El cambio climático es un fenómeno mundial, pero se manifiesta de manera heterogénea entre regiones. Aunque los países menos avanzados contribuyen en menor medida a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, éstos son más sensibles a los impactos climáticos y tienen una menor capacidad de adaptación y mitigación. Los costos de adaptación al cambio climático en los países en desarrollo podrían alcanzar entre 140 y 300 mil millones de dólares para 2030, según el Adaptation Gap Report del PNUMA.
Si bien las estimaciones actuales sobre estos costos varían dependiendo del nivel de calentamiento global, los métodos utilizados para estimarlos, las decisiones éticas adoptadas, el marco económico aplicado y otras suposiciones, al menos dos cosas son innegables: primero, el desarrollo de la tecnología, los mecanismos de financiamiento y el conocimiento son fundamentales para cerrar las brechas de adaptación y, segundo, el sector privado tiene mayor potencial para invertir en dichos desarrollos y beneficiarse de ellos.
En América Latina, los países se encuentran en una situación particularmente vulnerable ante la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos y la baja capacidad de adaptación de los sistemas humanos. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, el calentamiento medio proyectado para América Latina hasta el final del siglo podría oscilar entre 1 y 4°C. Tales cambios de temperatura aumentarán la competencia por los recursos naturales y los riesgos climáticos directos e indirectos para el sector privado. Estos riesgos ya se observan en términos de amenazas a la seguridad del suministro de insumos industriales clave, la volatilidad de precios y otras perturbaciones asociadas a las operaciones mundiales. Por consiguiente, la actividad empresarial tendrá que ser seriamente redefinida y reescalada para encajar en un planeta finito, gobernado por límites y escasez.
Los gobiernos de la región están cada vez más preocupados por las cuestiones de adaptación ante las condiciones cambiantes y la adecuada asignación de los recursos existentes, lo que probablemente se traducirá en mayor regulación, escrutinio y cargas económicas para el sector privado. Asimismo, la actividad económica en la región se verá afectada por los cambios en los centros políticos y económicos mundiales. Mientras el poder continúa basculando de las naciones industrializadas a las economías emergentes como China e India, las estructuras comerciales y las demandas de los consumidores globales impondrán nuevas cargas a las empresas locales que participan en los mercados internacionales.
Aunque la movilización de consumidores y empleados es un fenómeno relativamente nuevo en América Latina, los consumidores están empezando a entender cómo pueden ejercer su poder mediante las redes sociales y su elección de compra. En este sentido, las ONG internacionales y nacionales han contribuido a la organización de grupos para exigir que el sector privado reduzca sus emisiones y tome medidas relacionadas con el clima. Se estima que en los próximos años la presión de la sociedad civil continuará creciendo, exigiendo que las empresas se alejen de un enfoque de hacer más con menos y hacia una reconceptualización de los productos y servicios que ofrecen.
De hecho, la coordinación entre los gobiernos nacionales y la sociedad civil ha sido clave para traducir los objetivos mundiales de reducción de emisiones en objetivos de empresa. El reto que tenemos por delante es asegurar un mayor compromiso del sector privado, al tiempo que se ayuda a las empresas a definir acciones voluntarias que estén alineadas con los objetivos globales y que estén debidamente establecidas, medidas, reportadas y verificadas. Por último, la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono continuará ofreciendo oportunidades para desarrollar esquemas de financiamiento, tecnología y capacidades dentro y fuera del sector privado.
Dos de las áreas de mayor oportunidad consisten en el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías de energía limpia en la región, así como en el desarrollo de mercados regionales de energías renovables que contribuyan a transitar hacia una economía baja en carbono. Para ello, las organizaciones líderes en el sector privado y la sociedad civil deberán sobrepasar los esfuerzos dirigidos por el gobierno y seguir apoyando iniciativas dirigidas a la mitigación y adaptación al cambio climático, particularmente en términos de desarrollo e intercambio de información clave en áreas como la electricidad baja en carbono, la captura y uso de carbono, tecnologías de energía limpia, eficiencia energética y reducción de emisiones.
En este sentido, la colaboración entre instituciones académicas de los diferentes países, así como la coordinación con las ONG internacionales, será vital para impulsar la actual agenda mundial. Un ejemplo es la Alianza de Compradores de Energía Renovable (REBA), una plataforma colaborativa creada por World Wildlife Fund (WWF), el Rocky Mountain Institute, el World Resources Institute y Business for Social Responsibility (BSR), para elevar la demanda corporativa de energía renovable. Iniciativas como la REBA facilitan la transición energética, conectando la demanda corporativa con el suministro de energía renovable para producir un mercado que esté en línea con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos internacionalmente.
