Tregua condicionada

Estados Unidos concedió a México una “tregua” arancelaria de noventa días, pero no sin condiciones. Como se sabe, el gobierno de D. Trump pretende la “remoción inmediata” de una serie de “barreras no arancelarias” mexicanas que obstaculizan el flujo de comercio y de capitales. La lista general de tales barreras no es muy larga, pero el detalle sí lo es. En lo que sigue, comento al voleo algunas que me parecen las más importantes.

1. Piratería y falsificación de productos: Son prácticas generalizadas en México y constituyen una violación flagrante de los derechos de propiedad intelectual. Las autoridades estadounidenses opinan que su prevalencia aquí se sitúa entre las más altas a nivel global. La queja tiene fundamento y la exigencia de control es lógica.
2. Permisos de importación: Hubo un tiempo en México en que las importaciones estaban sujetas no sólo a aranceles, sino también a “permisos previos”. La apertura comercial de los ochenta redujo los primeros y eliminó la mayoría de los segundos. Sin embargo, hoy la COFEPRIS tarda entre 18 y 24 meses en otorgar licencias para importar ciertos medicamentos de origen estadounidense, sin que se trate de fármacos experimentales.
3. Empresas estatales y sector energético: El USTR apunta al privilegio de las empresas estatales, sobre todo en energía. Es una reclamación que también hacen empresas mexicanas, pero sin resultados. El argumento oficial apela a la seguridad nacional, cuando en realidad se trata de una clara actitud estatista. Muestra de ello es que cerca del 75% del gas natural consumido en México es importado, principalmente de Estados Unidos.
4. Glifosato: El herbicida más usado a nivel mundial se emplea en México con restricciones porque no tiene sustitutos eficientes, pero su importación está sujeta a cuotas oficiales con la intención eventual de prohibirla.
5. Telecomunicaciones: El reclamo es que las autoridades mexicanas aplican protocolos normativos obsoletos o discriminatorios.
6. Inversión extranjera: Persiste la queja sobre las limitaciones e incertidumbre regulatoria que enfrenta la inversión en México, obstáculos que también afectan a la inversión nacional.

En suma, la postura de Estados Unidos se resume en la exigencia de quitar barreras al comercio bilateral. Como señaló un ex secretario de comercio, “yo pudiera estar de acuerdo”. Lo absurdo es que esta demanda provenga de un gobierno abiertamente proteccionista, que mantiene aranceles como el 50% al acero, aluminio y cobre; el 17% a los tomates; o el 25% a vehículos que no cumplen con cierto contenido regional de insumos.

Artículo publicado originalmente en Reforma.