil no implica que todos vayan a compartir los mismos puntos de vista, pero sí una agenda en común, con una nueva visión y un planteamiento disruptivo para transformarnos.

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Necesario sumar actores a un nuevo pacto social
La inyección de competitividad a la economía mexicana no recae solamente en el gobierno y los empresarios. El camino hacia el progreso debe contemplar a la academia y la sociedad civil.
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En las economías más avanzadas existe una relación fluida entre el empresariado y los poderes públicos. Al sumar la visión de mercado (la búsqueda de la eficiencia, la generación de valor permanente, el know-howy la innovación del sector privado) a la capacidad del sector público (de aportar un marco legal, financiero y macroeconómico seguro y estable), queda de manifiesto que los esfuerzos conjuntos público-privados no sólo han demostrado sus buenos resultados, sino que son la única vía para abordar los principales retos que enfrenta México.

Entre los desafíos más apremiantes destacan la corrupción, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático. Abordar estos retos debe formar parte de un nuevo pacto social para transformar la economía mexicana y transitar hacia una sociedad más justa y equitativa.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) promovido por el gobierno federal para este sexenio señala tres ejes generales: justicia y Estado de derecho; bienestar; y desarrollo económico. Y contiene tres ejes transversales: igualdad de género, no discriminación e inclusión; combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; y territorio y desarrollo sostenible.

En el ámbito económico, se definió el objetivo de atraer mayor inversión extranjera (IED) a México (la cual, en el último trimestre de 2018, cayó 15% respecto del año anterior). Para llegar con éxito a la ambiciosa meta expresada por el gobierno, en lo tocante a atraer entre 35,000 y 40,000 millones de dólares (mdd) al año en IED, hemos de transmitir confianza a los inversionistas y continuar tejiendo relaciones comerciales mutuamente beneficiosas con los países que más invierten en México.

Se ha demostrado que un entorno competitivo y fuerte promueve la innovación, la productividad y un crecimiento inclusivo, factores clave para sobrevivir y avanzar como país en el siglo XXI. México puso en marcha importantes reformas estructurales que crean las condiciones idóneas para atraer inversión e incrementar la competitividad y la transparencia en sectores fundamentales. No obstante, las reformas han demostrado ser insuficientes e incompletas.

Hemos ido perdiendo competitividad respecto de otros países. En 2018, México cayó hasta el lugar 51 del Índice de Competitividad del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por sus siglas en inglés), perdiendo un total de 19 posiciones en tan solo cinco años. De los indicadores que mide este ranking, donde mejor se advierte el deterioro de la posición de México, es en la eficiencia de gobierno, la cual tiene que ver con el empeoramiento en los esquemas institucionales y sociales. En particular, algunos de los elementos en detrimento han sido el crecimiento de la economía informal, la alta corrupción y sobornos, la falta de transparencia, las limitaciones del sistema jurídico y la impunidad, entre otros.

Estos malos resultados se agudizan con el descalabro en otros rankings que miden factores esenciales para la competitividad, como lo son la innovación y el talento. El Índice Global de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ubicó a México en una mediocre posición 58, mientras que el Índice Mundial de Talento 2018 del IMD, que mide el desarrollo de las competencias laborales altamente calificadas, sitúa a nuestro país en el lugar 61 de 63 economías en el ranking global, sólo por delante de Mongolia y Venezuela.

El país retrocedió en términos de atracción de talento local y extranjero y de preparación, que califica la calidad de las habilidades y competencias disponibles en cada nación, y se mantuvo en la antepenúltima posición en dicha investigación. Este rezago es compartido también por otros países de la región, que sufren igualmente de una baja inversión en educación, así como de fuga de cerebros.

Sin duda, éstos son retos que conciernen tanto al sector público como al sector privado, obligándolos, de manera urgente, a diseñar un nuevo modelo de desarrollo que fortalezca el Estado de derecho y, además, se coloque a la altura de la solidez de la economía mexicana. El gobierno acierta en situar la lucha contra la corrupción como la base de la transición de México hacia una economía más competitiva que genere igualdad de oportunidades y riqueza compartida para todos; sin embargo, el PND, la hoja de ruta económica para este sexenio, y en cuya discusión participaron los empresarios y los actores sociales, también debe sentar las bases de un nuevo modelo económico sustentado en la expansión del conocimiento y la innovación, comprendidos como factores determinantes del emprendimiento a escala nacional.

Los éxitos son más que evidentes en ciertas economías asiáticas que han transitado hacia este modelo, tales como China, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, países que hace 40 años tenían un menor grado de desarrollo que México, pero que ahora han logrado ubicarse como potencias económicas globales. Pero ¿cómo lo hicieron? Se enfocaron en promover la innovación, la inversión público-privada, la investigación aplicada y el emprendimiento, buscando atraer y formar un mejor talento. Principalmente, se logró divisar su éxito gracias a la aplicación de un enfoque de “cuádruple hélice”, es decir, la interacción estratégica de cuatro ejes: el sector público, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil.

Este modelo se conocía anteriormente como “triple hélice”, en el que faltaba uno de estos actores tan importantes para el desarrollo y la innovación: el factor humano. Los países que apuestan por el desarrollo de talento y que fomentan la innovación, el emprendimiento y la generación de valor compartido, serán las economías que experimentarán un mayor desarrollo en la próxima década.

En este sentido, lo que tienen en común los ecosistemas abiertos de investigación, innovación y emprendimiento que son referentes a escala global (como Silicon Valley o Israel, Singapur o Irlanda), es la estrecha colaboración entre universidades, emprendedores, corporaciones y el sector civil, lo que representa un polo de atracción para el mejor talento global y, por ende, para la inversión extranjera.

Así, uno de los principales factores de competitividad económica global radica en crear ciudades inteligentes y competitivas, en las que la tecnología esté integrada y conecte a emprendedores con mercados y cadenas de valor a escala global, desplegando riqueza cultural y una vibrante comunidad de mentes brillantes. La estrecha colaboración entre gobierno, industria, academia y el sector civil es fundamental para generar una perspectiva flexible, abierta y digital que impulse este ecosistema amigable y sostenible para la innovación y el omniemprendimiento.

La educación es un elemento clave e insustituible en los modelos que han generado crecimiento y prosperidad a tasas muy diferenciales. Las políticas públicas, al igual que los esfuerzos privados, deben volcarse en impulsar una educación de calidad, es decir, incrementar la inversión para universidades, investigación y desarrollo (I+D), ecosistemas de emprendimiento y centros de investigación para generar el mejor talento, que es la principal ventaja competitiva en las economías líderes.

El talento se debe formar bajo los esquemas de nuevas competencias que incitan a generar valor en la industria, además de dar solución a problemas complejos, tomando en cuenta aspectos esenciales como el pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo colaborativo, creatividad, inteligencia emocional, capacidades de negociación, toma de decisiones, orientación al servicio y flexibilidad cognitiva. Sólo de esta forma podremos pasar de una economía basada en la manu-factura a otra que se apoye en una industria creativa, emprendedora y preparada para los retos que puedan presentarse en la Cuarta Revolución Industrial.

Algunas universidades y escuelas de negocios llevan años promoviendo el desarrollo de competencias críticas en los estudiantes, con el fin de prepararlos para los nuevos entornos de trabajo dominados por la Inteligencia Artificial, el Big Data, el aprendizaje automatizado, la biotecnología, la nanotecnología y la genómica. No sólo se necesitan líderes emprendedores que sean innovadores para enfrentar de forma creativa los retos que depara el futuro también deben ejercer un liderazgo ético y consciente que tenga en cuenta el impacto social y busque generar valor compartido y la transformación de la sociedad.

Algunas iniciativas que realiza el gobierno federal van por buena dirección, como el programa de capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que la Secretaría del Trabajo, la iniciativa privada, la academia y las organizaciones sociales colaboran para desarrollar las habilidades de la juventud mexicana y aprovechar, así, su gran talento.

La Agenda 2030, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pretende poner fin a la pobreza, la desigualdad y el hambre, alcanzar la igualdad de género y el acceso para todos a condiciones laborales decentes, facilitar el acceso a servicios de salud y a una educación de calidad, proteger el medioambiente y los recursos naturales, y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. A escala global y, sobre todo en México, reforzar el enfoque multi-stakeholderes la única forma de generar soluciones a los complejos retos planteados.

La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, un esfuerzo liderado por la UNAM y el Tecnológico de Monterrey para movilizar a la academia, el sector privado y la sociedad, en colaboración con el sector público, hacia el cumplimiento de los ODS en México, sigue un modelo concreto enfocado en la generación de soluciones innovadoras y sostenibles a largo plazo.

El trabajo en conjunto entre el gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil no implica que todos vayan a compartir los mismos puntos de vista, pero sí una agenda en común, con una nueva visión y un planteamiento disruptivo para transformarnos.

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