La corrupción y las tentaciones

En días pasados, la prensa diaria nos informó de un nuevo caso de corrupción en los aeropuertos. Esta vez, se trató de irregularidades cometidas por un ingeniero militar en el AIFA. El responsable fue multado con 6.8 millones de pesos e inhabilitado por 10 años. Peccata minuta, en comparación con otros escándalos.

Una reforma electoral en discusión tiene entre sus objetivos explícitos “acabar la corrupción de la alta burocracia”, lo que evidencia la persistencia del problema —a pesar de que ha sido declarado extinto en más de una ocasión—

Para apoyar los apuntes que siguen, conviene empezar recordando una definición clásica de corrupción: consiste en el uso del poder público en beneficio privado. Por supuesto que hay corrupción también en transacciones entre particulares, pero, obviamente, no tiene las implicaciones políticas y económicas de la corrupción en el sector público. Además, los mecanismos de su corrección son más eficientes, por razones que espero quedarán claras más adelante.

La corrupción es tan vieja como la humanidad o, al menos, tan vieja como el primer gobierno. Para analizarla, los economistas recurren a una noción clave: es asunto de incentivos. En palabras de Steven Landsberg, “la gente responde a los incentivos, y lo demás es comentario”. Para completar el enfoque, los economistas enfatizan con realismo que los gobernantes y los burócratas actúan motivados, sobre todo, por el interés propio; esto es, que reaccionan frente a los estímulos exactamente como todos nosotros. Esto último lo destaqué hace un par de semanas, siguiendo las enseñanzas de Adam Smith.

Lo anterior no implica desconocer que hay muchos políticos idealistas, empeñados de veras en mejorar el mundo. Al respecto, Jean Tirole (Premio Nobel 2014) relata el furor desatado en 1999 por un informe presentado por un eminente economista francés al Consejo de Análisis Económico (adscrito a la oficina del Primer Ministro). ¿Por qué? Porque dijo que para reformar al Estado había que tomar en cuenta que sus dirigentes podían buscar el interés propio (La economía del bien común, pp. 171-72, Random House, 2017). Un auténtico sacrilegio, si uno piensa ilusamente que tal conducta es exclusiva de los mortales comunes y corrientes.

Las consideraciones anteriores son relevantes para entender lo que sucede en nuestro medio, y para el diseño y la puesta en práctica de políticas públicas. En lenguaje simple, la recomendación lógica es evitar la creación de circunstancias que propicien la corrupción.

Por ejemplo, el enorme huachicol fiscal, que involucró a personal de la Marina, fue propiciado por la existencia de un diferencial de precios de los combustibles entre México y Estados Unidos. Ese diferencial, producto a su vez de una política pública, creó una oportunidad de ganancia tan atractiva que indujo el contrabando abierto y disfrazado. Cuestión de incentivos, como apunté antes.

Hace muchos años, Gary Becker (Premio Nobel 1992) propuso una receta poderosa para combatir la corrupción: reducir el tamaño del gobierno en la economía; v.gr., eliminando controles y regulaciones mal pensados, cuya mera existencia favorece la coalición ilegal entre regulador y regulado.

“Yo resisto cualquier cosa, menos las tentaciones”, decía Oscar Wilde. La misma lección de los párrafos previos, pero en las palabras célebres de un maestro de los epigramas.

Artículo publicado originalmente en Reforma.