Es cuestión de incentivos

Hace algunos años, Steven Landsburg acuñó una frase que sintetizó en sólo seis palabras (cuatro en inglés) lo esencial en el análisis económico: “La gente responde a los incentivos”. Y añadió: “El resto es comentario”.

En el lenguaje de los economistas, un incentivo quiere decir simplemente un estímulo (beneficio o perjuicio) que percibe una persona para actuar de cierta manera. A su vez, el incentivo en cuestión surge de “las reglas del juego”; esto es, de las normas que rigen la conducta de los agentes económicos.

Lo anterior puede parecer muy abstracto al lector. Un ejemplo quizás sirva para destacar que su punto clave es de sentido común: si una circunstancia específica ofrece la posibilidad de una ganancia (el incentivo), lo más probable es que alguien la aproveche. Desde luego, la ganancia en cuestión puede ser ilegal. (“Yo resisto todo, menos las tentaciones”, decía Oscar Wilde, con su irónico ingenio distintivo). Esto me lleva, por supuesto, al tema del momento.

Cuando en febrero de este año el gobierno federal decidió establecer, para todo fin práctico, un precio oficial para la gasolina, muchos analistas (y yours truly incluido) advirtieron que podría potenciar el contrabando del combustible, entre otros males. Y así ha sido. (De vez en cuando, los analistas acertamos). ¿Por qué? Porque el precio del producto había sido, era entonces, es todavía, más bajo en Estados Unidos que en México; porque, en consecuencia, la disparidad implicaba una enorme oportunidad de utilidades ilegales. Ello fortaleció la existencia de una vasta red delictiva. (Casi sobra decir que el asunto es más complejo que lo apuntado).

La gráfica muestra la trayectoria del precio de la gasolina regular en México y en Estados Unidos, de 2015 a 2025. En general, el precio en cuestión ha sido más alto aquí que al norte del Bravo. La diferencia se ensanchó notablemente debido a que, en Estados Unidos, el mercado “desinfló” con rapidez el alza abrupta relacionada con el impacto negativo del Covid-19 sobre la oferta. Se amplió, por tanto, el incentivo para incurrir en una conducta ilícita.

En total, se trata de una grave distorsión del mercado que, como algunas otras, se origina en políticas públicas. Constituye un ejemplo más de algo que señalé la semana pasada en estas páginas. (Otro caso reciente es la generación de un “mercado negro” de vapeadores, como resultado de una inapropiada prohibición gubernamental).

De paso, vale agregar que cuando el precio de un producto o servicio, que provee un monopolio gubernamental, se sitúa por encima de su nivel de competencia, la situación puede equipararse a la existencia de un impuesto específico: un gravamen no legislado.

Artículo publicado originalmente en Reforma.