El 9 de noviembre fue un día insólito en Los Ángeles (California). La incredulidad se dibujaba en las caras de los habitantes de este estado mayormente demócrata ante la inverosímil victoria de Donald Trump, y la congoja, en los ojos de miles de inmigrantes indocumentados. Un par de meses atrás había empezado en esta ciudad mi proyecto de recolección de datos con inmigrantes sin papeles y ahora mi investigación tomaba un giro inesperado.
De acuerdo con Pew Research Center, en California residen más de un millón de inmigrantes indocumentados -la segunda cifra más alta después del estado de Nueva York- y más de 71% de ellos son de origen mexicano. Muchos de ellos habitan en ciudades santuario como Los Ángeles, en las que las autoridades locales no cooperan con las federales en materia de migración (no se permite que los agentes de migración arresten a alguien sin una orden expedida por un juez). Así, se protege a los ciudadanos que se encuentran en esas ciudades en situación irregular.
¿Pero iban a estar a salvo del señalamiento (y los tuitazos) de Trump? El propósito de mi investigación era conocer las circunstancias laborales de los trabajadores indocumentados, así como comprender los deseos y aspiraciones que los llevaron a Estados Unidos, y así alcanzar una visión crítica sobre este fenómeno que afecta a un importante segmento de la población. Es un hecho que las empresas se ven beneficiadas por el constante flujo de inmigrantes. De hecho, los inmigrantes indocumentados han sido caracterizados como trabajadores con gran ética de trabajo, debido a que están dispuestos a trabajar largas jornadas por salarios bajos y, en la mayoría de las ocasiones, llevan a cabo los trabajos que muchos estadounidenses no quieren hacer. Con demasiada frecuencia, muchas empresas se aprovechan de la falta de derechos de los inmigrantes para incluso amenazarlos con llamar al Departamento de Migración (ICE, por sus siglas en inglés) si se quejan.
Trabajadores ilegales en el punto de mira
Una de las principales armas de Donald Trump para llegar a la presidencia fue la retórica utilizada respecto a los inmigrantes indocumentados. Durante su campaña presidencial, el 31 de agosto de 2016, en un discurso en Phoenix, dijo:
“Mientras hay muchos inmigrantes ilegales en nuestro país que son buenas personas…esto no cambia el hecho de que la mayoría de los inmigrantes ilegales tienen menores habilidades y menos educación, que compiten directamente con trabajadores estadounidenses vulnerables, y que estos trabajadores ilegales obtienen mucho más del sistema de lo que posiblemente podrían pagar.”
Estas afirmaciones, además de otras en las que el presidente Trump caracterizó específicamente a inmigrantes mexicanos como “violadores y criminales” generaron gran descontento entre la población migrante del sur de California, segmento que generalmente realiza los trabajos más demandantes, monótonos y peor pagados de Estados Unidos.
Justamente estos inmigrantes reconocen que con el discurso promovido por Donald Trump es “como si les hubieran dado permiso” de incrementar los malos tratos y las condiciones precarias en las que ya vivían. El robo de salario es algo sumamente común en esta población, al igual que los maltratos verbales e incluso físicos. Sin embargo, el miedo les impide acudir a las autoridades. El temor a ser deportados y a que sus familias sean separadas se ha vuelto un tema común entre los inmigrantes indocumentados de la región. A la pregunta sobre si creían que les robaban los trabajos a los estadounidenses respondieron que no, ya que ellos son los que llevan a cabo los trabajos más demandantes, trabajos que los estadounidenses no harían por ese mismo salario.
Estos inmigrantes, que siguen llevando a cabo una gran variedad de empleos (trabajo doméstico, limpieza, construcción y jardinería, etc.) ahora deben soportar un clima de persecución que promueve la retórica del presidente Trump. Personas que anteriormente podían salir y llevar a cabo sus trabajos día con día, ahora deben revisar por la ventana antes de salir y caminan con miedo por las calles que ellos mismos han ayudado a construir.
El miedo a perder lo poco o mucho que han logrado en Estados Unidos es tal que puede degenerar en situaciones trágicas. El pasado 22 de febrero, Guadalupe Olivas Valencia, migrante mexicano, decidió quitarse la vida unos minutos tras ser deportado. Este hecho atrajo atención mediática de todo el mundo, ya que fue una prueba fehaciente de las consecuencias que pueden existir para aquellos que pierden lo que han logrado tras años de sacrificio.
¿Es la migración responsabilidad de las empresas?
Queda mucho por hacer con respecto a los inmigrantes que lo han dejado todo buscando mejores oportunidades en el país vecino. Puesto que una reforma migratoria es una posibilidad muy remota bajo la actual administración estadounidense, resulta sumamente relevante que tanto las empresas como el gobierno mexicano brinden oportunidades a quienes buscan empleo para que no emigren, así como a las personas que son deportadas o que deciden regresar voluntariamente al país.
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha tomado las siguientes medidas:
- Iniciativa en materia de educación, de forma que los jóvenes deportados no tengan problemas para inscribirse en instituciones mexicanas.
- Programa “Somos Mexicanos”, el cual busca facilitar la reinserción social y económica para aquellos que han sido repatriados.
- Activación de una línea telefónica para aclarar dudas de migrantes que se encuentren en Estados Unidos.
- Atención gratuita de abogados en los consulados mexicanos.
- Apoyo psicológico para aquellos mexicanos que estén pasando por alguna crisis.
Sin embargo, es crítico que tanto el gobierno como la iniciativa privada desarrollen iniciativas para proteger a todos los connacionales repatriados. Se debe considerar que no se necesita infraestructura solamente en cuanto empleos sino también viviendas, escuelas y cuidado de la salud. Para lograr una reinserción social adecuada, es necesario que empresas y gobiernos colaboren a la par.
El reto para las empresas en Estados Unidos no es menor, ya que tienen la obligación de revisar el estatus de las personas que contratan mediante el sistema e-verify. Sin embargo, son justamente las grandes empresas las que podrían ejercer presión sobre el gobierno para la posible expedición de permisos de trabajo. Con lo anterior, se reduciría de manera importante la vulnerabilidad de los trabajadores y no tendrían que verse en la necesidad de llegar al extremo de trabajar con papeles falsos.
Uno de los entrevistados resume la complicada situación en la que se encuentran: “Aquí no me quieren y allá ya me olvidaron”. Pero son esos migrantes, que luchan día con día buscando una vida mejor, quienes merecen saber que no los hemos olvidado.
